Tras la evasión fiscal también se investiga un fraude al Estado

En enero de 2018, cuando las alarmas del sistema "E-Apoc" advirtieron sobre inconsistencias tributarias en un grupo de empresas salteñas, los operadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pensaron que estaban ante un caso más de contribuyentes sospechosos de evasión fiscal.

Por eso, en las oficinas centrales del organismo recaudatorio de la Nación muchos siguen sorprendidos por las derivaciones que tomó la investigación judicial que el fiscal federal Ricardo Toranzo abrió hace 15 meses contra Arcadio, Cecsa y otras firmas por las que Matías Huergo, el exdirector de Lusal, tiene prohibida la salida del país desde hace un par de meses.

El entramado al que se vincula con una presunta usina armada para emitir facturas falsas es, según fuentes bien informadas, la punta de un ovillo que tiene a empresarios y funcionarios municipales complicados por una larga investigación que incluyó inspecciones, verificaciones de campo y hasta escuchas telefónicas que, por ahora, la Justicia Federal de Salta mantiene reservadas bajo siete llaves.

El secreto de sumario impidió hasta ahora conocer detalles del expediente, pero fuentes judiciales adelantaron a este diario que se avecinan imputaciones por asociación ilícita -conformada con fines de evasión tributaria federal- y fraude a la administración pública.

Los allanamientos que abarcaron el pasado 14 de enero al Centro Cívico Municipal capitalino y el pasado jueves a la Secretaría de Obras Públicas provincial y a la empresa Aguas del Norte son parte de la instrucción que quedó a cargo del juez federal Julio Bavio, en diciembre, luego de que su par Miguel Medina se excusara de tomar la causa.

La Justicia Federal puso en mira, inicialmente, a varias obras de iluminación que el municipio capitalino adjudicó a las empresas investigadas, a través de contrataciones directas, por más de $11 millones. Por el seguimiento de las IP -número que identifica a ordenadores y dispositivos conectados a Internet- se advirtió que algunas de las facturas apócrifas se emitieron desde el Centro Cívico Municipal. Allí, el 14 de enero, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestraron, entre otros elementos de prueba, dos computadoras. Uno de los equipos estaba asignado al área de pagos de la comuna y el otro era utilizado por el subsecretario de Finanzas, Miguel Alejandro Alcalá, y el secretario de Hacienda, Pablo Gauffín, quien el 28 de febrero renunció por razones familiares, según manifestó en su nota de dimisión.

Los datos grabados en los discos de ambas terminales fueron recuperados por un equipo de expertos informáticos de la AFIP. El contenido del informe se mantiene bajo reserva, porque quedan medidas de prueba pendientes.

El 14 de enero, recordemos, se realizaron por orden del juez Bavio once allanamientos que también abarcaron a estudios y domicilios particulares de la ciudad de Salta, San Lorenzo, Vaqueros y San Luis. Uno de los estudios en los que irrumpieron los agentes de la PSA fue el que comparten el exdiputado Guido Giacosa y el exprocurador municipal Aníbal Anaquín en O'Higgins al 200.

En los operativos, la PSA recuperó una importante cantidad de documentación), computadoras personales, sellos y chequeras que se agregaron al abultado expediente de la investigación preliminar.

Tras el allanamiento de su domicilio, Matías Huergo se puso a disposición de la Justicia, negó cualquier responsabilidad penal en los hechos investigados y solicitó el 8 de febrero su eximición de prisión. El empresario pidió acceder al expediente, pero su solicitud fue denegada primero por el juez Bavio y después por la Sala 1 de la Cámara Federal. En esa resolución, del 29 de marzo, hizo lugar al pedido de eximición. En una audiencia previa, el fiscal ante la Cámara había considerado procedente la eximición de prisión en vista de la calificación legal provisoria de los hechos que se investigan.

La Cámara debe resolver ahora un planteo de incompetencia que dedujo Huergo por el supuesto delito de fraude a la administración pública, en el entendimiento de que su trámite y resolución son de competencia provincial. El planteo podría ocupar a la Cámara Federal de Casación Penal, que en un fallo reciente sobre los prestamistas colombianos que operan en Salta con los créditos gota a gota resolvió no escindir una investigación de delitos federales (lavado de dinero) de los provinciales (usura y extorsión) que recayó también en el Juzgado Federal 1 de Salta.

Informes, en camino

En la causa por la evasión impositiva de contratistas del Estado, el juez Bavio espera para la próxima semana informes técnicos de la AFIP.

El organismo recaudador realiza un peritaje de documentos secuestrados en los 11 allanamientos que se concretaron el pasado 14 de enero. Esos informes serán determinantes para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Fuentes consultadas confirmaron que las personas implicadas en el expediente aún no fueron citadas a indagatorias porque no están formalmente imputadas.

Dos causas emblemáticas 

Los escándalos de corrupción de Skanska e IBM se destaparon por sospechas de evasión.

Uno de los procedimientos que se realizaron el jueves en dependencias de la Provincia.

Las facturas apócrifas son utilizadas por empresas para simular gastos inexistentes, pagar menos Ganancias y lavar dinero. En las contrataciones del Estado se usan para ocultar retornos por obras adjudicadas con sobreprecios, negociaciones incompatibles y desviar fondos públicos al bolsillo de funcionarios corruptos o la caja negra de la política. 

En 1994, para evadir impuestos, directivos de la empresa IBM disfrazaron un préstamo de dinero como si fuera una compra de software. Tras la sospecha que despertó aquella factura de 10 millones de dólares, en la DGI se destapó uno de los casos de corrupción más resonantes de los años del menemismo: IBM-Nación. Un escándalo internacional explotó cuando se supo que directivos de la compañía estadounidense habían sobornado a funcionarios del Banco de la Nación Argentina para ganar un contrato por el que embolsarían 500 millones de dólares con la informatización de la entidad financiera.

Las causa terminó caída por el paso del tiempo y con todos los acusados sobreseídos, pero en agosto de 2018 la Cámara de Casación declaró imprescriptibles los delitos de corrupción y reabrió el caso.

En 2005, con el kirchnerismo en el gobierno, actuaciones por presunta evasión fiscal desembocaron en otra resonante causa por corrupción, cuando se descubrió que la empresa sueca Skanska había usado facturas apócrífas para encubrir el pago de sobornos a funcionarios nacionales. El caso, vinculado con obras de ampliación en gasoductos que se adjudicaron con sobreprecios, también sufrió un largo empantanamiento hasta que fue reabierto en 2016. En noviembre de 2018 se confirmaron los procesamientos de Julio De Vido y otros exfuncionarios por defraudación al Estado nacional.

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