Una semana clave arranca mañana en la causa de las facturas apócrifas que tiene al empresario Matías Huergo como principal sospechoso y detenido hasta el momento. Otra agitada se vivió en el Juzgado Federal 1 con las extensas indagatorias de los involucrados. Las partes ya comenzaron a desplegar sus tácticas de defensa y aún resta que se defina la situación de Huergo y que se resuelva la competencia respecto de la causa.

Ya comparecieron ante el juez federal 1 Julio Bavio: Huergo, su socio Rubén Romero, el contador de sus empresas Arturo Mimessi, y su ex asesor jurídico Aníbal Anaquín. Cada uno declaró durante un lapso de cinco a seis horas.

Trascendió que Huergo habría reconocido ser el propietario y responsable de las empresas que se investigan pero que no reconoció que eso fuera por una cuestión de ilegalidad. Habría hablado de la participación de terceras personas para poder constituir sociedades en razón de que tenía un cargo en una prestataria de servicios que le impedía tener empresas de un rubro similar. Era el gerente general de Lusal, firma que requería su ocupación exclusivamente. Según trascendió, dijo que él quería dedicarse a las obras particulares también de electricidad y que por eso necesitaba poner gente, es decir "prestanombres".

En tanto, Rubén Romero, de 74 años, quien figura en al menos dos empresas como socio de Huergo y llamativamente reside en una humilde casa, habría expresado que es inocente y que solamente formó parte del directorio y las sociedades a pedido de Huergo porque él le dijo que iba a ser una cuestión momentánea y que después lo iba a sacar.

Sostuvo que eventualmente llevaba papeles para que hicieran las declaraciones juradas mensuales y los balances, "que era un empleado, un cadete".

A su turno, el contador Mimessi sostuvo ante el juez que realizaba tareas contables que nada tenían que ver con la confección de las facturas e hizo hincapié en que recibía la documentación que le mandaban de las empresas.

Sobre la declaración del abogado y actual coordinador de la Vicegobernación, Aníbal Anaquín, trascendió que habría expresado que era asesor jurídico en el caso de la empresa Arcadio y que el estudio que él integraba junto con otro abogado veía cuestiones personales de Huergo desde antes que constituya la empresa. Se enfocó en que hacía tareas jurídicas.

Al ser consultado por lo acontecido en la semana de indagatorias y su balance respecto a la causa, el abogado de Mimessi, Raymundo Sosa, destacó: "Lo importante es que se va clarificando que es lo que cada una de las personas que declaró tiene que ver con este tema de la investigación".

Y puntualizó que hay dos cuestiones que se investigan en este momento en el Juzgado Federal 1. "Lo que hay que, en primer lugar, tratar de probar y de ver es que efectivamente, y a nadie le consta todavía, existen las facturas mellizas que son aquellas utilizadas en forma legal en una operación y luego por medio de un escaneado son utilizadas en otra operación diferente. Esa factura escaneada evidentemente sería una ilegal. Eso es lo que detecto la AFIP. Después también detectó, usinas de facturas que son empresas con existencia legal pero con inexistencia en la vida real, o sea, figuran como sociedades. Tienen CUIT, están inscriptas pero no tienen ningún trabajo. Lo único que hacen es dar facturas", explicó.

A partir de mañana, deberán comparecer Francisco Guzmán Garrido, Matías Esliman, Camila Muñoz y Sebastián Héctor Silva. Además, el juez Bavio tiene que resolver la situación de Huergo, quien pidió la excarcelación. También está pendiente la resolución de la apelación del fiscal federal 1, Ricardo Toranzos, con relación a la declaración de incompetencia parcial del juez Bavio. En su resolución, pasó la investigación de la defraudación al Estado al Ministerio Público de la Provincia, que debería empezar una investigación.

Por otra parte, el abogado de Huergo, Sebastián Espeche, remarcó: "Todos los involucrados se están presentado a declarar espontáneamente. Nadie lo hace por escrito ni se niega, así que lo que buscamos es esclarecer los hechos de todo lo que está pasando y que salga la verdad".

En tanto, el letrado Federico Frías, quien representa a Romero, señaló: "Todas las audiencias fueron largas por eso algunas se postergaron . Esta es una causa muy compleja por la voluminosidad de la prueba".

Pericias contables

El abogado de Rubén Romero, Federico Frías, dijo: “Llevará un tiempo importante resolver la causa porque se harán pericias contables. No esta determinado el monto de la supuesta evasión por AFIP, o sea que la imputación, el objeto procesal también está poco claro”.

En tanto, el abogado de Arturo Mimessi, Raymundo Sosa, dijo: “Sobre Huergo yo creo que es un exceso el que permanezca detenido porque en todo momento estuvo a derecho. Se presentó todas las veces”. 

“Lo que pude ver es que la decisión de ordenar una detención fue a pedido del fiscal porque entiende que tiene posibilidades de entorpecer la investigación y obstaculizar la prueba”, dijo Frías. 

Una investigación que debe avanzar más allá

A la espera de una resolución, solo citaron a personas por la evasión y no por la defraudación.

Por Pablo Juárez

La hipótesis de la Fiscalía y de la AFIP es que hay una asociación ilícita, que no solo emitió facturaciones truchas a través de empresas contratistas del Estado para evadir impuestos, sino que también hubo maniobras para “ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos” y otros beneficiados. 

La resolución del juez federal Julio Bavio, que se dio a conocer públicamente el lunes, debería obligar a funcionarios a dar explicaciones sobre las licitaciones (en algunas ya se percibe el abuso de la contratación directa sin motivos sólidos) tanto en la Municipalidad como en Aguas del Norte. Las conexiones que hicieron los peritos y el fiscal Ricardo Toranzos evidencian, por lo menos, fallas en los sistemas de control en la administración pública. 

Si la causa se divide en base a la declaración de incompetencia parcial que dictaminó Bavio, la Justicia local deberá analizar los elementos que el organismo recaudador nacional y la Fiscalía reunieron para argumentar que hubo mucho más que fraude al Estado. Sobrevuelan los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho (coimas) y violación de los deberes de funcionario público.

Hasta ahora la causa avanza en la supuesta violación a la ley tributaria, por eso es que solo fueron citados a declarar personas que aparecen vinculadas a Matías Huergo en la conformación o asesoría contable y jurídica de las empresas Secsa, Arcadio y otras más. 

“Vale destacar que conforme el rumbo de la pesquisa que proponen los denunciantes, en este último caso las facturas apócrifas habrían mutado de su matriz fiscal para transformase en una maniobra tendiente a la obtención indebida de dinero público”, es uno de los párrafos que más llamó la atención de la resolución de Bavio. 

Cuando se realizaron los allanamientos y los requerimientos de información a la Municipalidad de Salta, Aguas del Norte y a Obras Públicas de la Provincia en enero y abril, lo más fuerte que circulaba es una causa de evasión o lavado de dinero. 

“El mecanismo investigado, en este supuesto puntual se despojaría de su connotación tributaria para convertirse lisa y llanamente en el medio ideado para disimular la extracción indebida de fondos del Estado”, señala la resolución. 

¿Todos los elementos en base a escuchas y pericias están reflejadas en las 39 páginas de la resolución de Bavio? Al parecer hay mucho más, ya que la investigación lleva más de un año. 

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