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Si bien el Enresp resolvió mantener vigentes los subsidios provinciales de la Tarifa Social (que atempera las facturas de 134.000 familias salteñas) y el régimen de Zonas Cálidas (por el que 106.000 hogares reciben un 30% de descuento entre noviembre y marzo sobre un tope de 350 kWh), el recorte de subsidios nacionales, la suba gradual del precio de la energía y las recomposiciones tarifarias definidas en las concesiones nacionales del sistema transporte de la energía eléctrica se traducirían en subas sensibles para usuarios eléctricos.
En este punto, cabe precisar que la concesión provincial que tiene como licenciataria a Edesa solo abarca el servicio de distribución eléctrica. El Valor Agregado de Distribución (VAD) representa un 45% del monto total de las facturas. El restante 55% se corresponde con la generación (precio de la energía), la tarifa del transporte eléctrico (cuya licenciataria en la región es Trasnoa) y la carga impositiva que incluye tributos nacionales y tasas municipales. Este último componente, como también el del alumbrado eléctrico, despertaron encendidos cuestionamientos el pasado 4 de diciembre. En esa audiencia pública voces que se levantaron en representación de usuarios de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia marcaron las deficiencias que arrastra el servicio en el norte desde hace largo tiempo.
Roberto Dante Vargas, un usuario de Tartagal, señaló que por cada corte eléctrico que se registra en la capital salteña, Tartagal tiene 20 interrupciones del servicio. También denunció variaciones permanentes de tensión que dañan artefactos eléctricos.
En este contexto, con el nuevo esquema definido por el gobierno nacional para los subsidios de la energía asoma un verano caliente, especialmente en el norte salteño, con protestas sociales y acciones de amparo como las que anticipó la Defensoría del Pueblo bonaerense.