Idalina Ramírez es uno de los casos que fueron saliendo cuando el Observatorio de Violencia contra las Mujeres comenzó su trabajo en la cárcel y que necesitan una atención especial.
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Idalina Ramírez es uno de los casos que fueron saliendo cuando el Observatorio de Violencia contra las Mujeres comenzó su trabajo en la cárcel y que necesitan una atención especial.
Ella es de Tartagal y está en Salta sin condena, acusada por el presunto delito de "abandono de persona" de uno de sus hijo.
El pasado 23 de mayo nació Mía y la Justicia inmediatamente la separó de su mamá y la mandó a la Casa Cuna. Idalina sufre todos los días por su bebé. En los primeros días la acercaban diariamente hasta su niño para que le dé de mamar, pero ahora eso sucede cada dos días.
"La separaron por un prejuicio. La acusan de abandonar a su hijo y no está probado. No hay sentencia, entonces la separaron de su beba ", dijo Tania Kiriaco, de la dirección del Observatorio.
Pero no es todo. A ella la abandonaron a los 6 años y se crió en una comunidad de aborígenes cercana a Tartagal. Idalina, en consecuencia, no tiene DNI. Suena increíble, pero ella está hace un año en la cárcel y no tiene Documento Nacional de Identidad. Le privaron la libertad a una NN, su hija tampoco puede tener DNI y la pelota pasa de un lado a otro, sin que haya solución. De la Justicia al Registro Civil, y Padilla no sabe qué responder ante la prensa porque a ella le ordena la Justicia alojarla allí. Interviene la doctora Daniela Córdoba.
El trabajo del Observatorio
El Observatorio solicitó a los juzgados de garantías y a los de ejecución de sentencias que informen sobre la cantidad de mujeres imputadas y/o condenadas, causas, edades y cuántas tienen hijos. La ideas es saber cuáles son las medidas de prisión en casos de mujeres con niños a cargo y cómo se garantiza su derecho a recibir visitas, de conformidad a los tratados internacionales y la normativa nacional y local.
Según un informe de fines de 2017, en el penal de Villa Las Rosas hay más de 100 mujeres privadas de su libertad, el 70% tiene entre 18 y 30 años. La mitad está en la cárcel por delitos vinculados con las drogas.
En el país, según la Defensoría General de la Nación, la mayoría de las detenidas "son mulas que ocupan un nivel bajo en la cadena de tráfico de drogas y que son forzadas por necesidad económica".