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Denuncian un "vaciamiento progresivo" del Correo Argentino a través del desvíos millonarios 

A consultoras y abogados vinculados a funcionaros del actual Gobierno. La fiscal Gabriela Boquín exigió que se acuerde el pago de la deuda con el Estado, según publicó BAE Negocios.
Sabado, 13 de abril de 2019 08:32

"Acá no pasó nada", había asegurado el presidente Mauricio Macri hace más de dos años cuando le ordenó a Oscar Aguad que vuelva a "foja cero" el acuerdo entre el  Estado y el Grupo Macri por el Correo Argentino. Pero un nuevo dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín alerta sobre desvíos irregulares, un "vaciamiento progresivo" y exige que la causa deje de ser dilatada.
Según el dictamen al que accedió BAE Negocios, mientras la empresa de la familia del mandatario aún adeuda al Ejecutivo un monto que equivalía a $300 millones que arrastra hace 18 años,  Correo Argentino SA benefició a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos por casi $35 millones a pesar de no tener actividad comercial.
Los presuntos pagos irregulares fueron detectados por la fiscal ante la Cámara Comercial y surgen de la lectura y estudio de los libros contables de la compañía. "En la administración de la concursada existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde ei 19/11/2003 ésta no registra actividad", explica Boquín en el dictamen.
Denuncia un "vaciamiento progresivo" a través del cual la compañía habría desviado sus millones a un círculo reducido de personas y empresas vinculadas a ellos mismos cuando ese dinero debía destinarse al pago de la deuda con el Estado, sostiene la fiscal. Y no sólo los beneficiados mantenían una relación, sino que además de las sumas que recibían, eran apoderados de los acreedores de Correo Argentino.

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"Acá no pasó nada", había asegurado el presidente Mauricio Macri hace más de dos años cuando le ordenó a Oscar Aguad que vuelva a "foja cero" el acuerdo entre el  Estado y el Grupo Macri por el Correo Argentino. Pero un nuevo dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín alerta sobre desvíos irregulares, un "vaciamiento progresivo" y exige que la causa deje de ser dilatada.
Según el dictamen al que accedió BAE Negocios, mientras la empresa de la familia del mandatario aún adeuda al Ejecutivo un monto que equivalía a $300 millones que arrastra hace 18 años,  Correo Argentino SA benefició a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos por casi $35 millones a pesar de no tener actividad comercial.
Los presuntos pagos irregulares fueron detectados por la fiscal ante la Cámara Comercial y surgen de la lectura y estudio de los libros contables de la compañía. "En la administración de la concursada existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde ei 19/11/2003 ésta no registra actividad", explica Boquín en el dictamen.
Denuncia un "vaciamiento progresivo" a través del cual la compañía habría desviado sus millones a un círculo reducido de personas y empresas vinculadas a ellos mismos cuando ese dinero debía destinarse al pago de la deuda con el Estado, sostiene la fiscal. Y no sólo los beneficiados mantenían una relación, sino que además de las sumas que recibían, eran apoderados de los acreedores de Correo Argentino.

Funcionarios

Algunos de ellos son funcionarios del actual Gobierno o cercanos a ellos, como el hermano del diputado Pablo Tonelli que dirige el estudio de abogados Tonelli y que recibió alrededor de $4 millones en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007; una parte de los $14.386.053,68 con los que se recibieron nueve estudios jurídicos.
El legislador fue uno de los principales críticos de Boquín cuando frenó el acuerdo entre el Ejecutivo y Correo que garantizaba una quita del 98% de la deuda.
Por Tonelli y otros que ocupan cargos públicos, la fiscal solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de los mismos que deben intervenir en la negociación con Correo Argentino SA y que al mismo tiempo integraron la compañía de la familia Macri. 
El mayor apuntado de los funcionarios es el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, quien tiene potestad de intervenir en el caso y quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado por sumas millonarias. Fue director suplente, director titular y apoderado de la empresa.

Fuente: BAE Negocios

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