“La reforma laboral requiere de un sindicalismo que defienda a los trabajadores sin necedades”

Desde el jueves hasta ayer, los miembros de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país se reunieron en la ciudad de Salta para debatir sobre los alcances de las reformas laboral y tributaria que propone el Gobierno nacional. De hecho, gran parte del proyecto de los cambios tributarios fueron elaborados por la federación que agrupa a los consejos.

El titular de esa entidad, José Arnoletto, habló con el El Tribuno sobre las expectativas que existen sobre las reformas.

Del proyecto de reforma tributaria que presentaron al Gobierno y de lo que se empezará a discutir en el Congreso, ¿qué es lo que quedó?

Nosotros esperábamos más velocidad en los cambios. Los cambios se están dando con una gradualidad más lenta de lo que nosotros hubiéramos deseado, pero también entendemos que en una rebaja de impuestos el Gobierno se desfinancia, por eso se tiene que implementar con gradualidad, para que no consuma recursos y no se genere otro problema al Gobierno. También lo que nosotros pedimos, y que en parte se logró aprobación, es que en los distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, provincial y municipal, sean mucho más responsables en el manejo de los dineros de lo que lo son. 

El pacto fiscal apunta a eso...
Va hacia eso, por lo menos a asumir los compromisos de no aumentar impuestos, de rendir cuentas de los gastos, de no desbandarse de los déficit fiscales, porque los gobiernos tratan de tomar medidas de corto plazo que, a veces, perjudican el mediano y largo plazo.

Siempre los gobiernos se comprometen a por lo menos no gastar más de lo que les ingresa, pero la realidad es que eso nunca sucede. ¿Qué expectativa tienen sobre el cumplimiento del pacto fiscal?

Se plantearon metas razonables, que se pueden cumplir. Lógicamente, tomar ciertas medidas de restricción de gastos pueden ser ingratas. Algún impacto sobre el empleo público esto va a generar y debe generar, pero debe desarrollarse una economía privada que esté en condiciones de absorber parte de ese personal.

¿Y están las condiciones dentro del sector privado para absorber ese empleo público excedente?

Se van dando. De hecho, parte de las reformas laborales y previsionales van de la mano con generar un ambiente más amable hacia el empresariado para poder contratar gente o al menos poder contratarlo en blanco. Lo que ocurre es que la brecha que hay entre lo que le termina costando un trabajador a su empleador y lo que termina cobrando el trabajador es enorme. Entonces ambas partes están tentadas a un empleo no registrado o en negro.

¿Es decir que el sector privado no es que va aumentar su planta sino que la va a regularizar?

En algunos casos también va a aumentar la planta. Hoy el principal temor que tiene un empresario a la hora de tomar gente es qué hace si es que en algún momento ya no necesita a un empleado. La legislación laboral actual, al ser muy gravosa al momento de despedir o desvincular personal genera un efecto contrario. Si yo no tengo ciertas libertades para despedirlo, por las dudas no lo contrato. Hoy hay muchas empresas que contratarían personal si llegado el momento de no necesitarlo fuera más sencillo su desvinculación. Un ejemplo es la industria de la construcción, que tiene un sistema de régimen de seguro de desempleo, que hace que sea el primer sector económico que se recupere cuando viene un auge económico, porque si una constructora necesita un empleado lo toma y dentro del salario que paga todos los meses hay un adicional que alimenta un fondo de desempleo y el día que no lo necesita más al trabajador o se terminó la obra, lo puede desvincular sin ningún costo indemnizatorio. ¿Por qué no aplicar ese mismo régimen, por ejemplo, en la industria del turismo que tiene momentos de actividad alta y baja? 

¿La reforma laboral que propone el Gobierno va en ese camino?

Sí y requiere de un sindicalismo que entienda y defienda a los intereses de los trabajadores sin necedades. Hay una creencia de que se están defendiendo cosas y en realidad se genera un efecto contrario. Lo que están haciendo es crear una barrera para que no se genere nuevo empleo y va llevar un tiempo comprender eso. 

¿En qué afecta el gradualismo que impulsa el Gobierno al desarrollo de la economía?

En realidad, las políticas de shock son fáciles de declamar, muchos pueden estar de acuerdo de que sean las correctas, pero son muy difíciles de implementar. Lo que pide un inversor tanto local como extranjero es previsibilidad. No necesariamente que todos los cambios se den ya. Pide que no se estén cambiando las reglas de juego cada dos o cuatro años. Si lo gobiernos generan previsibilidad al empresariado, va haber mejores incentivos en general. 

¿A este paso, cuándo empieza la verdadera reactivación económica del país?

Hay varios sectores que empezaron a reactivarse, pero algunos dependen de mercados internacionales, como, por ejemplo, el sector petrolero y minero, que indirectamente afectan a la provincia de Salta. Hubo tiempos cuando el barril de petróleo salía 110 dólares, pero ahora está en 50 dólares y no hay expectativa de que el precio aumente, por lo que ese sector no se va a reactivar rápido, lo cual también afecta a las energías alternativas, cuyos desarrollos venían fuerte porque el petróleo era caro, pero con un crudo barato se ralentizan todas las inversiones en los otros proyectos, como el litio.

Esos ejemplos son todas producciones primarias, quizás para que haya más certidumbre se tendría que apostar al valor agregado...

Por ese lado, el Gobierno nacional planteó un desafío, que es convertir a Argentina del granero del mundo al supermercado del mundo. Si nosotros somos bueno en productos primarios, hay que darles valor agregado. Pensar que el país pueda ser una potencia en fabricar celulares o televisores es un absurdo. Nunca vamos a poder ser competitivos, pero probablemente sí lo seamos en la producción de alimentos elaborados. 

Más allá de la declamación, ¿existe una política industrial en la Argentina?

No, la política industrial requiere estabilidad de decisiones. Quien piensa montar una planta industrial tiene que saber que va necesitar ocho o diez años para amortizar el costo de esa planta. En una Argentina tan pendular, los industriales dudan en hacer una inversión. Hace falta dar previsibilidad. Y la otra es que si un empresario está cómodo produciendo un producto primario y eso le da plata para vivir bien seguramente no invierte en la industria. Un elemento que nosotros logramos y que se incorpora a la ley de impuestos es que las ganancias se dividan en un 25% por ganar dinero y un 10% por distribuir utilidades, entonces ahí se genera un incentivo para que ese empresario reinvierta en las utilidades. 

¿Y en cuánto influye el gran negocios que son las Lebacs en esos planes?

En mucho. Estamos en contra de esas medidas. Nosotros necesitamos abaratar el costo del dinero, pero antes que nada tiene que frenarse la inflación. Por un lado hace falta que se genere una tasa de interés que aliente al ahorrista a poner la plata en el banco, pero por otro lado tiene que ser lo suficientemente baja para que el sector empresarial tome ese dinero y lo utilice para sus inversiones. 

¿Qué le pareció las declaraciones del titular del Banco Central (Federico Sturzenegger) sobre que recién en 4 o 5 años la inflación estaría a niveles normales?

Otras esferas de Gobierno lo van a presionar para que eso se dé antes. Esos plazos tienen que acortarse, porque no convencen a la economía en general. Entendemos la gradualidad pero tiene que darse con una mayor velocidad. En tres años la inflación tiene que estar en un dígito, para que eso genere una baja de tasas incentivo a invertir y que todo el círculo que ahora es vicioso pase a virtuoso lo más rápido posible. 

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