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El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, realizó un balance positivo de los resultados del Plan Güemes, el dispositivo de seguridad nacional desplegado a mediados del año pasado en la frontera norte de Salta, al tiempo que planteó duras advertencias sobre el estado crítico de la Ruta Nacional 34, el paso permanente de camiones hacia Bolivia, y las tensiones estructurales que persisten en el vínculo bilateral, tanto en lo comercial, ambiental y sanitario.
En una extensa entrevista con El Tribuno, Zigarán sostuvo que el principal acierto del plan fue el refuerzo efectivo de las fuerzas federales, en particular la presencia permanente de Prefectura en Aguas Blancas, una medida que, según remarcó, modificó de manera sustancial el escenario de inseguridad en la zona.
"El plan está funcionando"
"En términos de intercepción de drogas, el plan está funcionando. Más de 7.000 kilos de cocaína que ingresaron por Aguas Blancas fueron interceptados en Salta o fuera de la provincia", afirmó, al dimensionar el impacto del operativo en una de las principales puertas de ingreso del narcotráfico terrestre desde Bolivia.
Zigarán recordó que Bolivia se ubica como el tercer productor mundial de cocaína, detrás de Colombia y Perú, y remarcó que, pese a las carencias estructurales de las fuerzas federales, como bajos salarios y falta de cobertura social, el despliegue logró resultados concretos.
Uno de los puntos más sensibles fue la drástica reducción del delito común en la playa del río Bermejo, históricamente una zona liberada donde se registraban robos sistemáticos a quienes cruzaban la frontera.
"El delito bajó 90%"
"Con la llegada de Prefectura, el delito bajó un 90%. Antes robaban a los primeros que cruzaban y a los últimos que volvían. Hoy hay otro clima", subrayó.
Pero el interventor fue especialmente crítico al describir la situación de la Ruta Nacional 34, desde General Güemes hacia el norte, a la que calificó directamente como "intransitable".
"El estado de la ruta es tremendo. Y si a eso le sumás el paso diario de al menos 200 camiones ida y vuelta a Bolivia, 100 cargados y 100 de regreso, el colapso es total", advirtió. Según Zigarán, se trata en su mayoría de camiones bolivianos que transportan combustible, amparados en convenios internacionales de tránsito de mercadería, pero que generan un impacto devastador sobre la infraestructura vial argentina, sin pagar peajes ni compensaciones.
"Van y vienen, rompen todo"
"Van y vienen, rompen todo, y encima se dan el lujo de no vender combustible a los argentinos. Si Argentina frenara una semana ese flujo, Bolivia entra en crisis", dijo.
El funcionario describió además un escenario de alto riesgo vial, con huellas profundas generadas por el peso de los camiones, que al llenarse de agua provocan aquaplaning, multiplicando los accidentes fatales.
"De Güemes para arriba es un 'sálvese quien pueda'. Hay muertos todo el tiempo, pero no siempre se reflejan", dijo.
Reclamos a Cancillería por comercio y ambiente
Zigarán también apuntó contra las restricciones impuestas por la Aduana boliviana al comercio argentino, especialmente cuando el tipo de cambio volvió a favorecer a los compradores del vecino país.
"Cuando nosotros comprábamos en Bolivia no decían nada. Ahora que al comerciante boliviano le conviene comprar en Argentina, ponen trabas, horarios y límites", cuestionó, reclamando otro capítulo en los pedidos de reciprocidad en el intercambio con el vecino país.
En ese marco, denunció una falta de respuestas estructurales desde Cancillería, tanto en lo comercial como en lo ambiental. Mencionó, entre otros puntos, el vertido de líquidos cloacales que se registra en otro punto fronterizo como es Salvador Mazza, la depredación pesquera en el río Bermejo y Pilcomayo, y la posible contaminación por metales pesados provenientes de la actividad minera aguas arriba en este último río.
"Todo eso lo terminan pagando nuestros pueblos originarios. Los chicos se enferman. Es grave y se repite año tras año", alertó.
Un norte bajo la lupa
Finalmente, Zigarán se refirió al proceso de intervención de Aguas Blancas, que se extenderá hasta diciembre de 2027, y a la depuración del padrón electoral, donde ya se dieron de baja más de 2.100 personas.
"El padrón sigue inflado. Deberíamos tener entre 1.600 y 1.800 electores. Esto no pasa solo en Aguas Blancas, también en Salvador Mazza, Los Toldos y otros puntos del norte", explicó, y reclamó un cruce de datos con Bolivia y una revisión integral en toda la región.
Al hacer un balance general, sostuvo que muchas crisis municipales no responden a errores administrativos sino a hechos delictivos, y remarcó que el contexto económico de caída de la coparticipación hará de 2026 "un año muy duro para los municipios".
"Puede haber dificultades, pero nada habilita a delinquir", concluyó.