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La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió una discusión en Salta entre cámaras empresarias que ven una oportunidad para modernizar reglas y gremios que la califican como un retroceso. En ese clima, El Tribuno consultó a referentes productivos y sindicales: mientras algunos reclaman estudiar el articulado con precisión, desde el movimiento obrero anticipan movilización para el 18 de diciembre a las 17 con concentración en el Cabildo.
Desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta, su presidente Gustavo Herrera evitó pronunciamientos cerrados y puso el acento en el método. "Es necesaria y se debe estudiar con gente especializada para tener conceptos más claros", afirmó. Advirtió que la discusión pública se distorsiona por "la falta de información veraz" y reclamó "leer la ley" y analizarla "punto por punto".
En la Cámara de Turismo, Facundo Assaf sostuvo que el sector está dispuesto a debatir la reforma, especialmente por el rol del turismo como generador del primer empleo. "Particularmente lo veo positivo", dijo, y cuestionó el esquema vigente: "El sistema está pensado para un mercado formal que ya no existe". Para Assaf, bajar "el costo y el riesgo de contratar" podría ayudar a que el empleo privado crezca y a que parte del trabajo informal se blanquee. "Más empleo formal implica aportes y mejora sostenibilidad previsional", sostuvo. Admitió que habrá tensiones con derechos de siempre pero sin cambios de reglas el mercado laboral seguirá achicándose ya.
El escenario
La Cámara de la Construcción describió un contexto recesivo que condiciona cualquier discusión. Juan Carlos Segura afirmó que el sector está "complicadísimo": "Las obras no se reactivan, las obras nacionales no se están reactivando y lamentablemente no podemos tomar personal". Según explicó, el personal "se agolpa en las pocas obras que hay", con impacto directo en el empleo. Segura sostuvo que, sin reactivación de la obra pública nacional y con costos en alza las empresas priorizan sostener lo existente y evitar despidos antes que incorporar personal nuevo ya.
Del lado sindical, las críticas fueron contundentes. Carlos Rodas, secretario general de La Bancaria y de la CGT Salta, cuestionó que el proyecto se presente bajo la etiqueta de "modernismo". "No cumple con las condiciones básicas explícitas en la Constitución Nacional", afirmó, y citó el artículo 14 bis y los tratados internacionales. También advirtió sobre cambios en contratación, períodos de prueba, salarios "dinámicos" e indemnizaciones, y confirmó que la CGT se sumará a la marcha del 18 de diciembre.
César Guerrero, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, sostuvo que "esta reforma laboral es pésima" y que, lejos de generar trabajo, apunta a "precarizarlo". Dijo que "no hay nada que aliente la protección del trabajador" y planteó que, si se discunden cambios, sea para ampliar derechos y revisar antes "cargas tributarias" o una reforma impositiva.
Arnaldo Ramos, secretario adjunto de ATSA y de la CGT Regional Salta, sostuvo que no pueden acompañar "reformas que empobrezcan a los trabajadores" y cuestionó el carácter unilateral del proyecto. Consideró que, aunque es profundo y "técnicamente muy cuidado", tiene un sesgo "propatronal y antisindical". "No podemos acompañar una reforma que implique retroceso y quita de derechos", resumió.
Críticas
El referente de Camioneros, Jorge Guaymás, fue uno de los más duros y la calificó como "la mayor estafa laboral de las últimas décadas". "No genera empleo genuino, busca abaratar la mano de obra y facilitar despidos", afirmó. También cuestionó bancos de horas, acuerdos individuales, eventuales límites al derecho de huelga y advirtió sobre el impacto en aportes y jubilaciones futuras.
Entre quienes respaldan la iniciativa, Eduardo Gómez Naar, presidente de la Unión Industrial de Salta, dijo que es "una oportunidad necesaria" para modernizar un sistema "viejo y obsoleto". Remarcó la necesidad de empleo formal y sostuvo que en Salta la informalidad supera el 60%. "Ayudaría a reducir la litigiosidad, dar previsibilidad a las empresas y acompañar a las pymes", afirmó, y aclaró: "No se trata de quitar derechos sino de cuidar el empleo y crear nuevos puestos".
Desde el sector rural, Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña, dijo que analizan la iniciativa y valoró la inclusión del RIMI, al que vinculó con más inversión y empleo. Consideró que la modernización es "un paso positivo" para la competitividad y listó puntos a discutir: responsabilidad solidaria en el campo, figura del trabajador permanente discontinuo, período de prueba de ocho meses y un fondo para indemnizaciones, entre otros.
Con posiciones enfrentadas y una movilización ya anunciada, el debate entra en una etapa decisiva: la letra del proyecto, sus impactos reales y la capacidad de consenso marcarán el rumbo.
Algunos puntos
El proyecto establece que cada tramo fraccionado de vacaciones no podrá ser menor a siete días corridos.