La flamante secretaria de Salud Mental y Adicciones de la Provincia de Salta, Irma Lidia Silva, dialogó con El Tribuno sobre los enfoques que le dará a su gestión. La funcionaria se refirió a las acciones que emprenderá para cumplir la Ley de Salud Mental y Adicciones 26.657, que hace unas semanas cumplió nueve años -fue promulgada el 2 de diciembre de 2010-.
Silva es presidenta del Colegio Profesional de Psicólogos de Salta y hasta el 9 de diciembre -cuando finalizó la gestión anterior-, fue subsecretaria de Desarrollo de Políticas Sociales de la Municipalidad de Salta.
La secretaria reconoció que aún no están dadas las condiciones para que el hospital Miguel Ragone deje de atender, a partir del 1º de enero próximo, solo cuestiones vinculadas con la salud mental.
Advirtió que en los últimos años, ha habido políticas regresivas en materia de derechos humanos, que han acentuado el foco en el punitivismo ante consumos problemáticos y que han eliminado programas fundamentales para trabajar con estos temas.
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La flamante secretaria de Salud Mental y Adicciones de la Provincia de Salta, Irma Lidia Silva, dialogó con El Tribuno sobre los enfoques que le dará a su gestión. La funcionaria se refirió a las acciones que emprenderá para cumplir la Ley de Salud Mental y Adicciones 26.657, que hace unas semanas cumplió nueve años -fue promulgada el 2 de diciembre de 2010-.
Silva es presidenta del Colegio Profesional de Psicólogos de Salta y hasta el 9 de diciembre -cuando finalizó la gestión anterior-, fue subsecretaria de Desarrollo de Políticas Sociales de la Municipalidad de Salta.
La secretaria reconoció que aún no están dadas las condiciones para que el hospital Miguel Ragone deje de atender, a partir del 1º de enero próximo, solo cuestiones vinculadas con la salud mental.
Advirtió que en los últimos años, ha habido políticas regresivas en materia de derechos humanos, que han acentuado el foco en el punitivismo ante consumos problemáticos y que han eliminado programas fundamentales para trabajar con estos temas.
¿Cuáles son los ejes en los que enfocará su gestión?
En la Argentina contamos desde diciembre de 2010 con una herramienta que es fundamental en materia de salud y de derechos humanos, la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657. Ahí tenemos toda una nueva legalidad en el campo de la salud mental, basada en dos ejes centrales: el primero, el respeto de los derechos humanos, y el segundo, la generación de políticas sanitarias desde la Nación y las provincias que promuevan formas de atención centradas en la inclusión de las personas que tienen estos padecimientos. Sobre estos grandes ejes vamos a plantear las opciones relativas a la salud mental en la provincia.
Según esta ley, el hospital Ragone debería cerrar el 1º de enero de 2020. ¿Están dadas las condiciones para hacerlo?
En realidad, cuando se habla de cierre, se habla de las transformaciones paulatinas y sin retrocesos que deberían realizarse en los hospitales monovalentes. En el hospital Ragone, se han hecho algunas transformaciones de impacto y de importancia. En este momento, la población de pacientes internados ha disminuido con respecto a otros años.
Se trabaja con dispositivos alternativos, que no son restrictivos, como casas asistidas. El otro día estuve en Marq’ay, que es uno de esos dispositivos que trabaja con expacientes que han salido del Ragone pero que mantienen algún tipo de relación con los servicios de salud que se emplean en estos dispositivos, lo cual considero de alta importancia.
Sin embargo, estos dispositivos no son suficientes...
Sí, es una de las líneas estratégicas que, basados en estos ejes que te comentaba, vamos a intentar concretar en estos años, que tienen que ver con la atención a personas con padecimientos mentales, los mejores lugares de atención que puedan tener... Sería la humanización y lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con este tipo de padecimientos y, obviamente, que la internación sea el último de los recursos con que se cuente.
Ha habido externaciones, como el caso que se publicó meses atrás en un diario local, en el que no se preparó a la comunidad para recibir a estas personas...
Por eso te comentaba que la lucha contra el estigma y la discriminación nos tiene que encontrar a todos juntos. La participación de usuarios y familiares es fundamental en este tipo de mirada y modelo de abordajes.
Hace nueve años, a partir de la ley, debería haberse creado el órgano de revisión en la provincia...
Hay dos proyectos en Diputados, que se han presentado en otro tiempo (N de la R: ingresaron el 30 de julio de este año). La única diferencia que hay entre ellos es que uno hace hincapié en su integración a los niveles más decisores, representantes del Ministerio (de Salud Pública), en fin, sectores provinciales; el otro pone más énfasis en la fuerza que deben tener las ONG de usuarios y de familiares, porque se considera desde ese modelo que el ojo del amo no tiene tanta importancia ni incidencia. Es decir, la mirada está puesta en el control desde el afuera hacia el adentro. Vamos a ver, en el transcurso de este año, si podemos tener un modelo acorde a estas consideraciones que te comento.
Según la ley, el dinero que se debe destinar a Salud Mental debería ser, al menos, el 10 por ciento del presupuesto de Salud Pública. ¿Qué porcentaje reciben?
El porcentaje que ha recibido en el último año no lo conozco, pero debería recibir el 10 por ciento, cosa que ningún hospital psiquiátrico en el país ni en Latinoamérica lo recibe.
¿Su idea es tratar de exigir que se cumpla?
Lo que hay que hacer es mejorar altamente el presupuesto para salud mental y adicciones y el presupuesto para los hospitales psiquiátricos, para invertir en otros tipos de dispositivos que no tengan estos perfiles manicomiales, de encierro.
Las internaciones por salud mental deberían ser en hospitales generales, pero en la práctica esto no sucede.
Esto es ir paso a paso. La salud mental debe integrarse en el sistema de salud general y las personas con padecimientos mentales deben ser ingresadas en hospitales generales. Aquí hay que hacer un trabajo absolutamente pormenorizado con los gerentes generales de los hospitales.
Así como faltan profesionales de la salud mental en el primer nivel de atención, también, en hospitales generales...
En hospitales generales, que deberían tener estas características. Además, las personas con padecimientos mentales, deben ser atendidas sobre todo en dispositivos bajo la forma de atención menos restrictiva posible. Entonces, deben probarse alternativas basadas en cuidados comunitarios, antes de asumir la atención hospitalaria, más allá del nivel del que se trate.
En el Ragone hay muchas personas en condiciones de alta, que viven allí por cuestiones sociales (no tienen casa, no tienen familia, entre otros). ¿Hay un plan para resolverlo?
Las personas que siguen internadas ya son pocas, según tengo entendido, por una conversación de trabajo que he tenido. Se van reduciendo poco a poco, ya serían los últimos. Lo importante es que al hospital hay que transformarlo despacio, con los tiempos necesarios, en un hospital de agudos, que atienda otras clínicas. Algunos hospitales a nivel latinoamericano lo han resuelto con este modelo de transformación.
Cuando dice que disminuye la cantidad de personas internadas por cuestiones sociales, ¿se refiere a que se van muriendo?
Claro, porque ahí hay un reservorio de personas muy mayores, sin familia. Entonces es todo muy delicado. Sé que se han hecho esfuerzos para solucionar algunos de esos temas. Me interesa mucho que se trate caso por caso y no que se tomen medidas para todos por igual, porque los dispositivos tienen que crearse a la medida de las necesidades de cada cual.
Otra figura que aun no existe en Salta es el abogado para defender los derechos de las personas que son internadas contra su voluntad.
Si no está esto instalado, habrá que hacer todo el énfasis para que se concrete en el más breve tiempo. Es un tema fundamental.
¿Cuál es la situación de los “inimputables”, como se llamaba antes a las personas con sufrimientos mentales que entran en conflicto con la ley penal?
Lamentablemente ahí hay que hacer un trabajo pormenorizado, muy profundo, porque nadie quiere ver ese tipo de sufrimientos y las condiciones en las que permanecen esas personas, en dónde pasan sus vidas... Seguramente en el transcurso de la semana, tomaré contacto con el licenciado (Fernando) Acuña (gerente del Ragone) y su equipo de trabajo, al igual que el que me acompañará, para ver ese tema en lo particular. A lo largo del tiempo, son realidades que siguen siempre igual. No cambian nunca y estamos en el siempre gris ahí.
Desde Buenos Aires hay una campaña muy fuerte para que sigan los manicomios y no se avance hacia el cumplimiento de la ley de salud mental.
Es un movimiento en el que hay muchos tipos de intereses; entre ellos, económicos. Las ONG, los colegios profesionales y federaciones en el país estamos dando batalla contra estas cuestiones que son de deshumanización. Pretender no transformar a los grandes “saurios” es perpetuar condiciones manicomiales de encierro y de afectación hacia los colectivos sociales nuestros.
Su cartera también está a cargo de Adicciones. Según se supo este año, nadie supervisa los centros privados de tratamiento -salvo tres, que conforman la red provincial- que pueden trabajar de cualquier manera. ¿Cómo va a encarar esto?
Supervisando, monitoreando, pero también poniendo a disposición la parte técnica. A veces, los errores no se cometen por dejar ir, sino por falta de conocimiento. La salud mental es un territorio en disputa. Ante los efectos de subjetivantes de las políticas en curso, como las que hemos padecido, lo manicomial amenaza con retornar a través de la desactivación de programas y el recrudecimiento de punitivismo en materia de consumos problemáticos.
¿Considera que debería despenalizarse el consumo de sustancias?
Yo creo que hay una deuda en la construcción de dispositivos clínicos, técnicos y políticos que den respuesta adecuada y solvente a las situaciones más severas de consumo problemático. Pienso que con las políticas abstencionistas, si no construimos respuestas que eviten la derivación de personas en situación crítica hacia los dispositivos de encierro, estaríamos en problemas. Creo que hay que reforzar el trato digno, los buenos tratamientos, los buenos dispositivos y un recurso humano a la altura de las circunstancias.
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