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La prórroga por tres meses de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal volvió a dejar al descubierto las debilidades estructurales del sistema judicial salteño. Aunque la reforma es valorada como un avance hacia un modelo más ágil y transparente, abogados coinciden en que la Justicia provincial no estaba en condiciones de aplicarla en febrero sin riesgos de colapso operativo.
La decisión del Poder Ejecutivo provincial de postergar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que debía comenzar a regir en el Distrito Centro desde hoy, fue oficializada mediante decreto y publicada en el Boletín Oficial el viernes. La medida se apoyó en el artículo 460 de la Ley Nº 8520, tras pedidos formales de la Defensoría General y la Procuración General, que advirtieron la falta de condiciones organizativas, tecnológicas y de recursos humanos para poner en marcha el modelo acusatorio adversarial.
La visión de un exjuez
En diálogo con El Tribuno, el exjuez federal de Salta Miguel Antonio Medina sostuvo que la postergación era previsible y que el Poder Ejecutivo compartió los argumentos técnicos que llevaron a dictar el decreto. "Distintas circunstancias que se han hecho públicas justificaron la necesidad de postergar la entrada en vigencia por tres meses más", explicó.
Medina, quien participó en la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal entre 2019 y 2021, destacó que el nuevo código es "una herramienta muy buena", especialmente en la etapa de garantías. "Es un sistema sumamente ágil, que permite definir los casos en mucho menos tiempo. En una sola audiencia se puede condensar gran parte del procedimiento, con la intervención de todas las partes y una decisión judicial inmediata", señaló.
No obstante, advirtió que se trata de un modelo extremadamente exigente para jueces y fiscales. "El juez de garantías y los fiscales tienen una tarea muy demandante, con varias audiencias por día. Eso requiere una estructura humana sólida", remarcó. En ese sentido, indicó que existen versiones sobre faltantes de fiscales, defensores y cargos vacantes, lo que podría generar serias dificultades operativas.
A diferencia de otras miradas, Medina relativizó el problema edilicio y sostuvo que la Ciudad Judicial representa un avance suficiente en términos de infraestructura. Sin embargo, puso el foco en un aspecto clave: la conectividad. "Todo el sistema está basado en audiencias grabadas y transmitidas. Si no hay buena conectividad, especialmente en zonas como Cafayate, hablar de sistema acusatorio es muy difícil", alertó.
El ex magistrado también planteó un interrogante de fondo: el impacto presupuestario de la reforma. "Este cambio puede demandar mayores gastos para el Poder Judicial y el Ministerio Público. En un contexto de restricción presupuestaria, eso puede convertirse en un problema serio", advirtió.
La aprobación
El Código Procesal Penal aprobado en noviembre de 2025 implica un cambio profundo de lógica. Abandona el expediente escrito y adopta la oralidad plena, con audiencias permanentes, registro audiovisual obligatorio y una mayor exposición pública del accionar fiscal.
Puntos clave de la demora
Aunque el nuevo decreto fija la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para mayo, las dudas persisten por la situación estrcutural y de funcionamiento que la Defensoría General y la Procuración General plantearon al Poder Ejecutivo. Para Arancibia, tres meses son insuficientes sin una inversión fuerte en infraestructura, tecnología y capacitación. Para Díaz, el sistema puede funcionar, pero solo si se garantizan recursos y organización. Para Medina, el desafío principal pasa por reforzar recursos humanos, conectividad y presupuesto.
Entre beneficios y serios problemas operativos
El presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados, Pedro Arancibia, sostuvo que el problema no es el texto del nuevo Código, sino la improvisación en su implementación.
"La estructura judicial no estaba preparada. Y si en este tiempo no se hacen adecuaciones profundas, probablemente el sistema funcione mal o directamente fracase", afirmó.
Arancibia enumeró falencias logísticas y tecnológicas persistentes: sistemas informáticos inestables, falta de equipamiento, problemas de conectividad en el interior y una reasignación de personal que aún no se concretó de manera ordenada. "No se puede aspirar a la oralidad plena si se caen los sistemas o si las audiencias virtuales se hacen con el teléfono personal de un policía o de un secretario. Eso es un absurdo total", sostuvo.
El abogado comparó la situación con "ponerle una carrocería nueva a un auto viejo" y cuestionó además el proceso de elaboración del código. "Se convocó formalmente al Colegio de Abogados, pero ninguna de nuestras propuestas fue incorporada. El proyecto vino cerrado y así se aprobó", afirmó.
También contrastó la experiencia salteña con la implementación del Código Procesal Penal Federal, donde recordó hubo más de un año de capacitación previa antes de su entrada en vigencia.
El abogado penalista Fernando Díaz consideró que la prórroga era inevitable y reconoció que en febrero no estaban dadas las condiciones para iniciar el nuevo sistema.
"El Código es beneficioso y necesario. Haría más ágil el proceso, mejoraría el acceso a la justicia y garantizaría mejor los derechos tanto de las víctimas como de los imputados", señaló.
Díaz destacó que el modelo acusatorio adversarial prioriza la oralidad, la transparencia y la celeridad, y valoró la incorporación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como mediaciones y acuerdos reparatorios. "Hoy las cárceles están hacinadas. No todo conflicto debe terminar con una persona privada de su libertad", explicó.
Sin embargo, coincidió en que la estructura judicial actual no está preparada para sostener el volumen de causas bajo un esquema de oralidad plena.