La resolución firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, referida a la paralización de las actividades agrícolas en 32 fincas de Salta, detonó ayer la crisis de un sistema de preservación ambiental creado en 2007 por una ley nacional ajena a la realidad nacional, y por un ordenamiento territorial en la provincia que sobreactuó la paralización de los desmontes y terminó dañando tanto a la producción como al monte nativo.
Citando como fundamento la ley de presupuestos mínimos, la adhesión por parte de la Legislatura provincial y los sucesivos decretos referidos al ordenamiento territorial, el ministro Sergio Bergman establece que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la ley de bosques. “Insta” -no ordena, porque no puede- a la Provincia a suspender las actividades y restaurar los montes nativos afectados, desautoriza la comercialización de productos de esos campos y ordena a las dependencias nacionales fiscalizar el cumplimiento de tal resolución, condicionar a su cumplimiento el acceso a beneficios del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Montes Nativos y, eventualmente, demandar a la Provincia.
Un dato central: la administración nacional nunca cumplió con ese fondo y la deuda acumulada con las provincias con bosques ya asciende a más de mil millones de dólares.
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La resolución firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, referida a la paralización de las actividades agrícolas en 32 fincas de Salta, detonó ayer la crisis de un sistema de preservación ambiental creado en 2007 por una ley nacional ajena a la realidad nacional, y por un ordenamiento territorial en la provincia que sobreactuó la paralización de los desmontes y terminó dañando tanto a la producción como al monte nativo.
Citando como fundamento la ley de presupuestos mínimos, la adhesión por parte de la Legislatura provincial y los sucesivos decretos referidos al ordenamiento territorial, el ministro Sergio Bergman establece que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la ley de bosques. “Insta” -no ordena, porque no puede- a la Provincia a suspender las actividades y restaurar los montes nativos afectados, desautoriza la comercialización de productos de esos campos y ordena a las dependencias nacionales fiscalizar el cumplimiento de tal resolución, condicionar a su cumplimiento el acceso a beneficios del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Montes Nativos y, eventualmente, demandar a la Provincia.
Un dato central: la administración nacional nunca cumplió con ese fondo y la deuda acumulada con las provincias con bosques ya asciende a más de mil millones de dólares.
“Pasan cosas raras”
Si bien el Gobierno salteño desconoce la jurisdicción de Bergman en esta materia, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos que fueron observados. Ayer por la mañana, el gobernador Juan Manuel Urtubey opinó que “en el Gobierno nacional a veces pasan cosas raras”.
Tras tomar juramento a los secretarios de Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo y de Recursos Hídricos, Oscar Dean, Urtubey cuestionó la resolución del ministro Sergio Bergman, y sostuvo que “jurídicamente es una medida que excede las atribuciones de la Nación, ya que la política ambiental es competencia de cada provincia”.
“En todo caso, debería ser un juez quien lo disponga”. “Es realmente una medida insólita porque una resolución de un ministro de Nación declara inconstitucional un decreto provincial”, dijo Urtubey, y agregó: “Yo soy abogado y entiendo que eso lo tienen que hacer los jueces, pero bueno, en el Gobierno nacional a veces pasan cosas raras”. De ese modo, anticipó la decisión de dejar en manos de los jueces salteños el dictamen final. Entre tanto, las 32 fincas involucradas se encuentran en una nebulosa preocupante. “Ellos plantean la ilegalidad de lo que se está haciendo en la provincia. Frente a eso, nosotros vamos a plantear la defensa de la competencia de la Provincia y demás”. Urtubey dijo: “Mientras tanto, hemos notificado de esa resolución de la Nación a cada uno de los que tienen esos aprovechamientos forestales”. Y lo explicó por el propósito de “no someterlos a una situación de inseguridad jurídica que después genere un problema serio”.
“Lo decidió Urtubey”
Ayer, el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego Moreno, en diálogo telefónico con El Tribuno, deslindó categóricamente responsabilidades. “La resolución nacional no detiene la ejecución de esos trabajos, sino que se trata de una decisión de la Provincia. Nosotros consideramos y fundamentamos que existe incompatibilidad entre los decretos que autorizaron la recategorización de predios y la legislación nacional, incluso los decretos y leyes provinciales y el ordenamiento territorial. Existen normas nacionales aprobadas por el Consejo Federal de Medio Ambiente, que establecen un protocolo. Todo fue avalado por la Provincia. De todas maneras, la Secretaría no tiene competencia para ordenar la paralización de las actividades. Hay una contradicción pero la competencia no es de la Nación sino de la Provincia”, sentenció el funcionario nacional.
El nudo del conflicto: la zona amarilla
Pareció, en un principio, que todo el conflicto giraba an torno de una intriga palaciega que involucra a un pariente del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
El daño, en realidad, es para Salta. La ONG Greenpeace se introdujo en la finca Cuchuy, de la familia Braun Peña, y obstruyó el paso de la maquinaria. La protesta había empezado con agresiones publicitarias a Urtubey hace varios años, cuando este aplicó el criterio de que las zonas boscosas pintadas de amarillo pueden ser revisadas y categorizadas. Por eso decretó cambios en el uso del suelo, que permitieron la actividad en 32 establecimientos.
Ahora, Bergman hizo suya la queja y amenazó, veladamente, con sanciones.