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La Policía de Salta detectó 829 personas con pedido de detención vigente entre enero y octubre de este año, en el marco de los operativos de prevención y control desplegados en toda la provincia. El dato fue dado a conocer durante el acto por el 42º aniversario de la Dirección General de Seguridad, realizado en la explanada del Monumento a Güemes, y refleja la magnitud del trabajo territorial de la fuerza.
Según el balance oficial, en ese período se concretaron 59.483 operativos de Protección Ciudadana, en los que se identificaron 530.536 personas y se puso a disposición de la Justicia a quienes registraban requerimientos judiciales pendientes. En paralelo, 7.861 personas fueron demoradas por hechos delictivos. En materia de control vehicular, se fiscalizaron más de 620.000 vehículos y 160.000 motocicletas, con la recuperación de más de 2.200 motovehículos con pedido de secuestro.
El despliegue incluyó también acciones para reducir el uso ilegal de armas: se retiraron de circulación 159 armas de fuego y 426 armas blancas, una señal de la estrategia oficial orientada a reforzar la prevención y la presencia territorial.
Respuesta
Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, destacó la vocación de servicio de los efectivos y afirmó que el trabajo preventivo permite "dar respuesta inmediata y profesional cuando la comunidad lo requiere". A su vez, el director General de Seguridad, Daniel Ríos, agradeció el compromiso de los jefes distritales y de las unidades especiales, señalando que su labor diaria "se convierte en un eslabón clave en la cadena de seguridad pública".
La Dirección General de Seguridad —creada el 4 de noviembre de 1983— tiene presencia en todo el territorio provincial y coordina los 14 Distritos de Prevención, el Centro de Coordinación Operativa y las unidades especiales como Canes, Lacustre y Fluvial, Motorizada, Caballería, GOPAR e Infantería, además del Departamento de Planificación y Coordinación Operativa.
El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, ya había anticipado días atrás en su visita a El Tribuno: el peso creciente de la conflictividad social como motor de demanda operativa.
El funcionario explicó que, más allá de las estadísticas de delitos, hoy "el 80% de las intervenciones policiales están relacionadas a conflictividad social: violencia intrafamiliar, alcohol, desorden en la vía pública y contravenciones". En ese registro, los delitos contra la propiedad —tradicionalmente centrales en la agenda pública— "aparecen en el puesto doce", mientras que el consumo abusivo de alcohol figura "segundo" como causa directa de intervención.
"El alcohol está causando estragos. Un conflicto familiar puede terminar en tragedia. Muchas veces, en seis cuadras hay dos hechos: violencia intrafamiliar y un robo en curso. Y el despachante debe decidir qué atender primero. No podés dejar un caso de violencia intrafamiliar porque puede haber riesgo de vida", señaló.
Rol de contención
Usandivaras profundizó además en el rol social que asumió la fuerza: "Hoy la Policía también cumple un rol de contención social. El vecino reclama a la Policía porque es el único funcionario 24/7". Frente a ese escenario, insistió en que el abordaje de la violencia y los conflictos comunitarios no puede recaer exclusivamente en el Estado: "Hay que trabajar en reducir la violencia no solo desde el Estado, sino también desde el sector privado y las organizaciones intermedias".
El ministro reconoció avances en delitos contra la propiedad gracias a herramientas como la planificación operativa, los mapas del delito, el sistema de denuncias y los operativos de protección ciudadana, pero subrayó que el desafío actual requiere estrategias más amplias y orientadas al entramado social.