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La crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado en Argentina, detectado en el Hospital Italiano de La Plata, ya se ha cobrado 68 víctimas y exhibe, con contundencia, la negligencia y las fallas regulatorias en las políticas sanitarias del país.
El fentanilo es un anestésico inyectable de uso hospitalario que fue adulterado con bacterias letales. No se trató de un producto clandestino, sino de un medicamento legal, adquirido por hospitales públicos y privados, aplicado a pacientes en quirófanos y terapias intensivas. Un fármaco que atravesó todos los filtros formales del sistema y llegó al torrente sanguíneo de personas que buscaban curarse, no morir.
El caso del fentanilo se vincula a un entramado delictivo a pesar de lo cual, no hay un detenido, aunque si 24 personas imputadas que tienen prohibido salir del país. Todos, involucrados con los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, responsables de la contaminación, pero con un historial en el que parecen mostrarse los alcances del crimen organizado y la complicidad política con los negociados más oscuros en materia de medicamentos
Ambos laboratorios acumulan 267 expedientes en ANMAT, 117 de ellos por desvíos de calidad. Sin embargo, ni los sucesivos ministerios de Salud ni otras autoridades actuaron con la contundencia necesaria ante un peligro tan grave para la salud pública.
Los enigmáticos empresarios Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, las dos figuras ligadas a HLB Pharma Group SA, consiguieron desde hace dos décadas contratos muy ventajosos a pesar de tratarse de personas desconocidas en la industria y con frondoso prontuario.
Así y todo, HLB Pharma ganó terreno en el mercado farmacéutico gracias las compras directas por parte de organismos públicos, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que el laboratorio fue parte de las sombrías negociaciones por la vacuna Sputnik V, y un ejecutivo de la empresa acompañó a las funcionarias kirchneristas Carla Vizzotti, Cecilia Nicolini y Raquel Méndez cuando viajaron a Rusia para la compra de vacunas Sputnik, contra el COVID, a la que se le garantizó exclusividad en la comprar durante la pandemia. Como se recordará, Rusia no cumplió y la campaña masiva en el país se demoró ocho meses.
La corrupción atraviesa a los gobiernos y ninguna negligencia de la dimensión del fentanilo contaminado puede desligarse de la incompetencia de los funcionarios y de los tentáculos de la corrupción.
La política argentina, en general, ha perdido la capacidad de prevención, que es una piedra angular de la medicina sanitaria. Una contaminación de esta naturaleza solo se explica por irresponsabilidad o sabotaje.
¿Cuántas muertes más hacen falta para que se tomen decisiones a tiempo? La función de la autoridad sanitaria no es reaccionar cuando el daño está hecho, sino prevenirlo.
Pero la cercanía de los comerciantes de medicamentos con el poder político lleva a los funcionarios a cerrar los ojos y justificar las tragedias con discursos pronunciados con voz engolada.
El impacto del fentanilo contaminado es un golpe a la confianza en el sistema sanitario. Pero, además, advierte sobre la posibilidad de que el opioide ingrese a circuitos ilegales para abastecer al mercado negro. Porque el fentanilo (incluso sin contaminar) es la droga responsable de crisis de sobredosis masivas en otros países, en manos del crimen organizado.
El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de aprender de esta tragedia y cerrar de inmediato las grietas que la hicieron posible. Esto incluye fortalecer la fiscalización de laboratorios, garantizar la trazabilidad absoluta de medicamentos críticos, imponer sanciones ejemplares y, sobre todo, instaurar una cultura de prevención y transparencia que reemplace a la actual lógica de reacción tardía.
Porque lo que está en juego es la salud de los pacientes y la credibilidad de todo un sistema.