Francisco Pérez, coordinador Lhaka Honhat (Salta), es un hombre de pocas palabras. Aunque prefirió no ahondar en el tema, fue una de las primeras personas que confirmó el pedido de la CIDH para elevar el reclamo a la Corte IDH. En diálogo con El Tribuno el referente de las comunidades originarias expresó: "Si desde el Estado no manejan bien y si no cumplen hay otras partes que tienen que exigir el cumplimiento, ese es el tema".
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Francisco Pérez, coordinador Lhaka Honhat (Salta), es un hombre de pocas palabras. Aunque prefirió no ahondar en el tema, fue una de las primeras personas que confirmó el pedido de la CIDH para elevar el reclamo a la Corte IDH. En diálogo con El Tribuno el referente de las comunidades originarias expresó: "Si desde el Estado no manejan bien y si no cumplen hay otras partes que tienen que exigir el cumplimiento, ese es el tema".
El referente de Lhaka Honhat expresó que la CIDH estaba preocupada porque en Argentina este era el único caso en el que hubo más de 20 prórrogas. "Me imagino que la Corte IDH nos va a notificar y nos va a citar a nosotros", señaló.
Sobre Lhaka Honhat
Después de varias prórrogas que solicitó el Estado para la regularización dominial de esas tierras, finalmente la CIDH decidió llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de ahora la decisión sobre este tema estará en manos del órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Lhaka Honhat es la organización aborigen que en 1998 inició una demanda contra el Estado argentino y salteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo que resultó ser uno de los conflictos de tierras más grandes del país, en uno de los municipios más pobres de la Argentina: Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.
En 2007 se alcanzó un acuerdo que estableció cómo se dividirían las tierras. Quedarían para las comunidades 400.000 hectáreas y 243.000 para las familias criollas. Pero el conflicto se siguió dilatando en el tiempo. Finalmente, mediante el decreto N§ 1.498 del año 2014, el gobernador Juan Manuel Urtubey transfirió la totalidad de esas hectáreas del departamento Rivadavia, de las cuales 400.000 fueron destinadas en carácter de propiedad comunitaria para las 71 comunidades aborígenes y las 243.000 hectáreas restantes, en condominio, a 463 familias criollas, pero todavía no se había definido en dónde estaban con precisión esas hectáreas.
Una de las grandes polémicas que se planteó en este conflicto fue por la entrega de las 400.000 a más de 70 comunidades de 4 etnias distintas, ya que solicitaban un solo título comunitario. Muchos pedían un título para cada comunidad y algunos temen que el título quede a nombre de Lhaka Honhat, la asociación aborigen que inició la denuncia internacional contra el Estado salteño y argentino, con el asesoramiento del CELS, que preside el periodista Horacio Verbitsky.
En septiembre de 2017, la Comisión Interamericana evaluó los avances en los exlotes fiscales 55 y 14. En una reunión, que se realizó a través de una teleconferencia, de la que participaron los representantes de Lhaka Honhat, Rogelio Segundo y Francisco Pérez y sus asesores legales, los representantes del organismo internacional dialogaron con las partes implicadas.
En ese momento, el exministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás, recordó que las comunidades "ya son dueñas titulares registrales de las tierras" y que ahora "se avanza en la relocalización de las familias criollas, tarea a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial.