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La publicación en El Tribuno de las historias de María Ochoa, Víctor Ruiz y Alberto Salvatierra tres salteños con discapacidad que quedaron sin pensión de un día para el otro, sin haber recibido notificación oficial provocó la reacción de la Defensoría del Pueblo de Salta.
El organismo, encabezado por Federico Núñez Burgos, anunció que iniciará una presentación judicial de carácter protector para exigir que, mientras se desarrollen las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), no se suspendan los pagos de las pensiones no contributivas.
“Estas pensiones son alimentarias, de esto vive la gente. Lo primero que hay que garantizar es la continuidad de los pagos, y luego realizar las auditorías en plazos razonables”, remarcó Núñez Burgos en diálogo con El Tribuno.
El origen del conflicto
El defensor recordó que desde febrero comenzaron a llegar a Salta las primeras cartas documento notificando a los beneficiarios que debían actualizar sus estudios médicos para acreditar la discapacidad. El plazo que se daba era de 30 días para completar todo el proceso: conseguir turnos, realizar estudios y presentar la documentación ante la ANDIS.
“Es una barbaridad. Cualquier trámite médico, más aún en casos de patologías graves, puede llevar meses. No se puede exigir todo en un mes, con un sistema de salud saturado y faltante de especialistas”, sostuvo.
Además, cuestionó la única vía de notificación que utiliza la agencia: la carta documento enviada al domicilio declarado en ANSES. “Muchos beneficiarios viven en situación de extrema vulnerabilidad, sin un hogar fijo, sin acceso a internet o teléfono. Si la carta no llega o no la pueden leer, el sistema automáticamente los presume ‘truchos’ y les suspende la pensión”, denunció.
El efecto en Salta
En la provincia hay unas 40 mil personas que reciben pensiones no contributivas, la mayoría bajo cobertura de Incluir Salud. Según estimaciones de la Defensoría, más del 80% ya fue notificado para someterse a la revisión.
En los últimos días comenzaron a detectarse suspensiones efectivas, y en muchos casos, los beneficiarios aseguran no haber sido notificados. Entre ellos, los tres casos de:
María Ochoa, de 66 años y con retraso madurativo, vive sola en barrio Juan Manuel de Rosas. Sobrevive gracias al comedor comunitario luego de que su pensión fuera dada de baja sin aviso.
Víctor Ruiz, capitán del equipo salteño de básquet en silla de ruedas y referente del deporte adaptado, padece poliomielitis desde niño. La suspensión lo dejó sin recursos para tratamientos y movilidad.
Alberto Salvatierra, amputado de ambas piernas y un brazo, mantenía a sus dos hijos con su pensión. Hoy sobrevive reparando pelotas y con ayuda de vecinos.
“Conocer estos casos nos llevó a acelerar las acciones judiciales. No podemos permitir que personas en estas condiciones queden sin sustento por fallas en la notificación o por plazos imposibles de cumplir”, advirtió Núñez Burgos.
Críticas al procedimiento de ANDIS
La Defensoría viene reclamando a la agencia nacional que articule el operativo con la red de agentes sanitarios y hospitales de la provincia, para que sean ellos quienes se acerquen a las personas a verificar su situación.
“Si en Salta capital ya es difícil conseguir turnos, imagínese en San Antonio de los Cobres o en comunidades originarias del interior. Hay casos de gente que tendría que viajar cientos de kilómetros para solo preguntar si fue notificada”, señaló.
También propuso firmar convenios con el Ministerio de Salud provincial para que la información llegue a tiempo, y para evitar que la única opción sea hacer fila en la sede de ANDIS, que cuenta con apenas cuatro empleados para atender a toda la provincia.
Asistencia y asesoramiento
La Defensoría puso a disposición sus oficinas para asistir gratuitamente a quienes necesiten subir documentación digitalizada, realizar consultas o recibir orientación. “No podemos hacer el trámite por ellos, pero sí ayudarlos a escanear, a usar las computadoras y a entender los pasos a seguir”, explicó el defensor.
Las personas afectadas pueden acercarse a la sede en 25 de Mayo 703 (esquina Entre Ríos), comunicarse por correo a defensoriadelpueblosalta@gmail.com o por mensaje a la página de Facebook “Defensoría del Pueblo Salta”.
Próximo paso: la vía judicial
La acción judicial que se presentará el lunes buscará que la Justicia ordene la continuidad de las pensiones mientras dure la auditoría, y que se garanticen plazos razonables y notificaciones efectivas.
“El Estado nacional tiene derecho a auditar, pero no puede hacerlo a costa de dejar a personas con discapacidad sin comer ni medicarse. No pueden pagar justos por pecadores”, finalizó Núñez Burgos.