“Quiero que quede bien claro, es la primera vez en 17 años que la República Argentina tiene que importar gas y petróleo y que esto nos significa un pasivo hidrocarburífero, por primera vez en la historia, de más de 3.000 millones de dólares”. Estas palabras pronunciadas por Cristina Fernández al anunciar la expropiación parcial de YPF, además de autoincriminatorias, describieron un desesperanzado escenario que, sin embargo, venía siendo descripto desde mucho tiempo atrás. En tiempos que gobernaba Néstor Kirchner y la situación no era aún grave, se formularon advertencias, nunca escuchadas, sobre la posibilidad de un futuro económico difícil, al cual la Presidenta ha otorgado ahora un estado de certeza.

Cuando el costo del barril trepó de 25 dólares en 2002, hasta el récord de 140 dólares en julio de 2008, la preocupación llevó a un grupo de exsecretarios de Energía de la Nación, peronistas y radicales, a trabajar sobre la producción energética nacional y al cabo de casi un año se concretó en un documento, “Propuesta de una política de Estado para el sector energético argentino”, que se hizo público el 11 de marzo del 2009.

En su inicio expresaba: “El sector energético afronta serios problemas estructurales sin soluciones a la vista; para resolverlos se debe formular una política de Estado a largo plazo; Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto”. Entre las causas del atraso productivo los autores señalaron distorsiones, una de las cuales vale como síntesis: “No hay planificación energética de largo plazo”.

Eso afirmaron en 2009 Jorge Lapeña, Alieto Guadagni, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat, Enrique Devoto y Emilio Apud, quienes ejercieron la conducción de la Secretaría de Energía en alguno de los gobiernos entre 1986 a 2003. “Tenemos un sector energético en declinación productiva persistente. Se trata de la manifestación de un problema estructural que abarca cinco aspectos: políticos, institucionales, legales, técnicos y tarifarios”, afirmaron. Junto a la descripción propusieron también las medidas y acciones necesarias para alcanzar el inicio de las soluciones. Hay que recordar que, además, los ocho exsecretarios en 2010 enviaron una carta al actual secretario de Energía pidiendo información sobre las importaciones de fuel oil desde Venezuela, que se compraba más caro que el que exportaba para esa misma época el país, un sinsentido que llevó adelante la petrolera estatal argentina Enarsa, fundada por Néstor Kirchner en 2004.

Ahora la Presidenta ha descubierto que el país ya no tiene recursos para la importación de combustible, circunstancia que se produce por la falta de políticas energéticas imputables a su administración y a la de su marido. Al describir los hechos, aceptó implícitamente su responsabilidad política, una novedad impensada, fuera del manual del kirchnerismo. En lugar de echarle la culpa a las administraciones anteriores de 2003 hacia atrás -como lo ha hecho regularmente-, aceptó que una de las causas del actual escenario en abastecimiento de hidrocarburos ha sido un insuficiente control estatal. Es cierto, porque si se cumpliese a rajatabla la ley que creó Enarsa S.A. el presente energético argentino debería de ser otro.

Podría afirmarse que el reconocimiento formulado por la presidenta Cristina Fernández es lo más parecido a un sincericidio político, novedad inaugurada en el país poco tiempo antes por el actual vicepresidente, en una conferencia de prensa. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, lo cometió en grado de tentativa cuando concurrió al Senado el martes.

Estos sinceramientos de la dirigencia política argentina han resultado casi simultáneos con las reflexiones del Nobel Paul Krugman, publicadas bajo el título “Europe's Economic Suicide”, en las que señala “la aparente decisión de los líderes europeos de acometer un suicidio económico colectivo”, porque en lugar de repensar las políticas que originaron la situación actual “insisten en sus políticas e ideas fracasadas, siendo cada vez más difícil pensar que cambiarán de rumbo”. En el caso argentino el suicidio político de la dirigencia está llevando al enfrentamiento comercial, y posiblemente judicial, con demasiados Estados extranjeros. Para la Argentina es lo más parecido a un suicidio económico colectivo.

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