La concentración de poder y la intervención política en el andamiaje de la Justicia provincial, en este caso en el Ministerio Público, quedaron en evidencia una vez más tras una sorpresiva resolución que se conoció dentro de la Defensoría General, luego de que su titular, Luis Felix Costas se jubilara el pasado 31 de octubre.

Horas después de ese trámite, que ya se venía anunciando hace por lo menos tres meses atrás, se confirmó que quien quedó en su reemplazo es el jefe de los fiscales, el procurador Pablo López Viñals. De esta forma, el polémico procurador -apadrinado por el gobernador Juan Manuel Urtubey- se convirtió antagónicamente en jefe de los que acusan (fiscales) y al mismo tiempo de los que defienden (defensores), en los procesos judiciales que le corresponden al Ministerio Público.

En los hechos, defensores y asesores comparten la funcionalidad de defender derechos y proteger justiciables, en tanto que los fiscales acusan. Ahora López Viñals es, arbitrariamente, el jefe de dos áreas que deberían funcionar en forma confrontativa para garantizar el sistema republicano. Su nombramiento es una “aberración jurídica bajo todo punto de vista”, señalaron funcionarios de la Defensoría General, que pidieron reserva de su identidad.

Esas fuentes recordaron que el 1 de noviembre, horas después del acto de despedida al Dr. Luis Félix Costas, se solicitó el libro de reemplazos y con gran sorpresa observaron que el procurador López Viñals era ahora también el Defensor General.

“Fue una resolución totalmente antiética y carente de decoro la que tomó López Viñals, poniendo en riesgo la normal actuación de los defensores oficiales de la Provincia. Aprovechando la jubilación de Félix Costas, el procurador solicitó al Poder Ejecutivo que demore la designación del nuevo jefe de defensores y se autonombró reemplazante interino” aseguraron las fuentes.

Para los defensores es una situación tensa e inquietante, ya que al jubilarse Félix Costas, el procurador López Viñals asumió el control del 70 % del Ministerio Público, con facultades de dar directivas a todos los defensores de la provincia y -quizás lo más apetecible- disponer del presupuesto de esa área en los últimos meses de año.

El Ministerio Público salteño, en su conformación autónoma e independiente, está conformado por tres partes claramente separadas entre sí: la Procuración General, con todos sus fiscales; la Defensoría General, con sus defensores oficiales; y la Asesoría General con los asesores de incapaces ante la ley.

Las autoridades de cada una de esas partes integran el Colegio de Gobierno y pueden reemplazarse entre sí. Pero las incumbencias y especificidades de cada área hicieron común que el Procurador General tenga como reemplazante natural a sus segundos, los fiscales ante la Corte; y que el Defensor General y la Asesora General se reemplacen mutuamente. De hecho es la primera vez en la historia del Ministerio Público que el Procurador es también Defensor General, ya que sus funciones son opuestas y antagónicas.

Plazos, procesos y sospechas

Se sospecha que el inaudito nombramiento de Pablo López Viñals como Defensor General interino cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo provincial, dado que el gobernador Urtubey está demorando, sin fundamentos aparentes, la nominación del reemplazante de Félix Costas, quien comunicó hace más de tres meses que el 31 de octubre sería su último día en la función.
El procedimiento para este reemplazo es potestad personalísima del gobernador.
Los requisitos para ser miembro del Colegio de Gobierno del Ministerio Público son los mismos que para jueces de Corte, pero lo que cambia con respecto a la designación es que a los jueces se los propone públicamente, mientras que para los del Colegio de Gobierno no es necesario.
De tal forma el gobernador es quien decide sobre los integrantes del órgano jurídico.
Algunos rumores indican que sería María Inés Diez, la actual ministra de Justicia, quien reemplazará a Félix Costas como Defensora General.
El gobernador no tiene plazos para la designación del reemplazante por lo que también se sospecha que la llegada de López Viñals a la Defensoría General, sería para allanar el camino a la funcionaria de Urtubey.
Bajar líneas y “adoctrinar a los defensores” sería su función inmediata, similar a la que aplica con los fiscales en los ámbitos de la Procuración.

Lo que venía ocurriendo

Los reemplazos naturales que se venían dando entre los integrantes del Colegio de Gobierno del Ministerio Público hasta ahora estaban regidos por el principio de funcionalidad, es decir que por sus funciones antagónicas, nunca el procurador pudo haber reemplazado al defensor general.
Una clara prueba de ello ocurre dos veces al año, en ocasión de las ferias judiciales de enero y julio. Allí, de acuerdo a la propia difusión que realiza semestralmente el Ministerio Público, el procurador López Viñals deja como reemplazante en sus vacaciones al Fiscal ante la Corte 1, Alejandro Saravia; mientras la Asesora General Mirta Lapad y el Defensor General Luis Costas se reemplazaban mutuamente.

Una tensa situación entre los defensores oficiales

La situación es más que inquietante para los defensores oficiales de la provincia, que en los últimos meses hicieron conocer su descontento por el excesivo crecimiento de la Procuración General en detrimento del resto del Ministerio Público.
Un chequeo al Boletín Oficial durante los últimos 17 meses da cuenta de más de cincuenta cargos creados de fiscales y auxiliares de fiscales en toda la provincia, contra sólo un par de defensores oficiales.
Además, el nuevo Código Procesal Penal le otorgó tanto poder a los fiscales, que prácticamente ni les comunican a los defensores de turno acerca de las actuaciones que hoy comandan, especialmente si los operativos y medidas judiciales se realizan los fines de semana o días no hábiles. La mentada “igualdad de armas” entre fiscales y defensores, que debe regir todo proceso penal, está desapareciendo a pasos agigantados en nuestra provincia, indicaron fuentes de la Defensoría.
Allí recuerdan que, en su ambición, López Viñals no se conformó con la designación de procurador. Accedió a la presidencia del Colegio de Gobierno en forma rotativa; pero una vez con el título de Presidente, le gustó tanto que no lo abandonó nunca más.

 


 

 

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