En un año que se presenta sombrío en materia económica, mañana por la tarde arrancará la negociación paritaria con los gremios estatales de la provincia.
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En un año que se presenta sombrío en materia económica, mañana por la tarde arrancará la negociación paritaria con los gremios estatales de la provincia.
El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, anticipó a El Tribuno que el objetivo es preservar el poder adquisitivo real del salario de los empleados públicos, pero sin desequilibrar la balanza entre ingresos e ingresos. "Las perspectivas macroeconómicas no son alentadoras. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los salarios sigan el ritmo de la inflación, pero decimos "todo lo posible' porque no sabemos si el nivel de ingresos de la Provincia también aumentará como los precios".
La advertencia del funcionario va acompañada de un criterio de negociación: "El Gobierno nacional proyecta una inflación del 23% para todo el año; hasta ahora, los indicadores de enero nos demuestran que es una proyección razonable. A partir de allí negociaremos cómo ir equiparando los salarios con los sueldos. El año pasado arrancamos con el 15% de aumento y terminamos en 37,5%, más un bono de $3.000. Los valores macroeconómicos se desbalancearon, pero nosotros reabrimos las negociaciones todas las veces que fue necesario".
Incertidumbre
El problema salarial de los empleados estatales es el reflejo del escenario de la economía nacional. En los últimos años la masa de sueldos de la Provincia pasó de insumir el 50% del presupuesto, a más del 60%.
Cada punto de aumento en los salarios representa $320 millones anuales que se restan al gasto en obras o servicios, y para el trabajador apenas asciende a $300 por mes. Ese es el cálculo que pondrá el Gobierno sobre la mesa
"Entre 2015 y 2017 hubo un desbalance que volcó la ecuación a favor de los salarios. El resultado fue el déficit explosivo que estalló en 2017. El ingreso de los empleados del Estado es un objetivo fundamental, pero un Estado provincial que no invierte en obras, que restringe el presupuesto para servicios básicos, no está contribuyendo con la preservación de la calidad de vida de toda la sociedad. Este punto es central. Hoy las pymes están agobiadas por los tarifazos, la presión tributaria está más allá del límite, y no existe un solo sector productivo que no vea deteriorado su ingreso. En ese contexto, hay que medir lo que se puede y lo que no se puede".
Cuadro de situación
Según estadísticas que maneja el Cippec, entre 2008 y 2015, la variación real de los salarios en Salta fue del 26,1%; y la variación nominal, 137%.
El Gobierno sostiene que, comparativamente, los estatales salteños han gozado de una evolución de sueldos más favorable que el resto de las provincias.
En las provincias del NOA, en 2017, el salario de un maestro de grado con 10 años de antigedad en Salta era $19.994 contra $11.248 de un educador santiagueño.
Además, según cálculos locales, la masa salarial del rubro educativo aumentó el 44% en 2014; el 50% en 2015 y el 48% en 2016.
En ese período el sueldo de bolsillo creció correlativamente 44%, 43% y 46%.
No hubo aumento de cargos ni de horas de clase.
En 2017 el déficit presupuestario de más de $4.000 millones se hizo sentir: ese año la masa salarial docente creció el 29% y el aumento de bolsillo fue de 28%.
La inflación en esos años fue: 2014, 38%; 2015, 27%; 2016, 41%. Haciendo números, la masa salarial habría aumentado entre 6%, 16% y 5% por encima de la inflación.
Por eso, según la estimación oficial, el poder adquisitivo de los salarios salteños fue el que menos bajó en el país. "La administración del Estado no puede desenvolverse como si estuviera en una isla -dijo Yarade-. Hay que partir de la base que la manta siempre parece corta, pero hoy está más corta que nunca. Si uno tira de la manta corta, destapa a otro.
Tenemos que analizar, cuidadosamente, los detalles para evitar los desbalances".
En 2018 a nadie le fue bien. Fue un año negro y no hay señales para el optimismo. Hoy, la expectativa de la sociedad se limita a "salvar las papas".