El caso Lamas tuvo un día álgido entre cruces de dardos que se repartieron para todos lados. José Fernández, abogado del excura, arremetió contra quien lo expulsó del sacerdocio: el juez vicario Loyola Pintos, contra quien pidió su detención, Federico Obeid y hasta a los movimientos que piden la separación de la Iglesia y el Estado. Además, la defensa pidió el sobreseimiento basándose en el tiempo transcurrido del "supuesto delito".
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El caso Lamas tuvo un día álgido entre cruces de dardos que se repartieron para todos lados. José Fernández, abogado del excura, arremetió contra quien lo expulsó del sacerdocio: el juez vicario Loyola Pintos, contra quien pidió su detención, Federico Obeid y hasta a los movimientos que piden la separación de la Iglesia y el Estado. Además, la defensa pidió el sobreseimiento basándose en el tiempo transcurrido del "supuesto delito".
"Entendemos que la acción está extinguida. El delito que se le imputa, abuso sexual con acceso carnal, conlleva una pena de hasta 20 años. El artículo 62 del Código Penal establece que la prescripción por este delito es de 12 años. También se presentó el pedido de libertad. Pedimos las reservas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", indicó José Fernández en FM Express.
Emilio Lamas fue denunciado el año pasado por abuso sexual con acceso carnal, por quien había sido su monaguillo en Rosario de Lerma, Juan Carlos García. Los hechos, según el testimonio, habrían sucedido en 1991, durante las fiestas patronales del Alfarcito. Luego de la denuncia pública a través de este medio, el tribunal eclesiástico emitió sentencia, y el fiscal pidió su detención.
El juicio eclesiástico llevado contra Lamas quedó expuesto mediante audios difundidos por García, en los que se escuchaba al actual sacerdote de Rosario de Lerma, Alejandro Pezet, asegurar que el excura había confesado el delito. Aunque esas declaraciones quedaron solo en audios, ya que el fiscal le pidió al Arzobispado las actas y éste deslindó responsabilidades en Roma y se amparó en el Concordato firmado entre la Iglesia y el Estado argentino en 1966. Por ello, el abogado de la querella, Segovia, solicitó el allanamiento del Arzobispado, decisión que ahora depende del fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, quien tendrá tres días para decidir si le da curso y le eleva el pedido a la jueza Claudia Puertas.
Ahora Lamas desmiente aquella confesión y asegura que lo "presionaron", lo que su abogado calificó de una "gravedad tremenda". "Me dijo que lo hicieron firmar eso, incluso habiendo negado el abuso, que Loyola y Pezet lo presionaron diciendo que era lo mejor para él", le aseguró a El Tribuno Fernández. Consultado por la asesoría que debería haber brindado el abogado Alejandro Romano, quien asistió a Lamas durante el juicio eclesiástico, Fernández indicó que en el momento en el que Lamas "firmó ese papel sin saber qué decía", estaba sin su defensor. Además, el letrado aseveró que en caso de ser necesario pedirá un careo entre Lamas y el cura Pezet.
Un testigo polémico
La defensa señaló que durante el año en que habría sucedido el abuso estaba otro sacerdote al que llamarán como testigo. "En el 91, Lamas no participó de esa fiesta patronal. El que hizo esa fiesta fue Jesús Quintana. Solo tenemos una denuncia de García, y todavía no declaró nadie en Ciudad Judicial. En el expediente no hay ninguna otra prueba que involucre a mi defendido", aseveró. Pero las declaraciones de parte de la querella recién se iniciarán hoy, con el testimonio de María Rosa Taunús, quien afirma haber sido testigo de las épocas en que García intentó denunciar el caso en la Iglesia.
El sacerdote Quintana en el 2001 también tuvo denuncias por abuso. Fernández cuestionó el tiempo que "demoró" García: "Nadie, por un hecho tan grave, demora 27 años en hacer la denuncia. Hay un interés económico claro. Queremos saber quién está detrás de esto", aseveró el letrado y dejó deslizar que podría venir de alguien de "adentro de la Iglesia", por alguna enemistad con Lamas. Contrariamente al cuestionamiento del letrado, Abel Cornejo, juez de la corte, durante una entrevista a El Tribuno resaltó lo difícil que es que los abusos sexuales se denuncien por el daño psicológico en las víctimas, "algunos se lo llevan a la tumba", aseguró.
La exposición que tuvo el caso también tuvo sus culpables: la "ola de separación de la Iglesia y el Estado", indicó el abogado. Aunque también apuntó que esa misma exposición "movió" al fiscal Obeid: "Se movió por la presión de los medios", advirtió.
Mientras, el martes, el exsacerdote Lamas fue trasladado desde la Alcaidía al hospital de Villa Las Rosas, por "su edad y problemas en la próstata".
Fallo inédito
A nivel nacional hay antecedentes de un fallo inédito, que, como pretende la defensa de Lamas también había apelado a la prescripción, llegando incluso a la Corte Suprema.
En mayo pasado, el sacerdote Justo José Ilarraz, de Paraná, Entre Ríos, fue condenado a 25 años de prisión por abusos sexuales ocurridos entre 1985 y 1993 contra niños de entre 10 y 14 años. La defensa apuntó a la prescripción e hizo llegar el caso a la Corte Suprema, que desestimó el recurso y convalidó la sentencia. Si bien los denunciantes fueron 7, se estimó que fueron cerca de 40 los abusados por el cura.
El fiscal Francisco Ramírez Montrull calificó de “histórica” la condena, “porque hay muchas otras causas abiertas a lo largo de todo el país y hoy la palabra de la víctima vuelve a ser escuchada”, y afirmó que sirve “para que otras víctimas crean, se acerquen y puedan hablar”.