Sr. Procurador General, Dr. Pablo López Viñals, lamento que durante tanto tiempo -desde enero de 2012- haga oídos sordos ignorando los legítimos reclamos laborales que buscan efectivizar derechos humanos fundamentales del personal contratado del Ministerio Público de Salta que usted preside, evidenciando su actitud menosprecio no sólo hacia estas personas que al ser empleados públicos gestionan los intereses de la sociedad sino también hacia nuestra legalidad y nuestra Constitución.
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Sr. Procurador General, Dr. Pablo López Viñals, lamento que durante tanto tiempo -desde enero de 2012- haga oídos sordos ignorando los legítimos reclamos laborales que buscan efectivizar derechos humanos fundamentales del personal contratado del Ministerio Público de Salta que usted preside, evidenciando su actitud menosprecio no sólo hacia estas personas que al ser empleados públicos gestionan los intereses de la sociedad sino también hacia nuestra legalidad y nuestra Constitución.
El reclamo fue iniciado primero por doce abogados que fueron dejados sin trabajo de un día para el otro durante la primera quincena de la feria judicial obligados a realizar. Inmediatamente se sumó la reclamación por los empleados contratados desde hace 6,5,4,3 años a la fecha puesto que se violan severamente derechos amparados constitucionalmente, a saber: 1) estabilidad en el empleo público, 2) igual remuneración por igual tarea, 3) derecho a la carrera laboral del personal del Ministerio Público, conforme artículo 64 de la Constitución Provincial y artículo 17 del Reglamento General del Ministerio Público, 4) derecho a la igualdad y no discriminación, siendo la ley nacional 23.592 la que protege contra la discriminación tanto a trabajadores privados como públicos.
Pese a los reiterados reclamos la política institucional del organismo que Usted preside ha sido mantener a los empleados contratados con sus derechos fundamentales disminuídos, mientras ingresan personas directamente en planta permanente frustrando las legítimas expectativas de los empleados contratados de obtener su estabilidad laboral.
La discriminación laboral de los contratados se configura por el hecho que realizan el mismo trabajo que los empleados de planta permanente pero tienen distinta situación laboral, siendo la de los contratados de precarización.
La discriminación laboral implica siempre violencia laboral. Toda discriminación entraña exclusión. La discriminación y la violencia traen como consecuencia gravísimos daños debiendo usted hacer cesar la conducta que los origina cambiando de inmediato la ilegal política laboral seguida hasta ahora en la institución, daños que por otra parte también dan lugar a indemnizaciones reparatorias por medio de las acciones judiciales correspondientes.
La discriminación y la violencia laboral producen estrés laboral que se manifiesta como cansancio y agotamiento en el trabajador y es su responsabilidad como empleador la preservación de la salud del trabajador en el ambiente laboral y esto no sólo se refiere a la cobertura de la obra social pertinente sino a la responsabilidad por no haber prevenido y por no haber realizado las correcciones oportunas en la ilegal política de contratación que se le vienen reclamando de forma pública e insistente. Están también, aparte de la discriminación y la violencia laboral, las figuras del acoso laboral y del bossing. En acoso laboral no sólo pueden incurrir los empleadores privados sino también los públicos y las estructuras públicas que violentan, acosan y maltratan a sus empleados logrando cansancio y desequilibrio emocional en los mismos afectando su salud mental y casi indefectiblemente al entorno más próximo de los trabajadores.
El bossing por su parte también puede ser realizado por empleadores públicos y la finalidad del mismo es lograr que el empleado se vaya del trabajo por cansancio, que renuncie.
Todos los que trabajamos en el Ministerio Público conocemos casos de contratados que renunciaron y se alejaron de la Institución cansados del maltrato, la discriminación y la violencia que implica la ilegal e inconstitucional política de contratación anual reiterada durante años que se viene practicando sin cesar pese a los reclamos realizados.
Sr. Procurador, usted se imaginará que no es fácil para mi dirigirle esta carta abierta, usted es quien preside el Ministerio Público de Salta donde me desempeño laboralmente y además cuenta con el apoyo de quienes son las máximas autoridades en la Provincia: el Sr. Gobernador y el Sr. Presidente de la Cámara de Senadores, pero al asumir el cargo de Defensora Oficial en el año 1994 he jurado defender la Constitución y las leyes de la Nación.
En la Constitución se establece la función primordial del Ministerio Público de defender la legalidad y los derechos humanos de las personas, es mi deber exigirle a Usted por todos los medios a mi alcance que cumpla con sus obligaciones constitucionales garantizando los derechos de quienes trabajan todos los días junto a nosotros- los magistrados requirentes del Ministerio Público- quienes hacen que nuestro trabajo sea posible y efectivo, basta pensar que haríamos sin los empleados encargados de las notificaciones o los empleados de servicios generales que llevan los expedientes a los distintos juzgados y limpian nuestras oficinas.
Le pido termine con esta situación prolongada de injusticia laboral porque está en sus manos hacerlo y porque es su responsabilidad.