inicia sesión o regístrate.
El decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador Gustavo Sáenz esta semana para establecer exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios de los tres poderes del Estado volvió a poner en el centro de la escena una iniciativa que ya había sido impulsada en la Legislatura provincial por el exdiputado Juan Esteban Romero, pero que nunca logró tratamiento parlamentario.
En el streaming de El Tribuno, Romero recordó que el proyecto fue presentado en noviembre de 2024 y que durante todo 2025 insistió para que se debatiera en la Cámara de Diputados. "Durante todo el 2025 estuve insistiendo fuertemente para que se pueda tratar este proyecto y no tuve el acompañamiento, ni siquiera en mi bloque", afirmó. Según relató, esa situación lo llevó a abandonar su espacio político y conformar un monobloque para poder seguir presentando iniciativas.
"Yo creo que es muy incómodo que la política se controle a sí misma. Había mucha gente dentro de la Legislatura que quería seguir manteniendo privilegios y no rendir cuentas ante nadie", sostuvo Romero, al explicar por qué, a su entender, el proyecto quedó sin tratamiento legislativo.
Frente a ese escenario, valoró la decisión de Sáenz de avanzar por decreto. "Ante esa situación, el gobernador, con buen criterio, tomó la iniciativa y decidió sacar este DNU para establecer exámenes toxicológicos dentro de los tres poderes, las intendencias y los concejos deliberantes", señaló. Para el exlegislador, se trata de una medida "muy positiva" que "va a transparentar la política y mejorar la institucionalidad de la provincia".
"Es una pieza más para pelear contra el narcotráfico"
Romero vinculó la iniciativa con la lucha contra el narcotráfico y afirmó que el control a los funcionarios es una señal política necesaria. "El mensaje es claro: quienes ocupan cargos públicos no tienen que tener ningún vínculo con la droga, porque eso alimenta el narcotráfico", indicó. Y agregó: "Esto es una pieza más dentro del rompecabezas para pelear contra el narcotráfico, que no solo daña el tejido social, sino también el institucional".
En ese sentido, recordó antecedentes recientes en los que funcionarios públicos fueron vinculados con causas de narcotráfico o destituidos de sus cargos. "Tuvimos jueces destituidos y condenados, e intendentes destituidos. La política tiene que anticiparse a estas cosas y no quedarse de brazos cruzados", afirmó, al sostener que la prevención también forma parte de la responsabilidad institucional.
Sobre el alcance de los controles, explicó que el esquema propuesto incluye rinoscopía, análisis de orina y de sangre, abarcando "todas las drogas ilegales". "Con todo ese espectro es imposible que salga negativo si consumiste algo", sostuvo.
En cuanto a las consecuencias de un resultado positivo, Romero detalló que el procedimiento prevé una contraprueba, con perito de parte y elección del lugar del examen. "Si vuelve a ser positivo, el funcionario será removido del cargo; y si se trata de un cargo electivo, se seguirán los pasos que establece la Constitución, como el juicio político", explicó, aclarando que el proceso se rige por normas de confidencialidad.
"Son cosas de la política"
El exdiputado también se refirió al respaldo político que tuvo el anuncio del DNU y a las reacciones dentro de la Legislatura. "Muchos de los mismos diputados que no querían que salga el proyecto y lo cajonearon, ahora estaban aplaudiendo la firma del decreto. Son cosas de la política", dijo, aunque insistió en que lo central es la política pública y no las disputas partidarias.
Finalmente, Romero sostuvo que la medida responde a una demanda social y que apunta a dar un mensaje institucional claro.