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Diego Moreno: “El desmonte y la agricultura no necesariamente han generado desarrollo”

Entrevista al secretario de Política Ambiental de la Nación.
Lunes, 25 de diciembre de 2017 23:46

A diez años de la aprobación de ley de bosques, la aplicación de esa norma transita un período de solo buenas intenciones. Prácticamente no hay ningún avance hacía el camino del aprovechamiento sustentable de las tierras protegidas, que, a la vez, permita el desarrollo de las poblaciones más postergadas del país. Esas que, justamente, residen en las áreas resguardadas. 
La precaria situación económica y social de las comunidades del Chaco salteño, zona amparada por la legislación ambiental, es un ejemplo palpable de que la aplicación a medias de la ley aún no trajo, ni por asomo, soluciones.
Si bien en esta década hubo grandes logros en uno de los objetivos principales de la normativa, que es el ordenamiento territorial de los bosques nativos y frenar en buena medida los desmontes, el cumplimiento pleno de ley siempre estuvo restringido por la falta de asignación de los fondos correspondientes para el proyecto.
Para 2018 seguirá ese ahogo financiero de la Nación. En el presupuesto de la administración central solo se prevé un 5,5% de los recursos que se deberían girar legalmente para el año próximo a las 16 provincias incluidas en el plan de protección ambiental. De esa manera, Salta volverá a ser la más perjudicada por contar con la mayor superficie de bosques nativos por cuidar, con más de 8 millones de hectáreas.
En un reciente taller para periodistas organizado en Capital Federal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se detalló que la superficie deforestada de bosques en el país se contrajo una sexta parte en diez años, la mayoría desde 2014. Sin embargo poco se pudo destacar, más allá de los buenos deseos, sobre el trabajo que se realiza, entre el gobierno nacional y las provincias, para beneficiar a las poblaciones que deben vivir y desarrollarse en áreas protegidas.
En números concretos, Salta cuenta con 140 mil personas que viven en comunidades dentro de las áreas de bosques nativos, de acuerdo a datos del Ministerio Ambiente. Desde la Unidad Ejecutora de Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se trabaja en 16 planes para capacitar y asesorar con fines productivos a unos 5.000 habitantes de distintas localidades del departamento Rivadavia. De esos proyectos, cuatro están en proceso de adjudicación y los otros se encuentran en “formulación”. Según se dijo en el taller, solo 9 se pondrán en marcha el año que viene en todo el país. 
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de Nación, es el segundo funcionario en importancia dentro del Ministerio de Ambiente, después del titular de esa cartera, Sergio Bergman. En diálogo con El Tribuno habló sobre el presupuesto de la ley de bosques y la aplicación de la misma:

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A diez años de la aprobación de ley de bosques, la aplicación de esa norma transita un período de solo buenas intenciones. Prácticamente no hay ningún avance hacía el camino del aprovechamiento sustentable de las tierras protegidas, que, a la vez, permita el desarrollo de las poblaciones más postergadas del país. Esas que, justamente, residen en las áreas resguardadas. 
La precaria situación económica y social de las comunidades del Chaco salteño, zona amparada por la legislación ambiental, es un ejemplo palpable de que la aplicación a medias de la ley aún no trajo, ni por asomo, soluciones.
Si bien en esta década hubo grandes logros en uno de los objetivos principales de la normativa, que es el ordenamiento territorial de los bosques nativos y frenar en buena medida los desmontes, el cumplimiento pleno de ley siempre estuvo restringido por la falta de asignación de los fondos correspondientes para el proyecto.
Para 2018 seguirá ese ahogo financiero de la Nación. En el presupuesto de la administración central solo se prevé un 5,5% de los recursos que se deberían girar legalmente para el año próximo a las 16 provincias incluidas en el plan de protección ambiental. De esa manera, Salta volverá a ser la más perjudicada por contar con la mayor superficie de bosques nativos por cuidar, con más de 8 millones de hectáreas.
En un reciente taller para periodistas organizado en Capital Federal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se detalló que la superficie deforestada de bosques en el país se contrajo una sexta parte en diez años, la mayoría desde 2014. Sin embargo poco se pudo destacar, más allá de los buenos deseos, sobre el trabajo que se realiza, entre el gobierno nacional y las provincias, para beneficiar a las poblaciones que deben vivir y desarrollarse en áreas protegidas.
En números concretos, Salta cuenta con 140 mil personas que viven en comunidades dentro de las áreas de bosques nativos, de acuerdo a datos del Ministerio Ambiente. Desde la Unidad Ejecutora de Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se trabaja en 16 planes para capacitar y asesorar con fines productivos a unos 5.000 habitantes de distintas localidades del departamento Rivadavia. De esos proyectos, cuatro están en proceso de adjudicación y los otros se encuentran en “formulación”. Según se dijo en el taller, solo 9 se pondrán en marcha el año que viene en todo el país. 
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de Nación, es el segundo funcionario en importancia dentro del Ministerio de Ambiente, después del titular de esa cartera, Sergio Bergman. En diálogo con El Tribuno habló sobre el presupuesto de la ley de bosques y la aplicación de la misma:

¿El recorte de fondos para la ley de bosques sigue siendo el cuello de botella del proyecto ambiental que se puso en marcha?
Creo que la ley tiene muchos instrumentos, el fondo claramente es uno de los principales y el tema del financiamiento creo que hoy no tiene tanto que ver con el monto asignado sino también con la eficiencia de ejecución de los recursos que ya tiene la ley. En ese sentido, tenemos mucho por trabajar, junto con el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) para que los fondos lleguen en tiempo y en forma al territorio y que puedan ser ejecutados de la forma más eficiente para lograr realmente cambios en lo que tiene que ver con el uso de los recursos forestales. Además, que puedan ser transparentes en la última etapa que es la rendición. Hoy eso no lo tenemos y creemos que realmente es complejo también la asignación de más recursos en la medida que no resolvamos y eficienticemos todo el proceso.

En cuanto a las rendiciones de las provincias por los fondos de la ley de bosque, ¿cómo está Salta, sigue demorada?
Es un tema común de todas las jurisdicciones. Hay provincias que están un poco mejor que otras, pero tiene que ver con los procesos administrativos detrás de la implementación del fondo, que son muy complejos para manejar recursos que tienen que ir desde Nación a cada una de las provincias y desde ahí a los productores. Todo ese camino es complejo y con Salta estamos en proceso de firmar un nuevo convenio para establecer un proceso de rendición.

¿Existe la posibilidad de que si Salta no presenta su rendiciones se van cortar los fondos de Nación para esta provincia?
Justamente ese convenio lo que habilita es un periodo mayor para la rendición con mecanismos simplificados. Esperamos que para mediados del año que viene tengamos regularizado por lo menos la primera porción del pasivo que tenemos, que son los fondos ejecutados entre 2009 y 2012.

¿Cómo se está avanzando en Salta en el desarrollo de la zona amarilla, que son unas 5 millones de hectáreas protegidas, dónde están las poblaciones más postergadas de la provincia?
Salta fue una de las primeras provincias que firmó el convenio del MBGI (manejo de bosques con ganadería integrada). La idea, justamente, de esos convenios es trabajar con comités locales sobre cuál es el modelo ganadero que se puede implementar en esas zonas amarillas para que convivan, sobre pautas generales, la ganadería con la conservación del bosque nativo. Falta todavía un camino para recorrer sobre cómo esos modelos se ajustan en cada una de las jurisdicciones, pero creemos que es el camino a profundizar y creemos que en esa mesa local, donde está Nación, el sector productivo, la parte ambiental, y las asociaciones civiles es dónde se tienen que decidir cuáles son las mejores prácticas que se van a poder implementar. Porque nadie está pensando que esos sectores queden postergados. 

Por eso es clave el desarrollo de esas zonas amarillas, donde se ve una degradación de los suelos y bosques y no se avanza para el desarrollo de las poblaciones allí ubicadas...
Totalmente, pero también tenemos que ser conscientes que en muchos casos, el desmonte y el desarrollo de la actividad agrícola no necesariamente ha generado desarrollo de muchas de estas regiones, con lo cual me parece que esta es una buena instancia para discutir realmente qué es lo que podemos promover en esos sitios y creo que hoy la tecnología y el avance de la ciencia nos permiten mirar el tema con soluciones, que son un poco más complejas de las convencionales, pero probablemente a largo plazo sean más sustentables en todos sus términos: económico, social y ambiental.

 

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