inicia sesión o regístrate.
Con la promulgación este viernes de las leyes provinciales que aprueban los acuerdos de facilitación y fomento minero, Salta y Catamarca activaron formalmente un régimen conjunto de control, tributación y distribución de regalías para los proyectos Sal de Oro (litio) y Diablillos (plata), ambos ubicados en una zona limítrofe aún indivisa entre las dos jurisdicciones.
Los convenios, que no implican reconocimiento ni renuncia a derechos territoriales, establecen reglas transitorias para garantizar seguridad jurídica, continuidad operativa y previsibilidad fiscal hasta que el Congreso defina el diferendo interprovincial, que ya lleva 82 años.
Reglas comunes
Los acuerdos reconocen expresamente que en el área donde se emplazan los proyectos existe una superposición catastral, por lo que se define un ámbito de aplicación, al que podrá sumarse una zona de ampliación de operaciones si las empresas incorporan nuevas concesiones mineras.
Mientras el diferendo siga abierto, ambas provincias se comprometen a actuar de manera coordinada, sin que los instrumentos firmados puedan ser utilizados como antecedente para reclamos territoriales futuros.
Tributos provinciales
El núcleo del esquema acordado es la distribución en partes iguales de los recursos fiscales generados por la actividad minera dentro del área en disputa:
- Regalías mineras, tributos provinciales y otros gravámenes se repartirán 50% para Salta y 50% para Catamarca.
- El mismo criterio se aplicará a beneficios fiscales nacionales o provinciales que recaigan sobre los proyectos.
En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se estableció una coordinación específica bajo el convenio multilateral, asignando los ingresos y gastos atribuibles al proyecto en partes iguales a ambas jurisdicciones, tanto en el régimen general como en los regímenes especiales.
Para el impuesto de sellos, los actos y contratos cuyos efectos económicos se desarrollen en el área también tributarán con distribución equitativa.
Quién controla
Los acuerdos crean estructuras interprovinciales de fiscalización. Para Sal de Oro, se conforma una autoridad interprovincial con tres representantes por provincia, encargada del control técnico, minero-ambiental y de policía minera. En tanto, para Diablillos, se establece un comité de gestión interprovincial permanente, con subcomisiones específicas para control ambiental, técnico, administrativo y tributario.
En materia fiscal, ambos proyectos cuentan además con una subcomisión impositiva interprovincial, integrada por funcionarios de las áreas de rentas de ambas provincias.
Actualidad
El proyecto Sal de Oro, operado por la surcoreana Posco Argentina, atraviesa una fase decisiva. El proyecto se inició en 2018 con tareas de exploración y luego avanzó hacia la fase industrial. Actualmente, la compañía ya cuenta con la planta denominada CP1, operativa, que incluye una unidad de extracción en la Puna y una planta de producción de hidróxido de litio en General Güemes, inaugurada en octubre de 2024.
En paralelo, avanza la construcción de la planta CP2, ubicada en la zona limítrofe indivisa entre Salta y Catamarca, destinada a la producción de carbonato de litio. Según lo informado, ambas plantas estarán operativas en el primer semestre de 2026, con una capacidad conjunta estimada de 50.000 toneladas anuales.
Las reservas del proyecto alcanzan los 14 millones de toneladas. En términos laborales, durante la etapa de construcción de CP2 se llegaron a registrar 3.600 trabajadores contratados. Posco emplea de manera directa a 431 personas, con un 70 % de origen salteño, y trabaja con 70 proveedores, 36 de ellos locales.
Plata y oro
El proyecto Diablillos, hoy en manos de la canadiense AbraSilver, se encuentra en una etapa previa a la decisión de construcción. La compañía presentó formalmente el emprendimiento al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y espera una definición sobre su aceptación, o no, a comienzos de 2026.
De acuerdo con el informe técnico presentado en septiembre pasado, la construcción de la mina demandará una inversión estimada de US$543,6 millones, a lo que se suman US$76,9 millones para el sostenimiento de la operación y US$26,4 millones para el cierre ambiental.
El yacimiento cuenta con recursos estimados equivalentes a 3,9 millones de onzas de oro y 350 millones de onzas de plata, y desde 2020 los recursos medidos e indicados crecieron un 170% gracias a nuevas campañas de perforación.
En términos de empleo, la etapa de construcción generaría más de 1.200 puestos de trabajo, mientras que la operación estable demandará alrededor de 400 trabajadores. El proyecto también prevé una infraestructura integral que incluye caminos, campamento, sistemas eléctricos y de agua, y un dique de colas en cinco fases.