En la calle. Así viven Anabel Paola Griselda Gerez y sus cinco hijos: Johana de 17 años, Luciano de 15, Ariel de 13, Samira de 6 y Luz Milagros de 2. Fueron desalojados del terreno que ocupaban en el barrio San Calixto, colindante a Parque La Vega. La familia permanece sobre una vereda, prácticamente a la intemperie, pese al frío, en una precaria casilla hecha con algunos bloques, maderas, chapas y plásticos. Una cartulina blanca con la frase: “¿Dónde están los derechos de los niños?” resalta sobre las lonas negras.
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En la calle. Así viven Anabel Paola Griselda Gerez y sus cinco hijos: Johana de 17 años, Luciano de 15, Ariel de 13, Samira de 6 y Luz Milagros de 2. Fueron desalojados del terreno que ocupaban en el barrio San Calixto, colindante a Parque La Vega. La familia permanece sobre una vereda, prácticamente a la intemperie, pese al frío, en una precaria casilla hecha con algunos bloques, maderas, chapas y plásticos. Una cartulina blanca con la frase: “¿Dónde están los derechos de los niños?” resalta sobre las lonas negras.
La mujer cuenta que hace 10 meses vivían en Cerrillos, en el barrio 2 de Abril. “Yo alquilaba una piecita pero como se me fue a 9.000 pesos la cuota, ya no la podía pagar. Trabajaba como empleada doméstica y recibo la asignación universal por hijo pero como todo aumentó, la plata ya no me alcanzaba. Por eso decidí ingresar al terreno. No quería llegar a este punto en el que estoy ahora, en la calle”, se lamentó Anabel, de 36 años.
“Las veces que veníamos a visitar a allegados y amigos que viven aquí veíamos el terreno vacío. Estuvo así durante dos años y medio. Se notaba que su dueña no lo necesitaba porque hizo una pieza y no volvió”, sostuvo.
Mediante un préstamo, “Argenta”, de Anses, de un monto de 20.000 pesos, Gerez compró materiales para construir una pieza en el terreno, situado en la manzana 9, lote 1. “La asignación es de 5.000 pesos por mis cinco hijos y como saqué el préstamo para comprar los bloques y las chapas para la piecita que usábamos como cocina, ahora estoy en deuda”, recalcó.
“Estos terrenos eran fiscales. Los entregó en su momento Tierra y Hábitat supuestamente a personas carentes de recursos, sin ingresos, porque los pudientes con ingresos pueden ir al IPV. La señora dueña del terreno es guardiacárcel, figura con domicilio en otro barrio y su esposo es chofer de colectivo”, manifestó.
La mujer inició un expediente en Tierra y Hábitat hace nueve años. “Yo renovaba los papeles con la esperanza de que, como no podía acceder al IPV por el monto de dinero que me pedían, me escuchen. Siempre me presenté. No es que me quedé de brazos cruzados. Iba a las oficinas. Yo no estoy esperando que me caiga todo de arriba. Ahora Tierra y Hábitat no existe”, dijo la mujer.
Un día la propietaria del lote se presentó en el lugar. “La señora habló conmigo y me dijo que iba a hacer la denuncia porque el terreno es de ella. La hizo y todo siguió por vía judicial, hasta que el juez de Garantías 5, Héctor Martínez, ordenó nuestro desalojo. Los titulares de este terreno podían acceder a una casa del IPV, a la cual yo nunca accedí por el monto grande de plata que piden y al que no alcanzaba”, expresó con tristeza.
El desalojo
Hace nueve días, policías irrumpieron por la mañana en el lugar donde vivía Anabel y sus hijos para concretar el desalojo.
“La Policía me sacó todo afuera. Me quitaron la garrafa. Pretendían que mis hijos, que estaban durmiendo, salgan descalzos en medio del frío.Yo, desesperada, les dije que mis hijos no iban a salir así, que primero tenían que abrigarse y ponerse las zapatillas”, relató con gran pesar.
Contó que subsisten gracias a la solidaridad de allegados y vecinos que les proporcionan un brasero, el baño y agua caliente. Por las noches, los niños se distribuyen para dormir en diferentes casas del barrio por el frío.
Insuficiente
Manifestó que acudió a la Cooperadora Asistencial por ayuda. “Fui porque la jueza Ada Zunino, que en su momento estuvo reemplazando al juez Martínez que ordenó el desalojo, me dijo que yo tenía que plantarme en la Cooperadora y exigir una solución, pero lo que me ofrecen es 3.000 pesos para un alquiler y no me alcanza”, dijo Gerez.
También contó que “desde Desarrollo Social de la Provincia me ofrecen 5.000 pesos pero tampoco alcanza. Yo averigüé para alquilar y la mayoría me descarta porque tengo cinco niños. Otros me piden 9.000 pesos de depósito y otros tantos por la cuota, es decir que necesitaría 18.000 pesos. No fui a retirar el dinero que me ofrecen los organismos porque es por dos meses nada más ”.
Agregó que también le ofrecieron trasladarla a un albergue pero que rechazó la posibilidad. “Se los agradezco un montón de corazón, pero necesitamos un techo fijo. No puedo ir de un lado a otro con mis chicos. Ellos tienen que ir a sus escuelas. La solución es que el IPV me dé un terreno, un lugar estable para estar con mis hijos”, indicó.
Y señaló que el trámite en el IPV está demorado porque necesita un documento que homologue la tenencia de los chicos. “Como estoy sola a cargo de ellos, me piden eso para los requisitos. La estoy haciendo. Me queda esperar”, finalizó la mujer.
La respuesta oficial
Desde el IPV, mediante un comunicado, informaron que, en marzo, Anabel Gerez “se entrevistó con el área legal, donde fue asesorada sobre el trámite de inscripción. A esa fecha le faltaba el cuidado personal de los hijos menores, requisito excluyente”.
En otra parte del escrito se indica que “a mediados de este mes fue la última reunión mantenida con la señora, explicándole una vez más que necesita cumplimentar los requisitos para inscribirla y poder ayudarla”.
Con respecto a cómo proseguiría el trámite una vez obtenida la homologación, desde el IPV contestaron que “la señora completa y hace la inscripción como todas las familias. Como aduce tener expediente en Tierra y Hábitat, de presentar ese comprobante se le reconocería la antigüedad. Y, por su situación, estaría con prioridad”.
En tanto, desde la Cooperadora Asistencial confirmaron que le ofrecieron a la mujer 3.000 pesos para afrontar su situación.
En tanto, fuentes de Desarrollo Social de la Provincia indicaron que “en principio, sobre lo que aportaba la Cooperadora, que pensábamos que sería entre $4.000 y $5.000, se le iban a dar $5.000 más, con la condición de que ella buscara el lugar para alquilar. Ahora que nos enteramos que la Cooperadora Asistencial solo le da $3.000, la ministra decidió entregarle $7.000 mensuales hasta diciembre para el alquiler. Desde el primer día tiene nuestro acompañamiento. Tratamos de buscarle la mejor solución pero obviamente desde este Ministerio no podemos solucionar el tema vivienda”.