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En la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, donde el oficialismo impulsa la reforma del régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad, el debate volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Para analizar el alcance jurídico del proyecto, las discusiones abiertas y los límites que imponen la Constitución y los tratados internacionales, Tatiana Dip, jueza en lo Penal Juvenil 1, brindó una entrevista a Radio Salta en la que expuso los ejes técnicos de la iniciativa, advirtió sobre la necesidad de mantener un régimen diferenciado para menores y remarcó la importancia de la resocialización y la prevención del delito como pilares del sistema.
La próxima semana comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y uno de los ejes será la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. Desde el punto de vista técnico y jurídico, ¿qué contempla esta nueva ley y qué puede pasar en el debate parlamentario?
El tratamiento en sesiones extraordinarias no se limita únicamente a la baja de la edad de imputabilidad. Se trata de una reforma integral del régimen penal juvenil. Hoy rige la Ley 22.278, que establece una edad de imputabilidad a partir de los 16 años, es decir que actualmente la franja de jóvenes punibles es la de 16 y 17 años. En ese marco se discutió la baja de la edad de imputabilidad, que en comisiones se fijó en 14 años, con la posibilidad de punibilidad a los 13 años únicamente para delitos graves.
Pero más allá de ese punto, que seguramente será muy debatido, el proyecto incorpora reglas específicas orientadas a la resocialización, a mecanismos alternativos a la detención y a un abordaje especializado del joven en conflicto con la ley penal.
Desde el Gobierno se plantean consignas como "delito de adulto, pena de adulto" o "el que las hace las paga". ¿Cómo influye esta percepción en la sociedad?
Más allá de consignas políticas o miradas partidarias, no podemos perder de vista que el régimen penal juvenil es, por definición, un régimen especial. Esto no responde a una ideología, sino a una obligación legal y constitucional.
La Argentina ha ratificado tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tienen jerarquía constitucional. Esos tratados establecen que los menores deben recibir un tratamiento diferenciado, con penas y procedimientos especializados.
El proyecto de reforma mantiene esa especialidad. No equipara las penas de adultos y menores. Sigue existiendo una clara diferenciación entre el régimen penal adulto y el juvenil, tal como lo exige nuestra Constitución.
Se mencionó que podría descartarse la baja a los 13 años y establecerse en 14 y 15. ¿Qué se discutió hasta ahora?
En comisiones se llegó a un acuerdo que fijó la edad de imputabilidad en 14 años, con la posibilidad excepcional de punibilidad a los 13 en delitos graves como homicidio, abuso sexual o robos agravados con armas.
De todos modos, nada está cerrado. Por eso es importante el debate parlamentario. Más allá de la edad puntual, la discusión de fondo es cuál va a ser el tratamiento que el Estado le dará a los jóvenes que cometen delitos y cómo se va a diferenciar ese tratamiento del de los adultos.
La ley actual tiene más de 40 años y ha quedado obsoleta frente a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. El derecho no es estático, debe adaptarse a la realidad.
Técnicamente, ¿un chico de 13 o 14 años que comete un homicidio puede ser condenado como un adulto? Sobre eso le pido una opinión
Existe un límite jurídico muy claro. La Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo "Mendoza", que prohibió la aplicación de penas perpetuas a menores de edad.
Eso significa que no se pueden aplicar penas máximas, como la prisión perpetua, a personas que cometieron delitos siendo menores de edad. El proyecto de reforma respeta ese criterio.
Esto no implica impunidad. Los jóvenes pueden ser sancionados, pueden recibir penas y tratamientos específicos, pero siempre dentro de un régimen diferenciado y con límites claros.
Uno de los cuestionamientos es que bajar la edad de imputabilidad podría generar que los delitos sean cometidos por chicos cada vez más jóvenes. ¿Cómo lo analiza?
Si siguiéramos ese razonamiento, siempre podríamos decir que entonces delinquirá uno de 10 o de 11 años. El problema no pasa por ahí.
Los datos estadísticos de la Junta Federal de Cortes muestran que la mayoría de los delitos cometidos por menores son contra la propiedad. Los delitos graves contra las personas, como homicidios, son estadísticamente bajos.
Sin embargo, el Estado debe dar respuesta a las víctimas y a la sociedad. La clave está en el tratamiento que establece la ley, en los resultados que esa norma debe ofrecer y en cómo se aborda integralmente la problemática.
Casos como el de Jeremías Monzón, torturado y asesinado por menores, vuelven a poner el tema en la agenda pública. Son pocos, pero extremadamente graves. ¿Qué reflexión le generan?
Son hechos que nos paralizan como sociedad. Nos interpelan profundamente. Aunque en términos estadísticos no sean muchos, su gravedad exige una respuesta del Estado y de la Justicia.
Estos casos nos obligan a preguntarnos qué está pasando con nuestras infancias y adolescencias, cuáles son los niveles de vulnerabilidad y qué fallas existen como sociedad adulta.
No podemos ser indiferentes. Nos corresponde dar respuestas, no solo punitivas, sino también preventivas y estructurales.
¿Considera que la prevención debe ser un eje central del nuevo régimen penal juvenil?
Sin dudas. La prevención del delito es fundamental. Debe trabajarse desde todos los ángulos: jurídico, social, educativo, cultural y deportivo.
El objetivo es evitar que los jóvenes ingresen en una carrera delictiva que, en muchos casos, termina con condenas como adultos. La ley debe establecer normas claras, pero también generar condiciones para que los jóvenes puedan vivir su niñez y adolescencia con oportunidades reales.
¿Este debate llegó para quedarse en la agenda pública?
Sí. Es un debate profundo, complejo y necesario. La sociedad lo está pidiendo. El derecho debe actualizarse para dar respuestas reales, sin desconocer la Constitución ni los tratados internacionales, pero entendiendo el contexto actual y la realidad que estamos viviendo.