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El Presupuesto Nacional es una ley anual que planifica y autoriza los ingresos y gastos del Estado para un año fiscal, y asigna recursos para servicios esenciales, que dan sentido a la existencia misma al Estado, como educación, salud, seguridad y justicia. Es una herramienta de planificación económica y control financiero, que permite a los ciudadanos y al Congreso saber en qué se gasta el dinero público.
De esta misma definición se desprende que se trata de una ley que merece el tratamiento cuidadoso y respetuoso del Congreso. Es cierto que existen núcleos radicalizados que, por razones ideológicas, se oponen a cualquier gobierno, y a la democracia misma, pero el proyecto de presupuesto que envía el gobierno debería ser discutido artículo por artículo, teniendo en cuenta que allí están contenidos los objetivos de un gobierno legítimamente elegido por el voto popular.
Las negociaciones, entendidas como trueque de votos por favores, son habituales, pero distorsivas.
El clima de polarización que atraviesa el país no favorece esa búsqueda de consensos. Y en el Congreso, ámbito institucional para el tratamiento de estas leyes, se repiten en cada sesión espectáculos grotescos de descalificaciones y ofensas, ajenos a la convivencia democrática.
El Presupuesto 2026 ya tiene media sanción, pero la inclusión de la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario, que habían sido sancionadas meses atrás y que no habían sido informadas a los gobernadores consultados, provocó que el capítulo entero fuera rechazado en el recinto. La caída de ese capítulo - que además contenía artículos sensibles como la actualización de la AUH, la tarifa de gas de Zonas Frías y la compensación a distribuidoras eléctricas - no solo significó un revés legislativo para el oficialismo. También expuso la falta de previsión y la improvisación con la que se incorporaron modificaciones de último momento.
Luego de dos años de Gobierno de Javier Milei, las decisiones que fue tomando, especialmente, en materia financiera y en la reducción del gasto público, le permitieron dejar atrás la tormenta inflacionaria que se veía venir tras el gobierno de Alberto Fernández.
Pero está pendiente el despegue hacia la creación de condiciones para una verdadera reactivación económica, que requiere necesariamente de estabilidad política y jurídica para alentar las inversiones, en especial las tecnológicas. El desarrollo de infraestructura en todo el país es urgente, y eso requiere un proyecto que aún no se vislumbra.
Tanto en el oficialismo como en la oposición prevalece el lenguaje de la provocación y el agravio. Así, el consenso democrático es imposible.
El presupuesto ya está en el Senado, que aprobó en comisiones los cambios que introdujeron los diputados. Si la Cámara Alta lo convierte en Ley, el gobierno podría vetarla. Y si no se termina de sancionar en el período de sesiones extraordinarias, nuevamente el país se quedaría sin presupuesto, que es equivalente a caminar sin rumbo.
No solo el Presupuesto es esencial. Entre los problemas estructurales del país hay cuestiones cruciales que deben ser abordadas en profundidad, con tiempo, y con el soporte autorizado es especialistas. Las reformas laboral, previsional, tributaria y la coparticipación federal, alguna vez, deben ser abordadas con seriedad y grandeza por legisladores, expertos y trabajadores. En primer lugar, hay que aceptar que la democracia supone diversidad, es decir, acuerdos entre sectores opuestos, y que lo que está en juego es mucho. La enorme transformación del mundo impone condiciones al país y no puede afrontar el desafío invocando consignas sectarias de un pasado que ya no existe. Son imprescindibles proyectos democráticos para el desarrollo humano del país concebidos para estos tiempos, en los que el trabajo, la educación y la paz social están amenazados por la crisis y por las tensiones violentas en casi todo el planeta.