El procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, pidió que se rechace la acción judicial que iniciaron referentes feministas con la intención de que se agilice el acceso al aborto para víctimas de violación en la provincia.

El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades hizo una presentación judicial porque considera que el Gobierno de Salta intenta obstaculizar la interrupción de la gestación, que en 2012 quedó permitida para embarazadas como producto de un hecho de violencia sexual.

La organización cuestiona que la Provincia exija que las víctimas presenten una denuncia penal o declaración jurada ante un funcionario del Ministerio Público en la que aseguren haber sufrido una violación si quieren realizarse la práctica.

El Foro de Mujeres señala que el requisito que impuso Salta es un paso burocrático innecesario y que eso implica una “revictimización”.

El sector feminista destaca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que no se puede penar el aborto cuando el embarazo es resultado de un delito sexual y estableció que solo se necesita hacer una declaración jurada ante el hospital para acceder a la intervención.

López Viñals presentó un escrito ante la Justicia en el que pide rechazar la demanda del Foro de Mujeres y considera que el pedido se basa en argumentos “conjeturales e hipotéticos”.

El procurador consideró que la intervención de un funcionario del Ministerio Público no obstaculizaría la atención a las mujeres abusadas y opinó que tal paso ayudaría a que la víctima tenga “acceso a la información” sobre sus derechos.

López Viñals también se refirió a la necesidad de evitar “casos fabricados”, es decir, de mujeres que pidan interrumpir el embarazo sin haber sufrido una violación.

Entre otros cuestionamientos, el procurador sostiene que no se puede presentar una demanda sobre un daño conjetural sin que haya una situación concreta que afecte a una persona.

Graciela Abutt Carol, abogada especializada en cuestiones de género que representa al Foro de Mujeres, adelantó que haría una presentación esta semana para cuestionar la intervención de López Viñals.

La letrada aseguró que no hay razones formales para que el procurador se sume a la causa e informó que no había sido oficialmente notificada sobre su participación.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el aborto no se puede penar cuando se hace para detener un embarazo que es resultado de un abuso sexual.

Tras el fallo del máximo tribunal nacional, el Gobierno de Salta reglamentó la forma en que se haría el aborto en Salta.

El Foro de Mujeres pide que se declare inconstitucional el decreto por el cual se fijó la obligación de que las víctimas hagan denuncias penales o declaraciones juradas ante el Ministerio Público. Acompaña la demanda la defensora oficial civil Natalia Buira, quien argumenta que se pretende que los defensores y asesores que forman parte del Ministerio Público cumplan funciones que no les corresponden.

La causa está en la Corte de Justicia de Salta y, desde la semana pasada, está en condiciones de que empiecen a emitir su voto los miembros del cuerpo. Según confirmaron fuentes judiciales, en este momento está evaluando el expediente el presidente del alto tribunal, Guillermo Posadas.

Salta, entre las que ponen trabas

Salta está entre las provincias que no se ajustan cabalmente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró que las víctimas de violación pueden abortar. Así lo señala una investigación de la organización nacional ADC (Asociación por los Derechos Civiles)

Cinco provincias redactaron protocolos que indican cómo se debe hacer la interrupción del embarazo en estos casos y se adaptaron a lo dispuesto por el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti.

Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Tierra del Fuego se encuentran en esta situación y son las más respetuosas de la decisión judicial.

Ocho jurisdicciones, entre las que se cuenta Salta, instruyeron a los hospitales sobre cómo realizar abortos a víctimas de delitos sexuales pero pusieron “exigencias que podrían dificultar el acceso” a la práctica. Algunas de estas trabas pueden ser la obligación de presentar una denuncia penal u otros requisitos considerados burocrácticos.

La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén son las que también están obedeciendo “en forma parcial” el fallo de la Corte.

Mendoza, San Luis, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz y San Juan son las que directamente no tomaron ninguna medida para que se respete la decisión del máximo tribunal del país.

En Salta, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se interpusieron acciones judiciales a favor o en contra de los protocolos que re gulan el aborto.

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