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En la próximas horas el Congreso nacional estará ocupado en el debate de un proyecto de ley, el primero enviado por el nuevo gobierno: "ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica", que esconde lo que en la jerga se conoce como "superpoderes" que se delegan del Legislativo al Ejecutivo. Es una verdadera lástima que el proyecto liminar de la nueva administración persiga el otorgamiento de facultades extraordinarias que no condicen con el momento que vivimos.
La "emergencia económica" tiene su inmediato antecedente en la ley 25.561 del 2002 (Duhalde) que iba a regir por dos años, pero fue sucesivamente prorrogada por los gobiernos kirchneristas y habiendo finalmente vencido el 31/12/2017 no fue continuada por la gestión Macri. Esta "emergencia" duró nada menos que dieciséis años, convirtiendo la excepción en una regla, atravesando épocas de crecimiento de la actividad económica a "tasas chinas" con superávits fiscal y comercial.
La pregunta obligada es: ¿estamos hoy realmente en una situación de emergencia, parecida a la que vivimos en Argentina en 2001, y que por lo tanto exigiría una nueva medida de excepción como la que se dejó sin efecto hace menos de dos años?
Para dilucidar ello recordemos cuales son las "sombras" que oscurecen el panorama actual. Básicamente: a) la caída de la actividad económica en promedio los últimos cuatro años del 1,2% (en el período 1984/2019 cayó en 15 de los 36 años); b) La pobreza aumentó en los últimos cuatro años del 30 al 36%, con un promedio de 36% anual desde 1984, c) la inflación aumentó del 28 al 55% pero el promedio 1984/2019 es del 68%, d) el desempleo al segundo trimestre 2019 es del 10,6% siendo el promedio de los últimos 36 años del 11% y e) una deuda pública con problemas de liquidez y no de solvencia y que debe ser reestructurada.
Podemos contrastar estos datos claramente negativos de situaciones que la anterior gestión no pudo solucionar con las "luces" que significan importantes logros que no pueden ser minimizados.
Veamos: a) baja del déficit fiscal primario del 5,8% del PIB en 2015 a menos del 1% este año; b) baja del gasto público primario del 5,5% del PIB (especialmente en subsidios a la energía y el transporte); c) baja del déficit fiscal total del 5,1% en 2015 al 3,8% en 2019; d) recuperación del federalismo fiscal con las provincias que aumentaron su participación en la recaudación de impuestos nacionales del 40,5% en 2015 al 49,5% en 2019; e) equilibrio energético; f) baja de la presión impositiva del 31 al 28% del PIB (baja en las alícuotas de ganancias para sociedades y suba del mínimo no imponible para personas humanas; baja en las alícuotas de bienes personales y suba del mínimo no imponible; baja de las retenciones a las exportaciones -soja del 35 al 24% y el resto del 22 al 6%-; mínimo no imponible para las cargas patronales; impuesto al cheque a cuenta de Ganancias); g) balanza comercial superavitaria y el déficit de la cuenta corriente cercano ya al equilibrio; h) tipo de cambio competitivo; i) nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea y el EFTA.
Las políticas públicas se pueden discutir, pero los números no tanto.
Volvemos entonces a la pregunta clave: ¿estamos realmente en una situación de emergencia tal que amerite delegar poderes al Ejecutivo como lo pretende la administración Fernández? Entendemos que no. Que lo excepcional no puede ser permanente. Que estamos en una coyuntura difícil, compleja y delicada: sí. Pero en emergencia: no.
Por ello, se equivoca el nuevo gobierno en su primer apuesta grande. Equivocación que la terminaremos pagando todos los argentinos.