La defensora general de la Provincia, María Inés Diez, informó sobre la presentación de hábeas corpus por la situación de detenidos y privados de la libertad en la Alcaidía. El tema se trató ayer en la reunión del Consejo Federal de Defensores y Asesores de Incapaces de la República Argentina, que se realizó en Buenos Aires.
inicia sesión o regístrate.
La defensora general de la Provincia, María Inés Diez, informó sobre la presentación de hábeas corpus por la situación de detenidos y privados de la libertad en la Alcaidía. El tema se trató ayer en la reunión del Consejo Federal de Defensores y Asesores de Incapaces de la República Argentina, que se realizó en Buenos Aires.
El documento fue compartido por la magistrada María Inés Diez, en el encuentro nacional. Entre otros temas, en Buenos Aires se analizó la problemática de hacinamiento en centros de detención de todo el país y la utilización de tobilleras electrónicas como medida sustitutiva.
María Inés Diez informó sobre la situación de la Alcaidía de Salta. La defensora general se refirió en particular a un hábeas corpus colectivo y correctivo que presentó oportunamente por la defensa en el que se solicita el "cese del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de todas las personas alojadas en la Alcaidía General de la Provincia N§ 1".
En el documento se advierte que los alojados allí, privados de su libertad, "se encuentran hacinados, en un ambiente insalubre, sin elementos adecuados para descansar y abrigarse, con mala alimentación y escasa atención médica, lo que afecta su integridad psico-física, su dignidad y su seguridad, tanto como la del personal penitenciario".
Según relató María Inés Diez sobre lo debatido en el encuentro, "la situación de hacinamiento en centros de detención es de alcance nacional".
Tobilleras
"En todas las provincias la situación se repite, de modo tal que intercambiamos pareceres respecto de la utilización de tobilleras electrónicas como dispositivo de seguridad frente a la posibilidad de otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria que presenta, por supuesto, otras complicaciones; siendo la principal la obligatoriedad de que algún familiar disponga de espacio para alojar a quien se encuentra en conflicto con la ley penal para poder así viabilizar esta metodología", dijo la magistrada.
Diez anticipó que a su regreso a Salta compartirá con el equipo de Coordinación del Área Penal "antecedentes que otras provincias instrumentaron en casos de violencia institucional por ser este un asunto recurrente y que se refleja en el trabajo diario que la Defensa Pública lleva adelante en todo el país".
El encuentro se realizó ayer a la mañana en la Defensoría General de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y asistió también la asesora general de Incapaces de Salta, Mirta Lapad.
Revisión de tratamientos en salud mental
Durante la reunión del Consejo Federal de Defensores Oficiales y Asesores de Incapaces que se realizó ayer en Buenos Aires, se analizó la situación de la provincias en cuanto a la implementación del Órgano de Revisión de Salud Mental.
La Asesora General de Incapaces de Salta, Mirta Lapad, informó en el encuentro sobre los avances en Salta. Expuso que en la provincia se trabajó para la elaboración de un proyecto de ley que genere un organismo específico en la materia, en el marco de una comisión integrada por representantes de distintas áreas involucradas en el tema.
En este sentido, en agosto de este año la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley para crear el Órgano de Revisión y Promoción de los Derechos Humanos en Salud Mental en el ámbito de la Asesoría General de Incapaces. La iniciativa establece que el organismo tendrá intervención en “todos los servicios y establecimientos de salud, públicos y privados o del tercer sector, cualquiera sea su forma jurídica o de gestión, que se encuentren en el territorio de la provincia de Salta”.
También se especifica que el órgano tendrá la función de monitorear periódicamente la inserción social de personas y las condiciones de internación por razones de salud mental, evaluar que toda internación involuntaria se encuentre debidamente justificada y requerir información y/o documentación a las instituciones que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos. El proyecto se basa en la ley nacional 26.657 y pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento.