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Alejandra Ramírez es madre de dos hijos con diagnóstico de autismo y desde hace más de un año enfrenta serias dificultades para garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos, educativos y terapéuticos. Aunque cuenta con cobertura de obra social, denuncia demoras prolongadas en los pagos a los prestadores, lo que pone en riesgo terapias esenciales, el acompañamiento escolar y el transporte diario de sus hijos.
Según relató a El Tribuno, hasta fines de 2023 la cobertura funcionaba con relativa normalidad. Sin embargo, a partir de 2024 comenzaron los incumplimientos: autorizaciones que llegan tarde, meses sin abonar a profesionales y bloqueos administrativos que impiden facturar. "Son las mismas prestaciones que mis hijos tienen desde que fueron diagnosticados, no estoy pidiendo nada nuevo", sostuvo.
Calet, de 7 años, tiene diagnóstico de autismo en la niñez y asiste a una escuela especial. Luciana, de 17, cursa el secundario y también fue diagnosticada con autismo, además de atravesar un complejo cuadro de salud: hace tres años debió ser sometida a tres cirugías cerebrales tras la aparición repentina de un quiste que le provocó pérdida total de la visión. Si bien logró recuperarse visualmente, el proceso dejó secuelas que requieren acompañamiento terapéutico permanente. El colegio exige, como condición para su escolaridad presencial, la presencia de una acompañante terapéutica.
Alejandra explicó que desde 2024 debió recurrir a la Justicia Federal para garantizar las prestaciones básicas. Inició recursos de amparo que aún no cuentan con sentencia firme. A través de esas presentaciones logró, de manera parcial, que se autoricen terapias como psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, psicomotricidad, acompañamiento terapéutico y transporte. Sin embargo, la autorización no se traduce en pagos efectivos.
"Hay profesionales a los que se les deben varios meses. Algunos dejaron de prestar el servicio porque no pueden seguir trabajando sin cobrar. Otros directamente tienen bloqueado el acceso al sistema para cargar facturas", señaló. La situación afecta tanto a terapeutas como a transportistas, fundamentales para la asistencia escolar de los niños.
En reiteradas oportunidades, Alejandra acudió a la obra social en busca de respuestas. Su caso fue derivado a un área denominada "Contención", que funciona en Córdoba y, según denunció, no responde llamados ni mensajes. "Me dicen que como mis hijos están judicializados, todo pasa por ahí, pero nadie da una solución concreta", lamentó.
La falta de pagos a los prestadores perjudica directamente a los chicos, ella ya no sabe a quién acudir y le pide a la obra social que cumpla con la ley. "No cobro ninguna pensión para afrontar estos gastos. Es imposible sostenerlo", expresó con impotencia.