inicia sesión o regístrate.
La Corte de Justicia de Salta atraviesa un proceso de renovación clave que no solo redefine su integración institucional, sino que proyecta efectos directos sobre el escenario político de la provincia. La salida de los jueces Eduardo Guillermo Catalano y Ernesto Samson, y su reemplazo por Martín Diez Villa y Martín Plaza, marca un punto de inflexión en la conformación del máximo tribunal, en un contexto donde ya asoma una discusión de fondo: la eventual habilitación de un tercer mandato del gobernador Gustavo Sáenz.
Actualmente, la Corte está integrada por su presidenta, la jueza Teresa Ovejero Cornejo; el vicepresidente José Gabriel Chibán; la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo —designados como autoridades a fines de 2025 por un período de dos años— y los jueces María Alejandra Gauffin, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals. Con la confirmación de Diez Villa y Plaza, el tribunal completará nuevamente su integración de nueve miembros, bajo el pleno régimen de la reforma constitucional de 2021.
La reforma de la Constitución de Salta introdujo cambios sustanciales en el régimen de los magistrados de la Corte: los jueces duran en sus cargos hasta los 70 años y deben revalidar su mandato cada diez. Superado ese límite etario, solo pueden continuar si superan un proceso de evaluación y son nuevamente designados.
Con la nueva integración, la Corte queda plenamente encuadrada en ese esquema, y la mayoría de sus miembros deberá revalidar sus cargos en el transcurso de la próxima década. Este dato no es menor: la propia Corte ya ha comenzado a sentar criterios interpretativos sobre la aplicación temporal de la reforma, un antecedente que adquiere centralidad ante los debates que se avecinan.
La designación de Diez Villa para reemplazar a Catalano y de Plaza en lugar de Samson no fue un trámite exento de tensiones. En los pasillos del Poder Judicial se habló de una "guerra no declarada" entre Diez Villa -hasta ahora Defensor General- y el procurador general Pedro García Castiella, finalmente saldada con la confirmación del primero.
Ambos nuevos jueces llegan con trayectorias jurídicas extensas, pero también con un dato político ineludible: su cercanía con el oficialismo provincial. Diez Villa es considerado un hombre de confianza del saencismo, con una impronta alineada al Ejecutivo. Plaza, actual director de la Casa de Salta en Buenos Aires, mantiene un perfil técnico sólido, aunque igualmente identificado con el proyecto político que gobierna la provincia.
Con estas incorporaciones, la Corte de Justicia de Salta consolida un perfil político distinto al que supo tener en etapas anteriores. Durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, el número de integrantes pasó de cinco a siete; con Gustavo Sáenz, el tribunal se amplió de siete a nueve miembros. Ahora, las nuevas designaciones terminan de diluir la impronta urtubeycista y consolidan una Corte con mayor afinidad al actual oficialismo.
Este cambio no se limita a una cuestión de nombres: implica una reconfiguración del equilibrio interno del tribunal, justo cuando podría recaer sobre sus espaldas una de las decisiones institucionales más sensibles de los últimos años.
En los corredores judiciales y políticos se repite una certeza: la elección de los nuevos jueces tiene un correlato temporal y político inmediato. La eventual postulación de Gustavo Sáenz para un nuevo mandato en 2027 podría derivar en una acción declarativa de certeza que obligue a la Corte a expedirse sobre la interpretación del artículo constitucional que limita la reelección del gobernador a un solo período consecutivo.
La discusión jurídica será si el primer mandato de Sáenz -iniciado antes de la reforma de 2021- debe computarse o si la norma carece de retroactividad, habilitando así una nueva candidatura. Esa interpretación, inevitablemente, será del máximo tribunal.
Pero hay un elemento adicional: si la Corte mantiene criterios similares a los aplicados en materia de mandatos judiciales, varios de sus actuales integrantes podrían verse obligados a apartarse en caso de objeciones. En ese contexto, los únicos jueces plenamente habilitados para resolver serían, justamente, los dos nuevos integrantes. En los cálculos, todo estaría cerrado hacia marzo, momento en el cual también podría quedar más claramente expuesta la decisión política de Sáenz de avanzar hacia su reelección.
Antes de que eso ocurra, el proceso constitucional seguirá su curso formal. El Ejecutivo deberá publicar los antecedentes de Diez Villa y Plaza en el Boletín Oficial y en diarios de mayor circulación, abriendo un período de 21 días hábiles para la presentación de adhesiones o impugnaciones ciudadanas. Luego, los pliegos serán tratados en sesión pública por la Legislatura provincial.
De no mediar sobresaltos, la designación definitiva se concretaría mediante decreto y la incorporación sería casi inmediata.