El expulsado sacerdote Emilio Raimundo Lamas, acusado de abuso sexual, está privado de su libertad desde el 17 del corriente por decisión del fiscal penal Federico Obeid. Por razones procesales, ayer el funcionario solicitó a la jueza de Garantías Claudia Puertas que mantenga la prisión preventiva del imputado hasta tanto culmine con la etapa de investigación a partir de la denuncia presentada por el exmonaguillo Juan Carlos García.
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El expulsado sacerdote Emilio Raimundo Lamas, acusado de abuso sexual, está privado de su libertad desde el 17 del corriente por decisión del fiscal penal Federico Obeid. Por razones procesales, ayer el funcionario solicitó a la jueza de Garantías Claudia Puertas que mantenga la prisión preventiva del imputado hasta tanto culmine con la etapa de investigación a partir de la denuncia presentada por el exmonaguillo Juan Carlos García.
Obeid argumentó que "existen riesgos de fuga por parte del exsacerdote, quien tiene arraigo fuera del país. Al mismo tiempo indicó que el acusado "podría entorpecer la investigación penal con actos de intimidación a testigos". El representante del Ministerio Público también se pronunció respecto al pedido de la defensa de Lamas sobre la prescripción del delito imputado. El fiscal rechazó el planteamiento en base a la fecha de ocurrido el hecho denunciado y a jurisprudencia vinculada a la Convención de los Derechos del Niño.
En su pedido de que se mantenga la prisión preventiva, el titular de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, fue contundente sobre los motivos para que el exsacerdote continúe en calidad de detenido. Asimismo, dictaminó en contra de que el acusado sea beneficiado con la aplicación de la prescripción del delito que se investiga, como lo reclamó del excura a través de un escrito presentado días pasado por su abogado defensor, José Fernández.
En tanto se llevan adelante distintas diligencias en torno a la causa, el fiscal Obeid avanzó con la solicitud para que se dicte la prisión preventiva del acusado. La fiscalía entiende que la concurrencia de los hechos denunciados se encuentra acreditada con el grado de convicción exigido en esta instancia de la investigación, lo que surge de la denuncia y otros elementos incorporados en la causa, que se reforzó con el resultado del proceso canónico que condenó al acusado.
En su pedido, Obeid manifestó que "es necesario asegurar la comparecencia del imputado en el proceso y la recolección de otros elementos.". A su vez explicó que el peligro de fuga existe, y en caso de que sea condenado, en virtud del delito por el que se lo imputó, la misma sería de cumplimiento efectivo. Además refrió que Lamas se desempeñó como sacerdote en la localidad de Villazón, Bolivia, desde el 2010 hasta el 2016.
También sostuvo que "restan realizarse medidas en las que la presencia del imputado resulta imperiosa, tales como el examen psicológico y psiquiátrico.". Señaló que "se podría inferir objetivamente un peligro de entorpecer el proceso a través de intimidaciones a testigos, lo que podría influir en el contenido de sus manifestaciones, en virtud de que el acusado conoce a todas la personas que en el momento del hecho frecuentaban la iglesia de dicha localidad".
“Denigrado como persona”
Obeid recordó que “estamos en presencia de hechos de violencia sexual en los que la víctima, en su condición de menor, fue presa de valores que lo denigraron como persona”. Sobre el pedido de prescripción de la causa, el fiscal entiende que el hecho denunciado ocurrió en el año 1991, cuando la víctima tenía 16 años. “Al momento del hecho estaba vigente la Convención de los Derechos del Niño, que protege al niño de forma expresa que “los Estados partes se comprometen a protegerlo contra todas las formas de explotación y abusos sexuales.”.