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La desesperación se apodera de Carolina Ávila, una madre salteña del Barrio Justicia, quién atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hija, Camila Juliana Armata, de 17 años, padece epilepsia refractaria crónica, una patología neurológica severa que requiere medicación diaria, permanente y de por vida. Sin embargo, desde hace casi cinco meses, la adolescente quedó sin pensión por discapacidad y sin cobertura médica, una situación que pone en riesgo directo su salud y su vida.
“En febrero se van a cumplir cinco meses desde que le dieron de baja la pensión. El certificado de discapacidad de mi hija vence recién en 2029, está vigente, y tengo todos los papeles al día. Nadie me avisó nada, nadie me explicó nada”, relató Carolina, visiblemente angustiada.
Una enfermedad que no admite interrupciones
Camila debe tomar seis pastillas por día para evitar convulsiones. Su tratamiento consiste en Divalproato de sodio (de 250 o 500 miligramos) y Lamotrigina (200 miligramos). La interrupción del tratamiento puede provocar crisis severas que derivan en internaciones de urgencia.
“Si no toma la pastilla, se descompone. Va directo al hospital. No es una medicación que se pueda suspender ni un solo día. Es de por vida”, explicó su madre.
El costo de cada una de estas medicaciones oscila entre los 300 y 350 mil pesos, un monto imposible de afrontar para la familia. Al momento de la entrevista, Carolina advirtió que a su hija le quedaban apenas cuatro pastillas.
“Hoy estoy contando las pastillas. No sé qué va a pasar mañana”, lamentó.
Cinco meses sin respuestas del Estado
En busca de explicaciones, Carolina inició un largo peregrinar por distintas oficinas públicas. “Fui al banco, del banco me mandaron a ANSES. En ANSES me dijeron que era un tema de papeles, pero nunca me llegó ninguna notificación”, relató.
También acudió a ANDIS y a Incluir Salud, donde le aseguraron que no figuraba ningún motivo concreto para la suspensión. “Nadie sabe nada, nadie se hace cargo”, expresó.
Hace una semana volvió a presentar toda la documentación requerida, pero la respuesta fue que debe esperar 60 días para una resolución. “¿Qué hago en esos 60 días? ¿Cómo hago para que mi hija tome la medicación si le quedan cuatro pastillas?”, cuestionó.
Pérdida de ingresos y extrema vulnerabilidad
La suspensión de la pensión no solo dejó a Camila sin cobertura médica, sino que empujó a la familia a una situación de extrema vulnerabilidad social. Carolina contó que tenía un pequeño negocio, pero lo perdió al destinar todos sus ahorros a la compra de la medicación.
“Gasté todo lo que tenía para que mi hija no deje de tomar las pastillas. Hoy no tengo nada. No tengo para comer, no tengo para comprarle sus cosas, no tengo para nada”, confesó.
Vivienda inundada y condiciones indignas
A esta situación se sumó un nuevo golpe: la vivienda familiar, ubicada en el barrio Justicia en la zona sudeste de la Ciudad, sufrió una grave inundación debido al rebalse de la cloaca. “Se me mojó todo. Perdí colchones, ropa, camas. Estamos durmiendo en el suelo”, contó.
Una vecina le prestó un colchón, pero el de Camila quedó inutilizado. Además, la humedad generó una plaga de chinches en la vivienda. “No solo estamos mal económicamente, sino viviendo en condiciones indignas”, relató.
“Hay días que no tengo ni un plato de comida para darle a mi hija”, agregó.
Discriminación y exclusión escolar
Camila tampoco pudo continuar sus estudios. Según relató su madre, hace casi dos años dejó la escuela tras sufrir bullying por su enfermedad. “Se burlaban de ella por las convulsiones, por su condición”, explicó.
Intentó inscribirla en otras instituciones, pero fue rechazada en varias oportunidades. “Me dijeron que no estaban preparados para recibir a una persona con epilepsia. Yo les expliqué que ella se maneja sola, que el problema es cuando no tiene la medicación”, sostuvo.
En ese marco, Carolina recordó que Camila asistió a un colegio de la zona, pero la continuidad escolar se volvió insostenible.
Un pedido urgente y desesperado
Carolina es madre soltera y asegura no contar con ningún tipo de ayuda. “Yo no quiero limosna. Lo único que pido es que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde a mi hija: su pensión y su medicación”, enfatizó.
También pidió asistencia para que Camila pueda acceder a algún microemprendimiento que le permita generar ingresos desde su casa. “Ella tiene 17 años, no puede trabajar, pero podría hacer algo para vender y ayudar con sus gastos básicos”, explicó.
“Yo no debería estar saliendo a los medios a pedir ayuda. Esto debería estar garantizado”, expresó.
Cómo ayudar
Ante la urgencia, Carolina pidió la colaboración solidaria de la comunidad, ya sea con la medicación o con cualquier tipo de ayuda. Quienes deseen comunicarse pueden hacerlo al 387-217-0662.
“Yo solo quiero que mi hija tenga su medicación y pueda vivir. Nada más”, finalizó con angustia.