En 2018 se registraron oficialmente siete femicidios en Salta. La cifra indica una disminución sensible, en relación con la tendencia de los últimos años, (en Salta tenemos registros oficiales a partir del 2016, tras la apertura del OVCM) y se refleja en la ubicación relativa con respecto a las demás provincias. La posición de Salta a lo largo de ese período (donde fueron asesinadas más de 30 mujeres), tomando la cantidad de asesinatos femicidas en proporción con la población, le otorga un lamentable liderazgo compartido con Santiago del Estero.
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En 2018 se registraron oficialmente siete femicidios en Salta. La cifra indica una disminución sensible, en relación con la tendencia de los últimos años, (en Salta tenemos registros oficiales a partir del 2016, tras la apertura del OVCM) y se refleja en la ubicación relativa con respecto a las demás provincias. La posición de Salta a lo largo de ese período (donde fueron asesinadas más de 30 mujeres), tomando la cantidad de asesinatos femicidas en proporción con la población, le otorga un lamentable liderazgo compartido con Santiago del Estero.
No obstante, aunque solo siete son los caratulados en 2018, las víctimas serían diez: Gabriela Figueroa, Mariela Alejandra López, Elisandra Condorí, Margarita Brandán, Débora Micaela Moya, Paola Elizalde, Yesica Norma González, María Ester Chesuino, Agustina Fernanda Nieto y Manuela García.
El Ministerio Público de Salta cuenta con un Comité de Evaluación de Femicidios, que todavía no produjo informes públicos oficiales. De todos modos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que cumple cuatro años, recomienda establecer un protocolo para la investigación de femicidios, ciertos o presuntos.
Ese protocolo serviría como guía para casos de femicidio, para que sean interpretados desde la perspectiva de género, como así también unificar criterios para elaborar un registro
de femicidios conforme a las Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos hacia las Mujeres.
Algunos casos particulares
Margarita Brandán tenía 72 años y fue víctima de un “femicidio vinculado”, es decir, casos de personas asesinadas al intentar impedir un femicidio, o que son asesinadas para infligir un daño psicológico o afectivo a la mujer. Ocurrió en junio, en Colonia Santa Rosa, y la mujer fue asesinada por su propio hijo, cuando se interpuso para evitar el femicidio de su nuera.
Débora Micaela Moya (27 años) fue encontrada muerta en un corralón del barrio Scalabrini Ortiz, en septiembre, pero su familia rechaza la hipótesis de suicidio ya que tanto vecinos como amigos y compañeros de trabajo “presenciaron numerosos hechos de violencia física por parte de su pareja. Asimismo denunciaron irregularidades en el tratamiento del cuerpo de la víctima luego del hallazgo”.
En el caso de Paola Elizalde, el Observatorio requiere “una investigación exhaustiva respecto del hecho a efectos de determinar con precisión la causa de muerte”.
Yesica Norma González, de 40 años, fue asesinada en el Hotel Mimos. Hay un imputado y no queda ninguna duda de que se trata de femicidio, pero el Observatorio hace otra advertencia: en el transcurso de la investigación se hicieron públicas fotografías tomadas en el lugar de los hechos. La familia de la víctima denunció el tratamiento que la Policía le habría dado al caso ya que funcionarios de la fuerza serían quienes habrían difundido por WhatsApp las imágenes.
En Orán, María Ester Chesuino, de 49 años, fue asesinada en la habitación que alquilaba. Ocurrió en octubre y el homicida está prófugo. El cuerpo de María Ester fue encontrado en la habitación que alquilaba en avanzado estado de descomposición. Se tuvo conocimiento del hecho debido al llamado de la hermana del presunto femicida manifestando que su hermano se había comunicado con ella y le había dicho que se había “mandado una cagada con la inquilina”. Córdoba habría salido del país el día 21 de octubre del corriente año con destino a Bolivia. Interviene la Fiscalía Penal de la UGAP
Registro del Ministerio Público
El 17 de febrero, en Apolinario Saravia, Bautista Rodríguez asesinó, al parecer, a Gabriela Figueroa. En este caso, el Ministerio Público informó al Observatorio que Bautista Rodríguez, hermano de Luis Rodríguez -pareja de la víctima-, se hallaba imputado por el femicidio de Gabriela. Luis Rodríguez, cuyo cuerpo fue encontrado en la misma área que el de Gabriela Figueroa, aparentemente, se suicidó. El Tribuno informó: “Una pareja apareció muerta y apresaron a un joven en Apolinario Saravia”.
El 20 de marzo, en Salta, María Alejandra López fue víctima de femicidio y está imputado Cristian Balcarce.
El 25 de marzo, en General Güemes, fue asesinada Elisandra Condorí y está imputado Miguel Ángel Ajaya. “Se separaron hace un mes y él la mató en la fiesta de 15 de su hija”, informó este diario.
El 22 de octubre fue el femicidio de María Esther Chesuino, en Orán.
El 10 de noviembre, fue el asesinato de Agustina Fernanda Nieto, por este hecho está imputado Joaquín Viñabal. “Hallaron sin vida a una joven en una casa abandonada: se trataría de un femicidio”, comunicó en esa oportunidad una nota de este diario.
Al día siguiente, en La Unión (departamento de Rivadavia) Manuela García murió apuñalada a manos de su cuñado, Ramón Félix Díaz, quien se fugó.
La emergencia, hasta 2020
El Senado provincial sancionó a fines de noviembre del año pasado la ley que prorroga hasta el 2020 la emergencia social por violencia de género en toda la provincia de Salta. La prolongación fue dispuesta desde el Ejecutivo porque todavía se verifican numerosas situaciones de violencia hacia las mujeres.
La ley faculta al Poder Ejecutivo provincial a disponer y reasignar partidas presupuestarias necesarias para implementar medidas pertinentes para hacer frente a la emergencia declarada.
La medida fue adoptada en el 2014 a través de la ley 7.857.
La primera extensión se concretó a través de la ley 7.943 sancionada en el 2016.