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La violencia que involucra a niños, niñas y adolescentes en Salta tanto en el ámbito escolar como intrafamiliar se consolida como una problemática compleja que expone debilidades en los mecanismos de prevención y actuación temprana. En diálogo con El Tribuno, la jueza penal juvenil 1, Tatiana Dip, advirtió que, en la mayoría de los casos, la intervención judicial llega tarde: cuando el daño ya está consumado.
El análisis del panorama provincial muestra que los hechos más graves, como los recientes casos de maltrato infantil, no surgen de manera aislada, sino que son el desenlace de una serie de señales previas que no fueron abordadas de forma eficaz.
La Justicia como “último eslabón”
En el fuero penal juvenil, la intervención se produce cuando ya se configuró un hecho delictivo o una situación extrema. Esto implica que previamente existieron contextos de vulnerabilidad, violencia o desprotección que no lograron ser contenidos a tiempo. Por eso, el foco no debería estar únicamente en la respuesta judicial, sino en fortalecer las instancias previas de detección e intervención.
“Hay una cadena de alarmas que se encienden antes, y es ahí donde hay que trabajar para evitar llegar a situaciones tan graves”, señaló Dip.
Protocolos vigentes y obligación de denunciar
En la provincia rige un marco normativo específico que establece cómo actuar ante casos de vulneración de derechos. La Ley 7990, en adhesión a la Ley Nacional 26.061, fija los parámetros de intervención del Estado y define responsabilidades claras.
Uno de los ejes centrales es la “obligación de denunciar”: cualquier persona y especialmente quienes trabajan con niños, como docentes, personal de salud o funcionarios debe informar cuando detecta una situación de violencia o maltrato.
“Las leyes son claras y establecen la obligación de poner en conocimiento estas situaciones”, remarcó la jueza.
Avances y límites en la implementación
En los últimos años, se desarrollaron protocolos de actuación en distintos ámbitos: escuelas, clubes, organizaciones sociales y espacios comunitarios. Estas herramientas buscan unificar criterios y garantizar respuestas rápidas ante situaciones de riesgo.
Sin embargo, el análisis muestra que aún existen limitaciones. Entre ellas:
* Intervenciones tardías o insuficientes
* Falta de articulación entre organismos
* Recursos limitados para el abordaje integral
* Dificultades en el seguimiento de casos reiterativos
En muchos episodios graves, se detecta que hubo advertencias previas que no derivaron en acciones concretas o efectivas.
El rol clave de la escuela y la salud
Dentro del esquema de prevención, la escuela aparece como uno de los actores más importantes. Es el espacio donde se pueden identificar cambios de conducta, signos de violencia o situaciones de vulnerabilidad.
“Las maestras son quienes toman contacto directo con los chicos y pueden advertir lo que les está pasando”, explicó Dip.
Lo mismo ocurre con los agentes sanitarios que trabajan en territorio y tienen contacto directo con las familias. La mirada integral también incluye a clubes, organizaciones barriales y espacios culturales, que funcionan como redes de contención.
Violencia intrafamiliar y casos extremos
Los casos de maltrato infantil dentro del ámbito familiar generan especial preocupación. Se trata de situaciones donde los propios adultos responsables de cuidado son quienes vulneran los derechos de los niños.
“Pensar que una niña puede sufrir semejante maltrato por parte de sus progenitores nos interpela como sociedad”, sostuvo la magistrada.
Estos hechos, muchas veces, presentan antecedentes de denuncias o indicadores de riesgo que no lograron ser abordados de manera efectiva. La falta de intervención oportuna, sumada a factores sociales y económicos, puede derivar en desenlaces trágicos.
Conductas de riesgo en adolescentes
Otro aspecto relevante del panorama es el crecimiento de conductas de riesgo entre adolescentes, especialmente en el marco de relaciones tempranas.
Se destacan problemáticas como:
* Violencia en los primeros noviazgos
* Situaciones de abuso o relaciones no consentidas
* Conflictos vinculados a la violencia de género
“Es fundamental trabajar en la prevención y en la información para que los chicos puedan tomar decisiones correctas”, indicó Dip.
Además, advirtió que muchos de los delitos de índole sexual se producen en contextos intrafamiliares, lo que complejiza aún más su abordaje.
Qué es necesario fortalecer
El diagnóstico es claro: el sistema cuenta con herramientas legales y protocolos, pero necesita reforzar su implementación y articulación.
Entre los principales puntos a fortalecer se destacan:
Detección temprana de situaciones de riesgo
Capacitación constante de docentes, agentes de salud y operadores
Mayor articulación entre organismos del Estado
Recursos adecuados para intervenciones integrales
Seguimiento efectivo de casos denunciados
Compromiso comunitario en la protección de la infancia
Una responsabilidad compartida
La problemática de la violencia infantil no puede abordarse desde un solo ámbito. Requiere un trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto.
“Todos tenemos que involucrarnos para que estos hechos de violencia cesen, especialmente cuando se trata de niños”, finalizó Dip.
El desafío es lograr que las alertas funcionen, que las denuncias se realicen y que las intervenciones lleguen a tiempo. Porque cuando el caso llega a la Justicia, muchas veces ya es demasiado tarde.