Un grupo conformado por criollos y aborígenes de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia Banda Norte, presentaron más de 90 proyectos para ser beneficiados con fondos nacionales de la ley de bosques, que regula el Ministerio de Ambiente, a cargo de Francisco López Sastre.
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Un grupo conformado por criollos y aborígenes de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia Banda Norte, presentaron más de 90 proyectos para ser beneficiados con fondos nacionales de la ley de bosques, que regula el Ministerio de Ambiente, a cargo de Francisco López Sastre.
Los solicitantes decidieron actuar sin intermediarios después de una serie de notas publicadas por El Tribuno, que mostraban cómo Fundapaz -Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz- y Asociana -Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino- obtenían como intermediarios el 40% de los fondos en conceptos de viáticos y honorarios.
“No necesitamos de las fundaciones. Queremos que los fondos lleguen a nuestra gente y no a bolsillos ajenos. Cada comunidad, ya sea aborigen o de familia criolla, tiene que manejar su plata como más le parece: si hay que contratar un técnico se contratará, pero cada uno elige”, dijo Lucio Rojas, chaqueño, que llegó a la ciudad para presentar los proyectos ante el Ministerio de Ambiente.
Humberto Chené, cacique chorote de la misión Nueva Esperanza, también estuvo presente para entregar los proyectos de comunidades aborígenes. “Queremos esto para dejarles algo a nuestros hijos”, dijo.
Rojas, quien es padre del cantor Jorge Rojas, aseguró que criollos y aborígenes demostrarán que estamos capacitados para manejar los fondos. El chaqueño explicó que no representa a nadie, sino que simplemente se van a entregar los proyectos, que en el caso de los criollos son personales y en el de los aborígenes, por cada comunidad.
Para Rojas, “lo importante es que traemos 97 carpetas de los lotes fiscales 14 y 55 para que sean analizadas y sin ninguna institución en el medio”. Humberto Chené acercó carpetas para obtener planes de los grupos wichi, chorotes y tobas de La Puntana, Misión La Paz, La Junta, Nueva Esperanza, Padre Coll, Pozo El Toro, Pozo La China y Monte Carmelo, entre otros.
Polémicos intermediarios
El Tribuno dio cuenta de que cifras millonarias, asignadas para las poblaciones más vulnerables de nuestro territorio, se esfumaban en el pago de costosísimos servicios de dos ONG, sin llegar a sus verdaderos beneficiarios. Más del 40% de los 223.532 pesos que les corresponden a las misiones aborígenes San Patricio, Wayayuk; Kayip y Lote 75, se destinarían a los honorarios de Fundapaz. Dirigentes originarios denunciaban falta de información e inseguridad. Por su parte, Asociana administrará 144.000 pesos de la comunidad La Esperanza: “80 mil para los técnicos y 60 para la comunidad”, afirmaron entonces.