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El Gobierno no usará los fondos del FMI reservados para la emergencia social

Según datos oficiales, en los últimos seis meses unas 800.000 personas quedaron bajo la línea de pobreza.
Lunes, 08 de octubre de 2018 07:22

Si bien el Gobierno reconoció que la pobreza aumentó y que la situación social, especialmente en el conurbano bonaerense, se deterioró en los últimos meses, las medidas que tomaron como paliativos impactaron en los estratos más bajos y, al menos en este contexto, la Casa Rosada decidió que no utilizará los dólares que el FMI reservó en caso de emergencia.
El presidente Mauricio Macri le pidió a la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley , que haga un monitoreo de la situación. Stanley también se apoya en la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal . Ellas son las caras del asistencialismo del macrismo. El Gobierno busca evitar que el malestar social que generó la crisis económica se convierta en un problema callejero.
Por ahora, dicen cerca del Presidente, no hay ningún motivo para pensar en un diciembre conflictivo.
“Hoy no vemos cosas que pudieran disparar la utilización de ese dinero. Estamos más estables", describió un integrante del gabinete nacional, según publicó La Nación.

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Si bien el Gobierno reconoció que la pobreza aumentó y que la situación social, especialmente en el conurbano bonaerense, se deterioró en los últimos meses, las medidas que tomaron como paliativos impactaron en los estratos más bajos y, al menos en este contexto, la Casa Rosada decidió que no utilizará los dólares que el FMI reservó en caso de emergencia.
El presidente Mauricio Macri le pidió a la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley , que haga un monitoreo de la situación. Stanley también se apoya en la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal . Ellas son las caras del asistencialismo del macrismo. El Gobierno busca evitar que el malestar social que generó la crisis económica se convierta en un problema callejero.
Por ahora, dicen cerca del Presidente, no hay ningún motivo para pensar en un diciembre conflictivo.
“Hoy no vemos cosas que pudieran disparar la utilización de ese dinero. Estamos más estables", describió un integrante del gabinete nacional, según publicó La Nación.

Planes sociales 

En medio de la negociación con la oposición y el plan de recortes, la administración nacional inyectó dinero: en septiembre hubo un bono de 1200 pesos, entre los casi cuatro millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Además, Stanley ya anunció otro aumento, en este caso de 1500 pesos, para fin de año. El resto de los planes sociales, mayoritariamente englobados en el programa Argentina Trabaja -que alcanza a unas 400.000 personas-, también tendrán un incremento en diciembre y el monto que percibirán será de 6000 pesos.

Devaluación

En lo que va del año, el tipo de cambio subió más del 100% y eso, en parte, se trasladó a precios. La inflación, que sigue en una espiral ascendente descontrolada (las consultoras privadas anticipan que septiembre alcanzará el 7%), es una consecuencia directa. Y el impacto de esa suba golpea más fuerte entre los más vulnerables.
Eso sí, nadie se anima a afirmar si la asistencia será suficiente, sobre todo después de anunciar la última semana que el 27,3% de la población es pobre y que, como resultado de la crisis económica, esa cifra crecerá en los próximos meses.

Según datos oficiales, en los últimos seis meses unas 800.000 personas quedaron bajo la línea de pobreza.

Para evitar que la situación social llegue a niveles de conflictividad, el Gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional un seguro para "la protección de los más vulnerables".
Esa salvaguarda, que se trata del monitoreo de los indicadores sociales y admite un resguardo que permite subir el gasto social en caso de que el Gobierno lo considere necesario, es de hasta 13.500 millones de pesos para este año y un 0,2% del PBI para los próximos años, según el memorándum de entendimiento que suscribió la Argentina con el organismo multilateral de crédito. En el Gobierno aseguraron que no está previsto apelar a la salvaguarda.
Fuente: La Nación

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