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“Si siguen migrando del sector privado al público, el sistema de salud podría tener dificultades”

Martes, 19 de marzo de 2019 01:54

Días atrás se conocieron cifras alarmantes sobre el estado de salud nutricional de niños y niñas salteñas de entre 2 y 12 años de edad. Según un informe elaborado por el Centro Regional de Investigación y Recuperación Nutricional de Salta, la mitad de los chicos encuestados tiene predisposición a contraer enfermedades crónicas no transmisibles cuando sean adultos. El ministro de Salud Pública de la Provincia, Roque Mascarello, habló con El Tribuno sobre este relevamiento e invitó a la sociedad a tomar conciencia sobre los problemas sanitarios que se avizoran, si no se toman medidas para contrarrestarlos. 
El funcionario habló sobre las mejoras que hubo en las tasas de mortalidad infantil, de 9,6 por mil, y de mortalidad materna, de 1,5 por 10 mil, y consideró que la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de aborto no punible (ANP), a fines de mayo del año pasado, no influyó en la estadística. 
Mascarello reconoció que, por la crisis económica, “hay una transferencia importante de pacientes” del sector privado al sector público y expresó que, si esta situación continúa, se afectará el funcionamiento del sistema de salud.

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Días atrás se conocieron cifras alarmantes sobre el estado de salud nutricional de niños y niñas salteñas de entre 2 y 12 años de edad. Según un informe elaborado por el Centro Regional de Investigación y Recuperación Nutricional de Salta, la mitad de los chicos encuestados tiene predisposición a contraer enfermedades crónicas no transmisibles cuando sean adultos. El ministro de Salud Pública de la Provincia, Roque Mascarello, habló con El Tribuno sobre este relevamiento e invitó a la sociedad a tomar conciencia sobre los problemas sanitarios que se avizoran, si no se toman medidas para contrarrestarlos. 
El funcionario habló sobre las mejoras que hubo en las tasas de mortalidad infantil, de 9,6 por mil, y de mortalidad materna, de 1,5 por 10 mil, y consideró que la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de aborto no punible (ANP), a fines de mayo del año pasado, no influyó en la estadística. 
Mascarello reconoció que, por la crisis económica, “hay una transferencia importante de pacientes” del sector privado al sector público y expresó que, si esta situación continúa, se afectará el funcionamiento del sistema de salud.

Un adolescente de la etnia wichi que tenía 14 años de edad y pesaba 30 kilos murió la semana pasada en Tartagal. ¿Cómo trabajan con los pueblos originarios para prevenir situaciones como esta?
Ese chico estuvo internado en el hospital. El sistema lo tenía registrado, controlado, lo venía siguiendo y se le indicó la internación. Fue al hospital y luego se fugó, circunstancia que dejamos asentada mediante exposición policial. Luego, al ver el seguimiento diario, se decidió la derivación a Tartagal, donde falleció. Ese paciente debía estar internado y la negación de la familia terminó llevándolo a esta situación, que es dramática. Nosotros intentamos que eso no sucediera. 
Es bastante complejo en el departamento Santa Victoria, sobre todo con esas comunidades, donde se dan este tipo de cosas. Lo fácil sería decir que es una cuestión cultural; yo creo que es mucho más que eso. Lo que quiero dejar en claro es que el chico estuvo siempre dentro del sistema, controlado. Cuando decidió irse voluntariamente del hospital, el agente sanitario iba todos los días a la casa a llevarle la medicación. 
Esas cosas pasan excepcionalmente, pero merece que todos reflexionemos sobre esto y sobre la necesidad de tener una participación activa en la relación con la comunidad para tratar de desterrar prácticas, como la presencia de chamanes, brujos o como se los quiera llamar, a los cuales concurren muchas de estas personas y que, en definitiva, terminan llevándolas a la muerte. 

¿La desnutrición es habitual en los pueblos originarios?
No. Nosotros venimos diciendo -y esto salió en el diario de ayer (por el domingo)- que la mal nutrición es un problema más serio en términos sanitarios que la desnutrición. Hoy, más allá de que puede haber algún caso en particular, la constante es que sean personas obesas con trastornos en la alimentación o mala alimentación, que las lleva a otros problemas. Hoy se comen farináceos y comida chatarra. No hay consumo de frutas, de verduras ni de pescado. Se prefiere otro tipo de alimentación, que genera esos trastornos. 
Hay muchos pacientes de entre 2 y 12 años con diabetes o hipertensión. Eso lo generan los hábitos de no caminar, no realizar ninguna actividad física y la incorrecta alimentación, que también se da en los pueblos originarios. Uno podría pensar que esto es patrimonio de las sociedades industrializadas, pero en las comunidades aborígenes se da en la misma proporción. 
Al difundir esto, buscamos llamar la atención para que todos tomemos conciencia de esto. El daño en la salud de las personas no se va a ver hoy, sino dentro de 10, 12 o 20 años. 

¿Qué puede hacer el Estado para revertir esta situación?
El Estado debe tener una presencia activa e indicar la necesidad de la correcta alimentación, pero también es cierto que, como estas cosas involucran a las personas y están vinculadas con decisiones personales, es muy difícil. Con el programa de salud escolar en las escuelas y con los quioscos saludables se intenta -no digo que se logre- modificar esas condiciones. Cuando hay un bombardeo sistemático desde los medios de comunicación con respecto al consumo de bebidas azucaradas o de comida chatarra, como hamburguesas, papas fritas y ese tipo de cosas, es muy difícil competir. El Estado no puede dejar de hacer las cosas que viene haciendo y habrá que inventar algo más, pero, si los padres, en el seno de la familia, que es el primer lugar para educar, no dicen nada y fomentan ese tipo de alimentación, estamos complicados. Entonces, todos debemos tomar conciencia y actuar en conjunto.

¿Aumentar los impuestos a las bebidas y a las comidas poco nutritivas sería una opción? Cuesta más caro comprar agua que una gaseosa... 
Claro, es un absurdo. Obviamente, sale más cara un agua, que es buena para la salud, que una gaseosa. Hay cosas que no se entienden o que las entendemos porque formamos parte de un mundo capitalista, donde estas cosas están presentes. Yo no tengo ninguna cuestión personal contra nadie que quiera consumir una bebida azucarada. Una cosa es la excepción y otra, la norma. La norma de alimentarse inadecuadamente y no realizar actividad física termina por generar esto. Entonces, me parece que tenemos que desalentar estas prácticas.
Los japoneses obligan a todos sus empleados, en la administración pública y en el sector privado, a realizar media hora de actividad física. Si no tomamos esos ejemplos de comunidades de países desarrollados, que tienen claro el daño que se produce en la salud de su gente... Además, hay que ver lo que representa en términos económicos para el Estado atender estas patologías. 

Con la crisis económica, se nota una migración del sector privado al sector público de salud. ¿Cree que esto puede hacer colapsar al sistema?
Cuando hace dos semanas decidimos abrir la afiliación dentro del IPS (Instituto Provincial de Salud), fue con ese objetivo: que aquellas personas que tienen capacidad de pago en un monto razonable tengan cobertura desde la obra social. Sin duda, hay una transferencia importante de pacientes que, aun teniendo obra social, no pueden pagar los coseguros o los plus y terminan yendo a los hospitales. Ojalá que esta crisis que vive la Argentina se corrija pronto porque, si no, vamos a terminar haciéndonos cargo de un porcentaje importante de gente que tiene cobertura social y no la puede usar porque no tiene para pagar los adicionales. Hoy lo seguimos manteniendo. Si continúa esta situación, entiendo que puede llegar a tener dificultades el funcionamiento del sistema.

Usted mencionó hace unos días que bajaron las tasas de mortalidad infantil y materna. ¿A qué se debió esto?
Hay una evolución, una tendencia histórica a la baja, pero, como en todas las cosas, si uno realiza acciones para modificarlas más rápido, mejor. Eso es lo que se hizo: insistir mucho en los controles prenatales y de la embarazada. Decidimos ajustar todas las cuestiones vinculadas con la organización del sistema y la búsqueda activa. No quedarnos esperando a que vengan, sino ir a buscarlas y llevarlas al hospital. Así, garantizamos que cada 30 días se evalúa cómo va el embarazo, para tenerlo controlado y llegar al final de la historia sin ningún problema o, si hubiera alguno, actuar oportunamente para que tanto la madre como el niño tengan el final feliz que todos esperamos cuando hay un embarazo. Insistir y multiplicar la cantidad de controles, casi obsesivamente; tomar como prioridad la atención de la embarazada y del recién nacido y controlar al niño hasta el año de vida permitieron esos indicadores. Debería ser un orgullo para los salteños porque Salta siempre tuvo indicadores por encima de la media nacional. 

¿Puede que la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de aborto no punible (ANP) en mayo del año pasado haya impactado en la baja de la tasa de mortalidad materna?
No tiene mucho que ver. 

¿Qué opina sobre lo que pasó en Jujuy y en Tucumán, donde practicaron cesáreas en vez de ANP a niñas que quedaron embarazadas tras haber sido abusadas?
Conozco lo que salió en los medios. Me parece que se antepusieron cuestiones personales y que no se actuó conforme a lo que dice el decreto. Se buscaron argucias para dilatarlo, con las consecuencias que tuvimos lamentablemente. Creo que nosotros en Salta hemos dado una muestra del cumplimiento de la norma. 

 

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