La nueva ley de mercado de capitales quedó reglamentada a través del decreto 1023/2013 publicado hoy en el Boletín Oficial y que fuera firmado el miércoles por la presidente Cristina Kirchner durante el acto de conmemoración del 159 aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La presidente Cristina Kirchner había anunciado anoche la firma del decreto 1023 que “tornará definitivamente operativa” la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, que a su juicio hará al sistema “más ágil, más profundo, más eficiente, más transparente y más seguro”.
La jefa de Estado formuló el anuncio en el acto de conmemoración del 159 aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La Presidente destacó que la nueva ley reemplaza a “la vieja ley (17.811) de la dictadura” de Juan Carlos Onganía, de 1968 y anticipó que el decreto de promulgación iba a ser publicado hoy como finalmente sucedió.

El decreto explica que el propósito es “el desarrollo del mercado de capitales en forma equitativa, eficiente y transparente, protegiendo los intereses del público inversor, minimizando el riesgo sistémico, fomentando una sana y libre competencia”.

Por otro lado, explica que “se concentra en la Comisión Nacional de Valores (...) el control de todos los sujetos de la oferta pública de valores negociables a fin de promover y fortalecer la igualdad de trato y de participación, creando mecanismos que permitan garantizar la eficiente asignación del ahorro hacia la inversión”. Además destaca que “incorpora tendencias mundiales referidas a prácticas de gobierno corporativo, que ya han sido adoptadas por muchos de los mercados emergentes”.

Del nuevo mercado de capitales podrán participar “asociaciones sindicales, asociaciones y cámaras empresariales, organizaciones profesionales, escribanos, profesionales matriculados en los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, abogados y otros sujetos que cumplan con los requisitos de cada categoría de agentes”.


Las 10 claves para entender el nuevo escenario

1) El Gobierno prepara una estrategia de publicidad a través de una campaña de difusión de las distintas herramientas de ahorro para lanzar tras la reglamentación del mercado de capitales, con el objetivo de llegar al millón de ahorristas en dos años.

2) El Ejecutivo quiere que el mercado bursátil alcance el doble de los 500.000 ahorristas que ahora tienen bonos y acciones.

3) Para esto se creará una capacitación para que los asesores financieros divulguen los nuevos instrumentos de ahorro disponibles y no tradicionales. Los encargados de tramitar las acreditaciones serán algunas instituciones ligadas al mercado de capitales y las universidades públicas, que también estarán habilitadas para calificar a las empresas que quieran entrar en la Bolsa. Estos cursos de capacitación tendrán un costo de entre $1.500 y $3.000 por empleado.

4) Con la nueva ley habrá operadores financieros que cobrarán menos comisiones y un nuevo mercado más regulado por la CNV, que aumente la transparencia.

5) A partir de la nueva normativa tendrán más facilidades para llegar a la Bolsa los municipios, provincias y empresas chicas.

6) Creará un nuevo registro de asesores idóneos que reemplazará al actual para asegurarse que los consejeros de los bancos, sociedades de Bolsa y otras entidades financieras difundan las opciones de ahorro orientadas al sector productivo.

7) Se integrará la plataforma tecnológica de los mercados de capitales del país. Aquí jugará un rol fundamental la flamante Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), donde la Bolsa y el Merval quedaron con el 50% de las acciones de la nueva institución.

8) Las calificadoras esperan un dato crucial en la reglamentación: cuáles serán las agencias que cumplirán con los requisitos para calificar la emisión de deuda soberana, provincial y de empresas. La Ley habilitó también a las universidades para que desempeñen esa función.

9) La CNV podrá designar veedores con facultad de poder vetar las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad, también puede separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas y acudir directamente al auxilio de la fuerza pública.

10) Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores podrá requerir al juez competente el allanamiento de lugares privados, iniciar acciones judiciales y reclamar el cumplimiento de sus decisiones y denunciar delitos o constituirse en parte querellante. Un punto central es que el organismo de control puede solicitar todo tipo de información a organismos públicos y a cualquier persona física o jurídica.
 

Últimas Noticias

Últimas Noticias de

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...