Apelaron la causa Huergo y otro empleado se desentendió

Una jornada movida se vivió ayer en el Juzgado Federal con relación a la causa por facturas apócrifas que tiene al empresario Matías Huergo como principal sospechoso y detenido, sindicado como el líder de una asociación ilícita tributaria.

Declaró un "empleado", quien habría sido responsable de la administración de la empresa Arcadio SA. Además, se conoció que la Fiscalía de Cámara apeló para que no se desdoble la causa.

Desde las 10 prestó declaración el hombre en cuestión, identificado como Juan Llanos. En el expediente, Llanos figura en una de las escuchas que realizó la PSA.

"Los investigadores refieren que Matías Huergo, el día 6 de marzo de 2018, se comunicó con el empleado de Arcadio, Juan Llanos, diciéndole que lo iba a llamar a "Pablo Gauffin' y que él nos va a hacer una factura igual a la que vos hiciste ayer a Dal Borgo para que no tengamos que pagar IVA", consta en la investigación.

Ayer, con su declaración, en el Juzgado Federal 1, Llanos intentó despegarse del caso.

Sostuvo: "Era un empleado que hacía lo que me instruían y no tenía ningún grado de decisión". Recalcó que realizaba tareas administrativas.

La declaración de Llanos coincide en un punto con las de otros implicados en la causa: Rubén Gerardo Romero (74) y Jorge Luis Bonifacio (32).

Romero, quien figura en al menos dos empresas como socio de Huergo, habría expresado ante el juez Bavio, el 15 de mayo pasado, que solamente formó parte del directorio y las sociedades a pedido de Huergo porque él le dijo que iba a ser una cuestión momentánea y que después lo iba a sacar.

Sostuvo que era un empleado, un cadete que hacía trámites de papeles.

En tanto, Bonifacio, quien figura como integrante, en segundo lugar, de la empresa Arcadio Obras Eléctricas SRL, con un discurso similar, manifestó el 29 de mayo pasado en su declaración que es albañil y que Huergo supuestamente le pidió que firmara la integración de la sociedad Arcadio para que él no pagara impuestos.

A cambio, le dio un trabajo que consistía en realizar tareas de mantenimiento del jardín.

La Justicia sigue investigando si la forma de presentarse de los involucrados sería una estrategia diseñada.

Apelación

Por otra parte, se conoció que recientemente el fiscal de Cámara, Eduardo Villalba, apeló ante la Cámara Nacional de Casación Penal para que no se desdoble la causa. Se supo que utilizó como argumento fundamental "la inescindibilidad del hecho", es decir, que no se puede separar ni dividir.

Además, en el documento de apelación se señala: "Nos encontramos ante un grupo delictivo integrado por personas físicas y jurídicas que tenían como fin defraudar a la AFIP mediante: a) La simulación de pagos de impuestos, b) Una usina y comercialización de facturas apócrifas, es decir, simular una operación comercial que luego culminaba con la cancelación de deudas impositivas del vendedor mediante la compensación generada con saldos a favor de libre disponibilidad, c) El uso de facturas apócrifas para cobrar fondos del estado y d) El cobro de "honorarios' por otorgar contrataciones".

La Fiscalía señala que "no hay manera de quedarse con el dinero del erario público sino se factura y sostiene que la facturación puesta al descubierto tenía una doble finalidad: evadir impuestos y la apropiación del erario público".

También se indica que durante la investigación de la AFIP salieron a la luz, usinas de facturas apócrifas que emitieron comprobantes falsos por un monto desconocido hasta el momento, por ejemplo, Arcadio por un monto aproximado de $41.391.491 solo por 2016 y 2017, destinados a abultar gastos y disminuir impuesto a pagar en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y generar créditos fiscales inexistentes en el IVA.

"Esas facturas fueron libradas por las empresas investigadas, en diferentes procesos de contratación pública, a la Provincia y a la Municipalidad, llegando inclusive a acreditarse la falta de capacidad económica de Secsa para haber prestado los servicios facturados y cobrados a la comuna, pues tenía registrado un solo empleado", consta en el documento.

Además, "se detectó un grupo de empresas vinculadas a las personas involucradas en las escuchas, que facturaron montos significativos a la Municipalidad, cuya característica principal es que lo hacían desde IP coincidentes, incluso desde IPs a nombre de la comuna", continúa.

"Ello demuestra, la íntima vinculación entre los ilícitos fiscales y los hechos de corrupción, toda vez que para acreditar la maniobra vinculada a la emisión de las facturas apócrifas, este Ministerio Público Fiscal tiene que probar que las operaciones que en ellas se declaran no existieron o al menos no en ese alcance, extremos que se encuentran en los expedientes de contratación de las obras públicas en las que las empresas se presentaron", concluye el escrito.

“Obtener dinero con voracidad sin precedentes”

En su apelación, así describe el fiscal a la organización.

En el documento de apelación, el fiscal también sostiene: “El tribunal no valoró que nos encontramos ante una pluralidad delictiva cometida por una única organización que tuvo como finalidad poder defraudar a la AFIP, por lo que la declinatoria de competencia parcial se evidencia cuanto menos temprana hasta tanto no se clarifique los extremos del suceso objeto del proceso”. 

Y añade: “La comunidad de pruebas existente entre la maniobra defraudatoria al fisco nacional como así también a las arcas provincial y municipal no permiten descartar en esta etapa investigativa la existencia de un plan delictivo común, cuyo fin era obtener dinero con una voracidad sin demasiados precedentes”.

Además, se argumenta que los fondos con los que se habrían realizado obras que figuran en la causa serían nacionales. En este sentido, se cita el caso de una obra de galpones en Santa Victoria Este y se anexan escuchas telefónicas de Huergo con tres personas.

En tanto, otra obra, en la ruta nacional 68, de refuncionalización de red de iluminación por un monto de 2.117.000,96 pesos adjudicada a la empresa Arcadio fue realizada con fondos nacionales, conforme surge del Boletín Oficial de la Provincia. También se citan otras contrataciones. Finalmente, se plantea que “por todo lo expuesto, debe revocarse la resolución recurrida, pues de consolidarse la decisión adoptada sin lugar a dudas pone en jaque el principio acusatorio por privar a este Ministerio Público Fiscal de reunir los elementos que sustentan la imputación o bien dificultar su obtención, viéndose afectado como consecuencia de todo ello, el principio de eficacia y una mejor administración de justicia”. 

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