Creyeron que robar y luego vender los objetos por internet iba a quedar impune, y eso los condenó. Lo mismo sucedió con las cámaras de seguridad. Ayer, la Policía de Córdoba detuvo al menos a un centenar de personas, entre la mañana y la tarde, todas acusadas de participar en la violenta ola de saqueos que afectó a la capital provincial y otras localidades, en medio del acuartelamiento policial que duró 36 horas entre el martes y miércoles.
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Creyeron que robar y luego vender los objetos por internet iba a quedar impune, y eso los condenó. Lo mismo sucedió con las cámaras de seguridad. Ayer, la Policía de Córdoba detuvo al menos a un centenar de personas, entre la mañana y la tarde, todas acusadas de participar en la violenta ola de saqueos que afectó a la capital provincial y otras localidades, en medio del acuartelamiento policial que duró 36 horas entre el martes y miércoles.
Ayer, el día después del arreglo salarial que volvió a sacar a los policías a la calle, la ciudad retomaba su ritmo habitual con algunos resabios de lo sucedido.
En la ciudad de Córdoba, luego de dos días de estar cerrados, los bancos volvieron a abrir igual que las reparticiones públicas. Los vecinos, en distintos barrios, ayudaban a limpiar veredas y calles, y colaboraban con los comerciantes damnificados por los saqueos.
Arrestos
El comisario Gabriel Alvarez explicó que los detenidos, varios de los cuales fueron apresados tras publicar objetos robados en Facebook, fueron imputados en la mayoría de los casos por “hurto calamitoso”, delito que prevé penas de entre tres y seis años de prisión.
Se trata de un delito previsto en el Código Penal, que se consuma cuando se afectan bienes librados a la custodia de la “confianza común” aprovechando las facilidades “provenientes de cualquier desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado”.
Pero también se les imputaron otros delitos, tales como hurto, robo o hurto calificado.
Todos los detenidos fueron derivados a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), del barrio Gemes, a disposición de los fiscales provinciales José Mana, Adriana Abad, Raúl Garzón y Jorgelina Gutiez, que investigan los desmanes.
En tanto, el comisario Alvarez indicó que se recuperaban gran cantidad de objetos robados, los que estaban siendo depositados en la Escuela de Policía provincial.
“Es muchísima la cantidad. Se están llevando a la Escuela de Policía, hay bebidas, electrodomésticos, televisores, una máquina Bobcat sustraída de Fiat”, afirmó. Al galpón también se llevaron varias motos 0km recuperadas.
El jefe policial señaló que para la detención de los sospechosos se utilizaron las cámaras de seguridad urbanas y las mismas publicaciones que realizaron los saqueadores en redes sociales para intentar colocar los productos.
“El 99 por ciento de los que han delinquido y exhiben sus elementos por Facebook han sido detenidos”, sostuvo el jefe de Policía en una conferencia de prensa.
El miércoles a la mañana ya había 52 detenidos por participar en los saqueos y ataques a comercios y la cifra se duplicó luego de que los agentes retomaran sus actividades, tras el incremento salarial acordado con el gobernador José Manuel de la Sota.
Indemnización
En medio de la jornada de reconstrucción, el Instituto Asegurador Mercantil confirmó que indemnizará a los clientes que hayan sufrido algún tipo de saqueo o daño en sus comercios o viviendas en Córdoba.
La entidad indicó que si bien en algunos seguros, eventos como los saqueos están excluidos de la cobertura, se dará asistencia a clientes afectados para acompañarlos en esta delicada circunstancia.
“Son acciones deliberadas”
El Gobierno atribuyó ayer los ataques y saqueos a comercios de Córdoba y Buenos Aires a “acciones deliberadas de grupos determinados”, ratificó que la seguridad pública es una responsabilidad “de las provincias” y también cargó contra la Justicia.
“Existen acciones deliberadas por parte de grupos determinados, muchos de los cuales tienen antecedentes por causas preexistentes, con el objetivo de provocar daños”, señaló el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una conferencia en la Casa Rosada ayer.
El funcionario, además, volvió a señalar que la responsabilidad por la seguridad en Córdoba y en Buenos Aires, donde se produjeron saqueos, es “de las provincias” y sostuvo que el Gobierno nacional dialogó ya con “doce gobernadores” sobre la “construcción de una agenda bilateral” para combatir las situaciones que “perjudiquen la vida y el patrimonio de los argentinos”.
El funcionario leyó los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional para justificar la no intervención de las fuerzas federales en el conflicto social generado en Córdoba e insistió con que “en ningún momento” dijo que el Gobierno nacional “no iba a utilizar a la Gendarmería como refuerzo”.
Dijo además tener “perfectamente los elementos” que confirman que el requerimiento del Gobierno cordobés se efectuó a las 8.40 de la mañana del miércoles, por fax, y no antes, al tiempo que sostuvo que “Twitter no es la vía formal para requerir a las fuerzas de Gendarmería nacional”.