Sin dudas que la semana que se inicia será clave para resolver un viejo problema iniciado en 2001 cuando la Argentina declaró cesación de pago de una deuda que ascendía a US$ 88.100 millones. Por esos día el país decidió no pagarla, llegando a la exaltación y al clima triunfalista, creyendo que los mercados se iban a olvidar. Curiosamente como una fotografía del pasado, aunque en menor medida, la situación se repitió. A cada arenga de las máximas autoridades, Thomas Griesa respondía judicialmente. Es más, parecía anticipar que esta vez, los mercados no iban a olvidar. Desde su inicio, la historia de la deuda argentina tiene aristas interesantes que -a lo largo del tiempo- acompañaron un complejo proceso de reestructuración, quizás a partir del mismo momento de la estrepitosa caída.
inicia sesión o regístrate.
Sin dudas que la semana que se inicia será clave para resolver un viejo problema iniciado en 2001 cuando la Argentina declaró cesación de pago de una deuda que ascendía a US$ 88.100 millones. Por esos día el país decidió no pagarla, llegando a la exaltación y al clima triunfalista, creyendo que los mercados se iban a olvidar. Curiosamente como una fotografía del pasado, aunque en menor medida, la situación se repitió. A cada arenga de las máximas autoridades, Thomas Griesa respondía judicialmente. Es más, parecía anticipar que esta vez, los mercados no iban a olvidar. Desde su inicio, la historia de la deuda argentina tiene aristas interesantes que -a lo largo del tiempo- acompañaron un complejo proceso de reestructuración, quizás a partir del mismo momento de la estrepitosa caída.
Después del default de Argentina en 2001, la mayoría de sus acreedores terminó aceptando una reestructuración. Pero dos hedge funds, Elliott Management y Aureliuos Capital, libraron una larga batalla legal para que le pagaran la totalidad de lo adeudado. El Gobierno argentino siempre prometió que nunca arreglaría con ellos, llamándolos “fondos buitre”, pero una decisión tomada la semana pasada por la Corte Suprema de Estados Unidos obligó a un rotundo cambio en la postura.
Los jueces apoyaron un fallo de un tribunal inferior de 2012 que señala que el tratamiento igualitario exige a Argentina cancelar en su totalidad la deuda con los holdouts correspondiente a los bonos reestructurados.
Esta fecha llegará el 30 de junio cuando el país deba depositar un poco más de US$ 900 millones en Nueva York, sujeto a un posible embargo. Mientras en Rosario en el “Día de la Bandera” sobrevolaba otra vez el clima triunfalista, el juez Griesa, con otra resolución, prohibía cualquier cambio del lugar de pago.
Y si abona a una parte del 7% (los US$ 1.330 millones que quedaron afuera del 2010), deberá pagar en esas mismas condiciones al 93% que aceptó la propuesta argentina en esa oportunidad, porque inmediatamente se activa la cláusula RUFO (Rights Upon uture Offers).
Mediante esta disposición cualquier arreglo con los fondos buitre antes del 31 de diciembre de este año, automáticamente le otorga vía a los otros bonistas a reclamar por US$ 15.000 millones. Una cifra que afectaría casi la mitad de las reservas del Banco Central. Es decir, el objetivo sería terminar de pactar cuando la llamada cláusula RUFO deje de estar vigente.
Los acreedores
Los US$ 18.300 millones de deuda en cesación de pagos que quedaron remanentes de la reapertura del canje de 2010 (ver infografía). Se trata de bonos en manos de tenedores de Italia (suman 200.000 y en su mayoría son jubilados), Alemania, Japón, Estados Unidos, Luxemburgo y un grupo de argentinos. Claro que una parte (casi el 66% ya arreglaron), pero queda el grupo más difícil, a quienes las promesas ya no conforman y están apoyados por un juez, para quien no somos creíbles.
Presionados por el déficit
Las provincias esperan un rápido acuerdo
Las provincias tendrán que emitir deuda aquí y en el exterior antes de fin de año para cubrir un rojo fiscal proyectado de entre 35.000 y 43.000 millones de pesos, por lo cual los gobernadores esperan con expectativa que el Gobierno resuelva cuanto antes el conflicto con los fondos buitre.
Una nota realizada por el periodista Javier Alvarez para NA, destaca detalles interesantes.
La caída en recesión de la economía acompañada por una inflación que desaceleró pero sigue en niveles considerados elevados por especialistas, y un aumento del gasto empujado por los sueldos públicos, puso entre la espada y la pared a más de un mandatario. A solo 16 jurisdicciones les alcanzarán este año las transferencias automáticas de la Nación (coparticipación y fondos de la soja) para pagarles a todos sus empleados: la Ciudad cubrirá solo el 21%; Neuquén, 48%; Buenos Aires, 58% Chubut, 62%; Santa Cruz, 70%; Tierra del Fuego 76%; Mendoza, 82% y Río Negro, 93%.
Según un estudio de la consultora Economía & Regiones, las erogaciones provinciales se acelerarán del 29,9 al 31,6% este año, mientras que el ritmo de variación de los ingresos caerá del 32,5% al 29,5%: esas variables mostrarán una brecha negativa por primera vez desde 2011.
Ante ese escenario, en algunas jurisdicciones como Buenos Aires, Mendoza y Capital Federal estaba todo listo para salir al mercado financiero, pero sus gobiernos decidieron pisar la pelota y esperar que pase la tormenta para no convalidar tasas usurarias.
“No se canceló la emisión. Solo se va a esperar a ver cuál es el desenlace con los fondos buitre. El gobernador (Daniel Scioli) confía y por eso decidió frenar todo por ahora”, le dijo a NA una alta fuente de la administración bonaerense.
Scioli confió en que el litigio del país con los fondos buitre vaya hacia “buen puerto” y destacó que la estrategia oficial piense en “mantener la sustentabilidad social”.
Buenos Aires estuvo semanas atrás a punto de colocar unos 500 millones de dólares, pero no obtuvo la tasa del 11% o inferior que esperaba y retrasó la emisión hasta que mejore el clima.
Cabe destacar que Buenos Aires, Mendoza y Neuquén tienen títulos en dólares bajo legislación internacional.
Menos notas para Salta y Neuquén
Standard & Poor’s Ratings Services bajó las calificaciones en moneda extranjera de largo plazo, en escala global, de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza a ‘CCC-’ desde ‘CCC+’. Señaló que la tendencia es negativa y colocó las calificaciones en moneda local, escala global, de ‘CCC+’ de estos cuatro distritos en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas. “También bajamos nuestras calificaciones de deuda en moneda extranjera de largo plazo, en escala global, de las provincias de Salta y de Neuquén a ‘CCC-’ desde ‘CCC+’, comunicó la agencia.
Además, Standard & Poor’s bajó sus calificaciones en moneda extranjera en escala global de Banco Hipotecario SA, Banco Patagonia SA, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A, y Banco de la Provincia de Buenos Aires SA. a ’CCC-’ de ’CCC+’. La perspectiva de estas calificaciones es negativa y refleja la del soberano.
Respaldo del Mercosur
Representantes de los países integrantes del Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) manifestaron ayer su “solidaridad y apoyo” a la Argentina frente al conflicto que mantiene con “un grupo minoritario de tenedores de títulos no reestructurados de su deuda soberana”.
Los presidentes “de los Estados Partes del Mercosur” manifestaron “su más absoluto rechazo a la actitud” de este grupo de bonistas, “cuyo accionar obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países”, difundió un parte de prensa de la Cancillería argentina.
Por otro lado, expresaron “su solidaridad y apoyo” a la Argentina “en la búsqueda de una solución que no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo”.
En este sentido, destacaron “la vocación de la República Argentina de continuar honrando sus compromisos financieros internacionales” y recordaron los procesos de reestructuración que se realizaron en 2005 y 2010, donde se obtuvo el acuerdo de más del 92% de sus acreedores”. Pos su parte, los Estados miembros de la CELAC reiteraron lo expresado en la declaración de La Habana, adoptada por la II Cumbre de la CELAC (28 y 29 de enero de 2014).
“Consideramos indispensable para la estabilidad garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas sean respetados”.