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A pocos días de la fecha prevista para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Salta, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar su implementación por tres meses en el Distrito Centro. La decisión, oficializada mediante decreto y publicada en el Boletín Oficial, dejó expuesta una situación que ya venía siendo advertida por distintos actores del sistema judicial: el nuevo modelo acusatorio adversarial aún no cuenta con las condiciones operativas necesarias para funcionar de manera efectiva.
La prórroga se fundamenta en el artículo 460 de la Ley Nº 8520, que faculta al Ejecutivo a diferir la aplicación del código cuando existan dificultades de implementación debidamente acreditadas. En este caso, tanto la Defensoría General como la Procuración General de la Provincia solicitaron formalmente postergar la entrada en vigencia del nuevo régimen.
En su planteo, la Defensoría General advirtió que no se ha concluido la adecuación estructural del organismo al nuevo modelo, lo que podría afectar la garantía de una defensa efectiva. Pero fue la Procuración General la que introdujo una advertencia de mayor alcance institucional: señaló que la implementación del sistema acusatorio adversarial no se agota en la sanción ni en la vigencia formal de una norma, sino que exige condiciones organizacionales, tecnológicas y operativas que aseguren su funcionamiento real desde el primer día.
Según expuso la Procuración, pese a las transformaciones estructurales que se vienen desarrollando dentro del Ministerio Público Fiscal, el sistema en su conjunto aún se encuentra en una etapa de ajuste y prueba. En ese contexto, avanzar con la aplicación inmediata del nuevo código implicaría riesgos concretos para el normal desenvolvimiento de las investigaciones penales, motivo por el cual solicitó una prórroga mínima de noventa días.
El planteo de la Procuración pone el foco en uno de los puntos más sensibles de la reforma: el impacto que el nuevo esquema tendrá sobre el trabajo cotidiano de los fiscales. El Código Procesal Penal aprobado en noviembre de 2025 implica un cambio profundo de lógica. Abandona el expediente escrito y adopta la oralidad plena, con audiencias permanentes, registro audiovisual obligatorio y una mayor exposición pública del accionar fiscal.
Recursos no garantizados
Este modelo exige fiscales con mayor disponibilidad para audiencias, equipos de investigación fortalecidos, coordinación permanente con las fuerzas policiales y soporte tecnológico estable. Distintas fuentes judiciales vienen señalando que esos recursos aún no están garantizados de manera homogénea, lo que podría traducirse en demoras, sobrecarga de trabajo y dificultades para sostener el ritmo que impone la oralidad.
El nuevo código también introduce herramientas complejas: técnicas especiales de investigación, acuerdos de colaboración, procedimientos específicos para personas jurídicas, plazos procesales diferenciados y un sistema recursivo más ágil basado en apelaciones horizontales. Todo ese andamiaje requiere no solo capacitación jurídica, sino también infraestructura adecuada, personal especializado y sistemas tecnológicos confiables.
La creación de una Oficina Judicial bajo la órbita de la Corte de Justicia, pensada para centralizar la logística de audiencias, notificaciones y grabaciones, es otro de los pilares del nuevo sistema. Sin embargo, la propia necesidad de prorrogar la vigencia de la ley deja en evidencia que ese dispositivo todavía no se encuentra plenamente aceitado.
Así, la decisión del Ejecutivo aparece como una medida preventiva frente a un escenario que la Procuración General calificó, de manera implícita, como inmaduro para una implementación inmediata. Pero al mismo tiempo, vuelve a abrir un interrogante político e institucional: si tras más de una década de transición hacia el sistema acusatorio, la estructura judicial sigue sin estar preparada para la oralidad plena.
Por ahora, la entrada en vigencia quedó diferida hasta mayo. El plazo otorgado busca evitar un colapso inicial del sistema, pero también coloca bajo la lupa la capacidad real del Estado para dotar de recursos a una reforma que fue presentada como clave para modernizar la justicia penal, pero que sigue chocando con límites estructurales que ni la ley ni los discursos alcanzan a resolver por sí solos.