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La Cámara de Diputados convertiría hoy un proyecto que llega en revisión del Senado y cuyo contenido supone una vulneración al Derecho de Propiedad, a la Seguridad Jurídica y al texto de la Constitución.
En el acta de Labor Parlamentaria se anuncia el tratamiento del Expte. Nº 90-33.717/25, sin dictámenes de las Comisiones de Justicia y de Legislación General para impedir la ejecución de sentencias judiciales a favor de propietarios rurales y beneficiar, de ese modo, a ocupantes ilegales. El proyecto modifica el artículo 9° de la Ley 7658, que se sancionó en 2010 y se prorrogó todos estos años, y suspendería hasta "el 31 de diciembre de 2026, las ejecuciones de sentencia, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación, o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercio. Ambos artículos regulan la prescripción adquisitiva de dominio; en el primer caso, se trata de la prescripción breve (10 años) mediando justo título y buena fe; y el segundo se refiere a la prescripción adquisitiva larga (posesión ostensible y continua durante 20 años).
Ambos artículos legislan sobre el derecho de propiedad.
La postergación por 16 años consecutivos de las sentencias judiciales supone un avasallamiento, contra el Poder Judicial, ya que las sentencias surgen del estudio de cada caso y están para cumplirse. Los legisladores son los primeros que deberían esmerarse en la fidelidad a la Ley y el acatamiento a la Constitución Nacional.
Sería valioso que los senadores Miguel Calabró, Mashur Lapad, Manuel Pailler y Diego Cari, que aprobaron el dictamen del proyecto en la Cámara alta ofrezcan una fundamentación pública, ante un proyecto que perjudica a propietarios rurales legítimos.
El hecho de que se suspendan "todas las ejecuciones de desalojos" en las áreas rurales de la provincia supone, en primer lugar, que se dispone una suspensión del Estado de Derecho en el campo salteño.
Es decir, se reconoce que la situación económica de los ocupantes ilegales es tan frágil, que la provincia se encontraría ante una emergencia social. En ese caso, en los últimos 15 años, ningún gobierno, y tampoco los legisladores, abordaron un problema social de semejante dimensión. En cambio, los propietarios legales privados del ejercicio del derecho de propiedad y con sentencia favorable, están obligados a pagar el costo de una deuda social que es de la Provincia.
Es cierto que, en muchas zonas del país, es frecuente que los líderes comunales generan asentamientos precarios cuyo objetivo no es aliviar la situación de las familias de pocos recursos sino fortalecer el propio poder político.
Y este punto es central. En el mismo período, no sólo se ha prolongado la pobreza de muchas familias con un recurso discrecional, sino que se ha desalentado, sistemáticamente, la expansión y modernización de la producción agropecuaria, se bloquearon iniciativas para que la economía de subsistencia evolucione hacia una economía familiar que incorpore tecnología y se sume a la cadena productiva y exportadora.
Piden una reunión con Amat
La presidenta de la Asociación de productores de fincas de Salta (APFINCAS), Adriana Bonifacio, y la representante legal María Julia Corbalán, presentarán hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, la "solicitud de reunión urgente por prórroga de suspensión de desalojos rurales".
En el escrito expresan "nuestra profunda preocupación frente a la reciente aprobación en el Senado provincial de una nueva prórroga a la suspensión de desalojos rurales, establecida originalmente por la Ley N° 7.658 y sus sucesivas modificaciones".
"Entendemos y compartimos la necesidad de acompañar a las familias rurales vulnerables y de promover políticas inclusivas que fortalezcan la producción local. Sin embargo, esta medida bajo la apariencia de protección ha generado serios daños y perjuicios a numerosos productores, tanto pequeños como medianos, que ven afectados sus derechos de propiedad, su capacidad de inversión y su acceso al crédito, pilares fundamentales para el desarrollo del sector agroproductivo provincial".
La asociación representa a familias rurales, arraigadas desde hace siglos en distintas localidades del interior provincial, que fueron víctimas de usurpaciones, en muchos casos alentadas por intendentes, agrupaciones políticas u organismos nacionales, como el INAI, con acciones que se presentaron como reivindicación de los derechos indígenas.
"La reiteración de prórrogas sucesivas, sin avances concretos en los procesos de regularización dominial, ha consolidado un escenario de inseguridad jurídica".