El país saldrá adelante si el esfuerzo es solidario y parejo

Para los argentinos, el 2020 llega con expectativas, esperanzas y, también, justificadas reservas.

El recambio presidencial, realizado con normalidad dentro del marco institucional, es una novedad saludable en nuestra historia reciente. El contexto económico y social, en cambio, resulta preocupante.

El país acarrea problemas de larga data. En los últimos setenta años figura entre los que registran menor crecimiento y mayores índices de inflación en el planeta. Desde la estabilización de la democracia en 1983, la economía en negro, la degradación laboral, los índices de rendimiento educativo y la pobreza han sufrido un crecimiento geométrico que desbordó a los gobiernos y a los modelos que se sucedieron.

Por ese motivo, es absurdo acusar a un partido en particular o a un sector. Todos han contribuido, cada cual en su medida, a la construcción de una economía ineficiente y a una política más enamorada de la retórica que de las decisiones prácticas.

La grieta que hoy enfrenta a los argentinos, basada en posiciones binarias y absolutas, solo contribuye a dificultar la visión de la realidad. El primer paso será superarla y esa es una tarea que corresponde al Gobierno y a la oposición; sin embargo, ni de uno ni otro lado se notan esfuerzos reales por lograrlo.

La Nación y la democracia deben estar por encima de las ideologías y los intereses sectoriales, pero desde hace mucho tiempo la política argentina prefiere enarbolar la sospecha sobre los otros que gobernar bien.

El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha un plan de ajuste que merodea el 1,5% del PBI. Se lo denomina "plan solidario" para buscar la aceptación de una sociedad que repudia los ajustes y tiene reflejos negativos hacia los acreedores externos.

Nadie duda de que si no se achican los gastos y se aumentan los ingresos la situación no tiene salida. No obstante, esa apelación a la solidaridad está impregnada de un cierto tono de reproche "a los que más tienen", sin razonar que las decisiones adoptadas afectan a los jubilados que cobran más de 19 mil pesos, pero exceptúan a los jubilados y pensionados de privilegio. Además, determinan un incremento de la presión tributaria en determinados sectores, como el campo y la exportación, pero no incluyen ningún sacrificio al sector especulativo y financiero; crean, no obstante, un desdoblamiento cambiario que, seguramente, producirá efectos sensibles en el nivel de precios.

En un país donde 22 millones de personas, la mitad de la población, dependen de los fondos del Estado, es comprensible que haya un crecimiento de la pobreza, pero el esfuerzo solidario debe ser parejo.

Cuando se le preguntó al senador cordobés Carlos Caserio cuándo se pedirá un sacrificio al sistema político, respondió que "la clase política no está para hacer esfuerzos". A su vez, el exjuez Raúl Zaffaroni reforzó esa idea afirmando que "los que quieren reducir el gasto político no toleran que se financie la democracia".

En realidad, el reproche más fuerte está referido a que la ley no toca las jubilaciones de privilegio, que en el caso de Zaffaroni exceden los 400.000 pesos por mes.

La cuestión apuntada es más profunda: el gasto político de la Argentina es altísimo en relación con los países desarrollados.

Existe en todo el territorio nacional un régimen de clientelismo político financiado con impuestos coparticipables y que genera miles de familias dependientes del auxilio del gobierno y del municipio; esa dependencia tiene como beneficiarios a punteros y dirigentes que usufructúan esos votos cautivos, mientras que se erosiona día a día la generación de fuentes genuinas de trabajo.

Esta es una realidad que es necesario resolver. Allí están los sacrificios que se deben realizar. La Argentina debe pagar sus deudas, sanear su economía y comenzar a funcionar como un país jurídicamente seguro.

Si Alberto Fernández logra transitar por esa senda y es capaz de llevar adelante un proyecto de desarrollo humano, se ganará, sin duda, el reconocimiento de sus compatriotas.

 

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