El gobernador Juan Manuel Urtubey mandó el pliego para que el Senado preste el acuerdo que le permita renovar por seis años más a Pablo López Viñals en el cargo de Procurador General.
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El gobernador Juan Manuel Urtubey mandó el pliego para que el Senado preste el acuerdo que le permita renovar por seis años más a Pablo López Viñals en el cargo de Procurador General.
Todo indica que será un trámite. La comisión de Justicia Acuerdos y Designaciones de la Cámara alta, que preside el senador por La Viña, Jorge Soto, recibió ayer protocolarmente a López Viñals y todo quedó en condiciones para que los senadores otorguen el acuerdo esta tarde.
Además de Soto, también integran la comisión legislativa, Mashur Lapad, Alfredo Jorge, Santiago Payo, Roberto Gramaglia, Ernesto Gómez (PJ) y Miguel Nanni (UCR).
La entrevista se produjo en simultáneo con el informe que el ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D'Andrea, brindó a diputados con respecto a las 1.400 denuncias por torturas y violencia policial -casi cinco por día- registradas a lo largo de 2013. -En estos días, el reciente caso de un linchamiento a dos estudiantes en una comisaría de General Gemes aún no fue esclarecido-. También ayer, el jefe de la Policía, Marcelo Lami, consideró que se trata de casos “excepcionales”.
La coincidencia no es menor, y eso salta a la vista si se toma en cuenta la importancia estratégica que Urtubey asigna al procurador y a que en el actual ordenamiento jurídico, los casos mencionados son de incumbencia directa de los fiscales.
López Viñals fue un protagonista necesario en la política de concentración de poder del Ejecutivo en el ámbito policial y penal, materializada en la reforma del Código Procesal Penal, que otorgó mayor protagonismo a los fiscales, y en los superpoderes otorgados a la policía provincial, autorizada para realizar operaciones sin control ni orden judicial.
Reconocido por su capacidad de despliegue y con el apoyo incondicional del gobernador Urtubey, López Viñals es el actor que pone en práctica la visión populista de la Justicia, donde la división de poderes se diluye y los fiscales, defensores y jueces deben subordinarse finalmente al gobernante.
A nivel nacional, el actual jury al fiscal José María Campagnoli es un ejemplo de esta visión ideológica no republicana ni democrática.
A nivel local, en los hechos, el cuerpo de fiscales, conducidos con mano de hierro y controlados en forma obsesiva e implacable, funciona con destreza para archivar causas incómodas y, con la misma celeridad, convertir en causas penales a meras opiniones periodísticas. Es lo mismo que ocurre en la Venezuela chavista.
Más propenso a escribir que a hablar
Pablo López Viñals, dicen los jueces que no lo quieren, no pudo superar nunca el trauma de no haber llegado a la magistratura por concurso público. Sus apariciones en público son efímeras y una de sus aptitudes más notables es haber logrado que ningún fiscal hable con los medios de comunicación. Sin embargo, la comunicación es estratégica para su gestión al frente del Ministerio Público, pero de eso se ocupa personalmente.
Dueño de una prosa que en Tribunales conocen perfectamente, algunos detalles permiten sospechar con fundamentos sobre su autoría en ciertas publicaciones que aparecen en diarios oficialistas. Ningún periodista tiene su estilo -no podría tenerlo- y la estructura de tales notas es coloquial y poco clara.
López Viñals refleja una visión ideológica omnipotente, que descree del orden legal vigente y, sobre todo, del rol de la Ley como reguladora de la vida de la sociedad, a la que deben someterse gobernantes, jueces, y legisladores.
En este perfil, que algunos llaman populista pero que abreva en las fuentes más antiguas del autoritarismo, la Ley debe ser una suerte de disposición transitoria según sean las necesidades del gobernante.