Una causa contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el acuerdo entre las petroleras YPF y Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, deberá continuarse. A pesar de la opinión del fiscal Eduardo Taiano, la Cámara Federal ordenó que se siga investigando la denuncia realizada por el partido Nueva Izquierda contra el acuerdo YPF - Chevron.
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Una causa contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el acuerdo entre las petroleras YPF y Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, deberá continuarse. A pesar de la opinión del fiscal Eduardo Taiano, la Cámara Federal ordenó que se siga investigando la denuncia realizada por el partido Nueva Izquierda contra el acuerdo YPF - Chevron.
Lo resolvió la Sala II del Tribunal que anuló el dictamen de la fiscalía por el cual se había desestimado la denuncia contra la Presidenta por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.
El fiscal Taiano había considerado que no había delito al considerar que no hubo “irregularidad o inobservancia legal”, por lo que hacía “descartar la tipicidad de las conductas denunciadas”.
Pero la Cámara Federal consideró que “existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”, y coincidió con el criterio que había adoptado la jueza federal María Servini de Cubría.
La denuncia la habían hecho los diputados de Nueva Izquierda Alejandro Bodart y Enrique Viale por la firma del decreto 929/2013.
Según los denunciantes, el acuerdo benefició a la firma Chevron en cuanto a la explotación del yacimiento Vaca Muerta y remarcaron la posibilidad de que se produzca daño ambiental por el sistema de extracción del gas y petróleo no convencional, llamado “fracking”.
“El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa”, dijo la Cámara, con la firma de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun.
En su voto, el tercer camarista, Eduardo Farah, avaló el rol de contralor de la Fiscalía sobre las denuncias penales y votó por mantener el dictamen del fiscal.
“Es necesario señalar que, además, la conclusión a la que arribó el fiscal no sólo estuvo anclada en una visión estrictamente formal de los hechos, sino también parcializada, pues ha soslayado otros aspectos que fueron incluidos en la ampliación de la denuncia”, señaló el Tribunal.
El origen
El año pasado, los diputados de Nueva Izquierda habían presentado la denuncia contra la Jefa de Estado, poco después de que firmara el decreto 929 y luego del acuerdo entre YPF y Chevron.
En efecto, el expediente gira en torno del Decreto 929/2013 que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.
“Es de destacar que el mencionado Decreto, simultáneo con la firma de un acuerdo entre la empresa YPF y la empresa multinacional Chevron (ex Standard Oil), ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta”, sostiene la denuncia que dio lugar a la causa 6842.
El acuerdo que generó la denuncia penal
El 16 de julio del año pasado, directivos de la petrolera argentina YPF y su par norteamericana Chevron firmaron un acuerdo para la explotación de petróleo no convencional en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, el mayor de este tipo en Argentina. Era el fin de diez meses de negociaciones.
El convenio incluyó la perforación de más de cien pozos petroleros en el primer año y una inversión de 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.240 millones corresponden a la etapa inicial.
En la segunda etapa, según informó entonces YPF, se prevé la perforación de más de 1.500 pozos adicionales para alcanzar, en 2017, una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas natural por día.
Nueva Izquierda denuncia que el decreto que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos en Vaca Muerta viola la ley de hidrocarburos, lo cual constituye abuso de autoridad, y plantea también la existencia del delito de contaminación en grado de tentativa porque la extracción del hidrocarburo se hará con la técnica del “fracking”.