El caso de Isonza difícilmente será olvidado. Pasaron 9 meses desde que el niño de 7 años, Luciano Martínez, murió por aparente mala praxis en el Hospital Público Materno Infantil, luego de llegar derivado desde Cachi tras sufrir un golpe en la escuela. A raíz de ello, la Justicia intervino. Abrió una causa y ordenó, en diciembre, un peritaje dentro de la institución. Y la fiscal penal María Gabriela González ya cuenta con los resultados. El Tribuno tuvo acceso al informe, documento que será considerado una prueba en la investigación. Los resultados son duros y los peritos muestran disidencia en varios puntos. Según la evaluación realizada por estos profesionales, la muerte del niño era evitable. Las falencias estuvieron (para casi todos los peritos) en el diagnóstico y tratamiento tardío, y ponen énfasis en la demora de la cirugía. Manifestaron por escrito a la fiscal que “el fallecimiento del menor Luciano Martínez era evitable. Observamos falencias en el sistema hospitalario que podrían haber contribuido a tal desenlace”. Con un solo profesional en disidencia, el resto de los peritos coincidieron en que la actuación médica con clara relación en el desenlace fatal del niño “es la postergación de la cirugía una vez que se tenía el diagnóstico del hematoma epidural”. Respecto a ello, el abogado de la familia de la víctima, Pablo Tobío, sostuvo que “el documento solo busca apuntar contra el neurocirujano Federico Chuchuy como responsable por demorar la operación, pero la negligencia estuvo desde que el niño llega hasta al hospital”, expresó. Hay quienes reconocen en el peritaje que “la falta de observación que recibió el niño durante las 2 y las 6.30 constituye una falta de lex artis ad-
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El caso de Isonza difícilmente será olvidado. Pasaron 9 meses desde que el niño de 7 años, Luciano Martínez, murió por aparente mala praxis en el Hospital Público Materno Infantil, luego de llegar derivado desde Cachi tras sufrir un golpe en la escuela. A raíz de ello, la Justicia intervino. Abrió una causa y ordenó, en diciembre, un peritaje dentro de la institución. Y la fiscal penal María Gabriela González ya cuenta con los resultados. El Tribuno tuvo acceso al informe, documento que será considerado una prueba en la investigación. Los resultados son duros y los peritos muestran disidencia en varios puntos. Según la evaluación realizada por estos profesionales, la muerte del niño era evitable. Las falencias estuvieron (para casi todos los peritos) en el diagnóstico y tratamiento tardío, y ponen énfasis en la demora de la cirugía. Manifestaron por escrito a la fiscal que “el fallecimiento del menor Luciano Martínez era evitable. Observamos falencias en el sistema hospitalario que podrían haber contribuido a tal desenlace”. Con un solo profesional en disidencia, el resto de los peritos coincidieron en que la actuación médica con clara relación en el desenlace fatal del niño “es la postergación de la cirugía una vez que se tenía el diagnóstico del hematoma epidural”. Respecto a ello, el abogado de la familia de la víctima, Pablo Tobío, sostuvo que “el documento solo busca apuntar contra el neurocirujano Federico Chuchuy como responsable por demorar la operación, pero la negligencia estuvo desde que el niño llega hasta al hospital”, expresó. Hay quienes reconocen en el peritaje que “la falta de observación que recibió el niño durante las 2 y las 6.30 constituye una falta de lex artis ad-
hoc (lex artis es un termino que se utiliza para aludir a que el profesional actúa conforme a lo que debe hacer). Si bien los peritos sostienen que el niño ingresó asintomático, las declaraciones de Rodolfo Churquina y de la madre de la víctima contrastan con ello. Churquina es el padre de una niña que se encontraba internada en la misma sala que Luciano Martínez. Este, relató ante la fiscal que “el menor estaba molesto”, “se quejaba”, decía que “le dolía la cabeza”, “y por momentos se descompuso y vomitaba”. Incluso, 4 peritos consideraron que con los antecedentes que remitió el doctor Alfredo Belmont cuando derivó al paciente, “se hacía necesaria la valoración por Neurocirujía a la llegada del niño al hospital”. Hay tres médicos imputados por aparente mala praxis: Walter Pereyra, Alberto Aleman y José Muela. Los 3 contaron con peritos.