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Más de 20 mil abortos se estima que hubo en la provincia de Salta desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.610 el 24 de enero de 2021, hasta agosto de 2025, de acuerdo a las estadísticas que manejan Argentina.gob.ar, amnistia.org.ar, proyectomirar.org.ar y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM). Lo alarmante es la proporción significativa de abortos en personas muy jóvenes y en niñas, que pone en evidencia la urgente necesidad de políticas de educación sexual, prevención de los embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual, como así también de políticas de protección a las niñas que resultan embarazadas, producto de recurrentes abusos y de la completa vulneración de su dignidad humana. Un verdadero calvario silencioso y ocultado a propósito.
No por nada, solo en 2024, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) registró un total de 4.621 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). De ese total, 382 fueron ILE, es decir, interrupciones por violación y riesgo para la vida o la salud. Y también destacó alarmantes cifras en menores de 10 a 15 años: 83 IVE y 19 ILE. Y más que frías cifras, se trata de mujeres que atraviesan situaciones que las vulneran por completo y las convierten en seres humanos rotos para siempre.
Desde la legalización del aborto en enero de 2021, Salta se destacó por tener una de las mayores tasas de aborto legal del país, aunque en valores absolutos tuvo accesos limitados en los primeros meses (alrededor de 3.000 procedimientos a inicios de 2021 22). Esto se explica por las barreras administrativas, la falta de capacitación de profesionales no objetores de conciencia y la escasez de efectores habilitados. Con el tiempo, se implementaron medidas para ampliar los servicios, pero aún persisten desafíos en cobertura y accesibilidad, sobre todo en el interior de la provincia.
En el Hospital Público Materno Infantil hay cuatro ginecólogas para una población de capital de aproximadamente 500 mil habitantes.
En este sentido, la organización Amnistía Internacional señala que en 2021 se dictó el Memorándum 144/21, que estableció que todas las áreas operativas sanitarias de la provincia debían "organizar e implementar los servicios correspondientes para dar cumplimiento a la Ley 27.610 y sus protocolos vigentes".
A su vez, el 11 de mayo de 2022 se aprobó la resolución 514/2022 que reconoce que "a pesar de la vigencia del Memorándum 144/21 (…) muchos Hospitales por falta de profesionales médicos que realicen la práctica de ILE, no pueden dar respuesta a los pedidos que se presentan, máxime en los casos que requieren hospitalización, legrado o AMEU (aspiración manual endouterina)".
Denunciaron que varias obras sociales no tienen profesionales que realicen la práctica y hay clínicas que son objetoras de conciencia.
La referida resolución propone "en carácter de excepción y mientras persista la escasez de profesionales Médicos no objetores de conciencia" que los casos que se presenten en las zonas sanitarias Norte, Oeste y Sur sean resueltos por profesional médico del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, el hospital Dr. Joaquín Castellanos de Güemes, y Nuestra Señora del Rosario de Cafayate. Para ello, dispone "ampliar el cupo mensual de horas guardias activas profesionales" de tales hospitales por un total de 50 a cada hospital, "para la exclusiva finalidad de brindar respuesta adecuada a la demanda de prácticas de interrupción Legal del Embarazo en cada Área Operativa y zonas de influencia". A su vez, establece que los hospitales mencionados serán los centros de referencia para la realización de las prácticas de ILE que se presenten en dichas zonas.
Objetores de conciencia
Los objetores de conciencia en el contexto del aborto son profesionales de la salud que, basándose en sus convicciones morales o religiosas, se niegan a participar directamente en la interrupción del embarazo, tal como lo permite la Ley 27.610 en Argentina. Esta objeción es individual y no institucional, debiendo los establecimientos de salud garantizar la atención y no actuar como obstáculo para el acceso al aborto legal. Se trata entonces del derecho de una persona a negarse a realizar un acto médico que va en contra de sus creencias, pero no involucra a los establecimientos de Salud.
Falta una formación en derechos, en perspectiva de género. Es importante el abordaje en equipo, con psicología y trabajo social.
En agosto de 2022, el Ministerio de Salud de Salta informó a Amnistía Internacional que contaba con 40 profesionales no objetores de conciencia para garantizar la práctica en la provincia y que, en general, se encuentran distribuidos en equipos estables -no itinerantes- distribuidos por toda la provincia. Esto implicó un avance frente a mayo del mismo año, cuando el Ministerio informó que la provincia contaba con 26 profesionales no objetores. Sobre esto, se informó que se estaría avanzando en la contratación de una nueva profesional que garantice ILE en el Hospital Materno Infantil de Salta capital, y dos profesionales que atiendan en dos centros de salud de la capital.
Se puso más difícil
Denuncias ante la Superintendencia de Servicios de Salud reportan que en Salta no siempre se respeta el plazo de 10 días máximos entre el pedido de turno y la práctica de la interrupción del embarazo, que marca la ley. Esto provoca que algunas personas superen el límite de 14 meses de gestación e incluso lleguen a estar embarazadas de más de 20 semanas cuando finalmente acceden al servicio. Informes de Amnistía Internacional también destacaron fallas en la disponibilidad de servicios e infraestructura, lo que genera barreras para un acceso oportuno. Los profesionales efectores aseguran: "Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado. Desde marzo, no hay distribución pública de misoprostol ni de mifepristona en Salta". Dicen que las compras que venía haciendo la provincia también se interrumpieron. "Nos dijeron que no hay autorización para seguir comprando. Y lo poco que llega no cubre la demanda", denunciaron.