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Al menos 16 empresas comprometidas en Argentina, España y Perú. Dos ciudadanos de nacionalidad boliviana y un despachante aduanero de Orán imputados y detenidos. Cuatro argentinos más -incluidos otros despachantes aduaneros de Jujuy y de la CABA- a disposición del juez Penal y Económico 8 de Buenos Aires, Gustavo Meirovich. Un peruano y seis españoles complicados por una abrumadora cantidad de elementos probatorios reunidos por la Fiscalía Especial Antidrogas de Algeciras, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Costa del Sol, la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Málaga, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la División de Operaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Dirección de Narcotráfico de Aduana (ARCA) y la Policía Nacional de Perú. Alrededor de 20 allanamientos y requisas personales concretados en forma simultánea en San Ramón de la Nueva Orán, San Salvador de Jujuy, Morón, Vicente López, Caseros, Gonzalez Catán, Villa Soldati y la CABA.
Estos datos pudo conocer El Tribuno por fuentes ligadas a la cooperación internacional de ministerios públicos fiscales, los intercambios de información societaria, financiera, aduanera, bancaria, inteligencia criminal y el seguimiento de "entrega controlada" del caso Coirón explican por qué la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no dudó en calificarlo días atrás como "uno de los operativos más importantes de la historia argentina".
Y todo indicaría que los es, no solo porque se incautaron 510 kilos de cocaína despachados dentro de un pesado torno metalúrgico desde la terminal de Dock Sud (Avellaneda) hacia el puerto español de Algeciras, sino que quedó desbaratada una red narco con presuntas ramificaciones en Colombia, México, Panamá, Perú, Argentina, Uruguay, España y Portugal.
El punto de partida
La investigación arrancó con un intercambio de información que se concretó a través de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) entre la Fiscalía Especial Antidrogas de Algeciras (España) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de Argentina, con la mira puesta en una organización narco trasnacional.
La pesquisa preliminar se cimentó en análisis de flujos marítimos y datos conexos realizados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Costa del Sol y la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Málaga. Esos reportes encendieron una luz de alerta, desde España, sobre una pesada maquinaria (un torno usado) que había salido desde la terminal portuaria argentina de Dock Sud con destino a uno de los muelles de Algecira y que se encontraba en tránsito marítimo a bordo del buque portacontenedores Zcech de bandera liberiana.
La carga había atravesados todos los controles desde Perú hasta Argentina "sin novedades", pero la fiscal española Macarena Arroyo Marín tenía en sus manos sólidos indicios para dar casi por seguro que dentro del contenedor TLLU 5286193 había mucho más que un torno usado importado a Argentina desde Perú y luego exportado desde Buenos Aires hacia España.